Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local aprobó la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Ley General contra el Feminicidio.
Con ello, Guanajuato se suma a los Congresos de Tabasco, Michoacán, Estado de México y Oaxaca, que también la aprobaron.
Apenas el martes 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma para facultar al Congreso de la Unión a emitir una Ley General contra el Feminicidio para prevenir, investigar y sancionar este delito, con la cual se podrá establecer un protocolo y sanciones únicas para todo el país.
Se requiere la aprobación de al menos 17 congresos estatales para que esta reforma avance.
Se plantea reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso A, de la Constitución, para establecer como mínimo los tipos penales y sus inscripciones en las materias de feminicidio, secuestro y desaparición forzada de personas, entre otros delitos.
El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en materia de feminicidio dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. En tanto, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de feminicidio seguirán vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley General contra el Feminicidio que emita el Congreso de la Unión.
Respuesta firme
Al hablar a favor de la obvia resolución de la propuesta, la diputada Martha Edith Moreno Valencia, de Morena, manifestó su respaldo a la minuta por considerarla una respuesta firme a la deuda histórica frente a la violencia feminicida.
También señaló que busca responder a la disparidad en la procuración de justicia en Guanajuato, al señalar que, mientras a nivel nacional el 13 % de los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio, en la entidad la cifra desciende al 4 % por la falta de mecanismos uniformes y criterios locales.
La legisladora Miriam Reyes Carmona, también de Morena, expresó que estaba a favor porque, cuando el Estado legisla para proteger la vida de las mujeres, no está concediendo privilegios, sino cumpliendo una obligación elemental de justicia.
Medida urgente
La diputada Susana Bermúdez Cano, del PAN, calificó la minuta como una medida urgente frente a la violencia sistemática y estructural que enfrentan las mujeres, y resaltó que el feminicidio es la culminación de desigualdades históricas y relaciones de poder.
Destacó que, aunque el delito está tipificado bajo diversas circunstancias, persiste con altos niveles de impunidad, lo que ha generado una fuerte preocupación social.
Asimismo, subrayó que mecanismos como la alerta de violencia de género se implementan para atender contextos críticos; sin embargo, entre 2015 y 2027 se han declarado 27 alertas en el país, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer su aplicación.
También se refirió al debilitamiento institucional tras la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y a la actual falta de titular en la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, por lo que pidió a la presidenta Sheinbaum asumir su responsabilidad y atender las secuelas sociales del delito, especialmente el estado de orfandad y abandono en el que quedan niñas, niños y adolescentes tras estos crímenes.
Esta situación evidencia una crisis estructural que requiere acciones coordinadas y efectivas para proteger los derechos de las mujeres”, dijo.
Por su parte, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del PAN, señaló que el feminicidio es resultado de desigualdades estructurales y de una cadena de violencias que deben atenderse desde la prevención, mediante políticas públicas integrales que fortalezcan la seguridad, la salud mental y el entorno social.
Añadió que la falta de criterios homogéneos entre entidades ha generado respuestas desiguales, por lo que resulta fundamental avanzar en la homologación del marco jurídico y en la coordinación institucional para mejorar la capacidad de atención, investigación y sanción de este delito.
Reforma indispensable
María Eugenia García Oliveros, de Morena, apuntó que la reforma es indispensable para atender uno de los fenómenos más delicados del país.
Dijo que actualmente cada estado cuenta con su propia tipificación, y esa situación entorpecía el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio, así como para sus familias.
Maribel Aguilar González, de Morena, mencionó que la modificación no es un mero trámite, sino una definición institucional que permitirá establecer estándares claros en prevención, investigación y atención integral a las familias.
Vinculó este esfuerzo con las declaratorias de Alerta de Violencia de Género vigentes en diversos municipios de Guanajuato, que dejan ver la necesidad de contar con herramientas jurídicas sólidas que den certeza y continuidad a la actuación del Estado.
Van por 70 años de cárcel
Hace una semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se analiza la posibilidad de que la Ley General contra el Feminicidio sea retroactiva.
La Mandataria dijo que la Ley General contra el Feminicidio establece que la muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada de origen como feminicidio.
Si en el transcurso de la investigación resulta que no es feminicidio, que fue un homicidio por otras razones o un suicidio, después se cambia la carpeta, pero de origen tiene que ser investigado por feminicidio”, expuso.
Sheinbaum aseguró que con esta ley se busca cero impunidad y añadió que ha bajado el número de feminicidios.
¿Qué plantea la iniciativa?
La iniciativa de Sheinbaum busca crear una Ley General contra el Feminicidio que unifique criterios legales, establezca penas de 40 a 70 años, investigue toda muerte violenta de mujeres como feminicidio y garantice reparación integral a víctimas y huérfanos.
Además, la tentativa también será sancionada con prisión, con castigos que irán de la mitad hasta dos terceras partes de la pena correspondiente.
El proyecto contempla 21 agravantes, entre ellas:
- Que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor.
- Que tenga alguna discapacidad.
- Que pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes.
- Que el crimen ocurra frente a sus hijas o hijos.
AVG
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