De cómo defenderse de un gobierno arbitrario
Ahora, en pleno siglo XXI, quién lo hubiese creído, nos encontramos ante el intento más feroz de destrucción del principal recurso con que contamos los ciudadanos para defendernos de gobiernos arbitrarios.
Hay épocas de la vida en que esta comienza a llenarse de remembranzas. Quizás por ello, recuerdo con claridad uno de mis primeros contactos con el juicio de amparo. Fue una conferencia del más famoso tratadista del tema en aquel tiempo: Don Ignacio Burgoa Orihuela. Invitado por la Universidad de Guanajuato, en el salón del Consejo Universitario, Burgoa ofreció una brillante disertación sobre garantías constitucionales y el juicio de amparo, que se inventó en México en la primera parte del siglo XIX.
Empezó con una retórica impecable, hablándonos de la Hispania medieval (España aún no existía) y su relato de cuando en el siglo XIII, el Justicia Mayor del reino, tanto en Castilla como en Aragón, otorgaba protección a los súbditos en contra de sus gobernantes, basándose en la “Ley de las Siete Partidas” librada por el rey Alfonso X el Sabio, quien pontificaba: “Contra derecho natural (derechos humanos), non debe valer privillejo, nin carta de Emperador, rey nin otro señor. E si la diere non debe valer”. A partir de ahí, Don Ignacio fue hilando una gran ponencia para que los alumnos entendiéramos a cabalidad la trascendencia del Amparo.
Muchos años después, durante mi periodo como funcionario público federal, tuve la oportunidad de conocer a dos especialistas en el juicio constitucional muy connotados: José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar. Ambos, coordinados por el entonces presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, que venían construyendo una nueva Ley de Amparo, que incorporara la protección universal (erga omnes, se dice en el lenguaje jurídico) en diversos casos, como la inconstitucionalidad de las leyes que pudiera intentar expedir, indebidamente, el Poder Legislativo. Su propuesta era convincente y avanzó para darle mayor protección a los mexicanos, ante los constantes abusos de poder de funcionarios autoritarios, olvidadizos de ceñirse a la Constitución. Su postura era progresista y correcta.
Ahora, en pleno siglo XXI, quién lo hubiese creído, nos encontramos ante el intento más feroz de destrucción del principal recurso con que contamos los ciudadanos para defendernos de gobiernos arbitrarios. El juicio de amparo requiere de una estructura de oficiales judiciales, jueces, magistrados federales y fiscales bien capacitados y comprometidos con una sola causa: la aplicación estricta de la ley, para evitar el abuso y atropello de los derechos de cada ciudadano, precisamente de aquellos “derechos naturales” a los que aludía el sapiente rey Alfonso X.
Parece inusitado ser testigos de cómo desde el Congreso y el Ejecutivo federales se desbasta todo el mecanismo de protección, construido desde 1841 en la Constitución de Yucatán por Manuel Crescencio Rejón y posteriormente por el brillante constituyente Mariano Otero, que lo incrustó en la Carta Magna de 1857. Estamos hablando del grupo de los liberales que acompañaron a Benito Juárez en sus aspiraciones por modernizar las estructuras jurídicas de la nación, mediante reformas profundas y que considerábamos definitivas.
El actual gobierno central continúa la demolición de las posiciones progresistas en materia de derechos humanos y de los mecanismos para protegerlos y defenderlos. Esto se debe a su grosera apuesta por implantar un autoritarismo bananero.
Pero lo que más desconcierta es la postura de un gobierno de oposición como el panista de Guanajuato, que con descaro pretende incumplir las suspensiones en materia de amparo que emiten los jueces, como en el caso del FIDESSEG. La gobernadora informa que pagará la multa impuesta por el juez, y lo mismo harán los diputados incumplidos, olvidando que su conducta irresponsable no termina allí, sino que puede tornarse en delito que merece pena corporal y destitución del cargo. Ni en las peores épocas del PRI se veía esto.
Y para rematar, vemos a gobiernos municipales, como el de Guanajuato Capital, que pretenden imitar el mal ejemplo de las autoridades estatales, intentando mandar al diablo al juicio de amparo y a sus instituciones, al no acatar suspensiones en contra de la escrituración ilegal de lotes. El costo social de actuar arbitraria y autoritariamente desemboca en la violencia. Por eso se crearon las instituciones judiciales, y desde épocas remotas de la historia se obliga a los gobiernos a sujetarse a las leyes y a cumplir las resoluciones de jueces y magistrados. Así nuestros gobernantes se están convirtiendo en un peligro para los propios ciudadanos y sus derechos. Ni modo, empezamos mal el año.
Opinión en tu buzón
Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo
