Romper con empresarios

Apuestas para el 2027

El distanciamiento entre el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya y el gobierno de Juan Miguel Ramírez Sánchez abre la puerta al arranque de la contienda electoral y las intenciones de Morena de permanecer en el poder.

La llegada de Jorge Gámez Campos a la presidencia del CCE lo perfila como el gran aspirante para ser el candidato del PAN a la presidencia municipal en 2027 y esto ha significado que el gobierno morenista se tope con un contrapeso que no tenía en los primeros meses de la administración.

Juan Miguel Ramírez Sánchez había tenido una luna de miel con el sector empresarial desde la transición e incluso una estrecha relación con el expresidente de la Asociación del Empresario Celayense (AEC), Ismael Pérez Ordaz.

Sin embargo, la relación se fue enfriando y los empresarios comenzaron a tomar distancia del alcalde celayense e incluso no participó en una reunión privada convocada por los empresarios con la gobernadora, Libia Dennise García a finales de julio.

Jorge Gámez también ha aprovechado para resaltar el incremento de delitos patrimoniales durante la actual administración, mientras que Juan Miguel Ramírez ha reiterado que los índices delictivos no se han incrementado sino que ahora hay más confianza en denunciar.

Distanciamiento evidente

El Presidente municipal también decidió alejarse de los empresarios y tampoco acudió al lanzamiento del Hub de Innovación, Ciencia y Tecnología para consolidar el Polo del Bienestar de Celaya que busca conjuntar esfuerzos entre la academia, la industria y diferentes niveles de gobierno y que varios alcaldes de la región firmaron el convenio.

Dicho organismo también promovió el Congreso Ferroviario que se realizó este fin de semana y al cual el Alcalde tampoco asistió después de que surgió la versión de que el CCE había pedido la intervención del Gobierno federal para modificar el proyecto del tren de pasajeros, situación que fue desmentida por Jorge Gámez pero que sí señaló que el proyecto no ha sido socializado.

Una de las grandes preocupaciones con el proyecto del tren de pasajeros es que las vías deberán tener una malla de seguridad permanente lo que podría ocasionar que la ciudad quede dividida por lo que el gobierno celayense pugnó porque el tren pasara vía aérea y subterránea a través de un falso túnel.

Sin embargo, todavía quedará un buen tramo de la zona oriente de la ciudad donde los cruces a nivel quedarán bloqueados, pese a las intenciones de hacer puentes a desnivel, el Colegio de Arquitectos, organismo integrante del CCE, propuso alternativas al proyecto.

A pesar de ser emanada del Colegio de Arquitectos, la directora del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE), Alejandra Ojeda Sampson, desestimó la propuesta acusándolos de presentar sus propuestas a destiempo.

Entre dimes y diretes, el futuro de Celaya está en juego y la suerte está echada con miras a las elecciones del 2027.

Reforma electoral: propuestas en Guanajuato

El 31 de octubre, en el Auditorio Mateo Herrera del Forum Cultural de León se llevó a cabo la Audiencia Pública sobre la reforma electoral que organizó la Comisión para la Reforma Electoral en todos los estados. Y en esta ocasión tocó a Guanajuato.

Hubo 17 ponentes, algunos miembros de instituciones electorales, otros de partidos políticos y ciudadanos sin partido pero preocupados y con propuestas.

El ciudadano Arturo Zárate Velázquez, quien dijo que ha participado en procesos electorales, recordó que la elección del Poder Judicial Federal del 1 de junio pasado pudo llevarse a cabo en gran parte gracias al personal del INE, al cual calificó como un gran activo.

Alfredo Sainez Araiza, empleado del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, planteó una reflexión interesante: “¿A quién representan los diputados: a los partidos o al pueblo?

“Entonces ¿Por qué muchas veces se pretende superponer los partidos sobre el pueblo?, lo inferior a lo superior, los mandados a los mandantes?”.

La leonesa Rosa Elba Pérez se presentó como una persona con experiencia en cinco campañas electorales, una de las cuales ganó como diputada federal.

Planteó que haya registro electrónico para los ciudadanos independientes. Sobre las campañas, consideró que no debe haber financiamiento público para ningún partido político, solo pequeños donativos y aceptar grandes donadores siempre y cuándo sean claros los recursos.

Disminuir requisitos

Enrique Camarena, quien hace años fue asesor de los diputados locales del PAN y posteriormente fue empleado de Gobierno del Estado, expresó: “Urge romper la muralla partidista. En los últimos 25 años, cientos de organizaciones de todos colores y sabores han intentado convertirse en partidos; solo una docena lo consiguió y solo un partido creado en los últimos 25 años permanece.

Señaló que quienes logran llegar a la boleta, están condenados desde su arranque pues tienen menos de un año para conseguir candidatos, levantar estructuras territoriales, y lograr millón y medio de votos, equivalente al 3 % de la votación válida normal.

Esto, en contraste con los partidos tradicionales que les llevan una ventaja monumental en tiempo, recursos, redes y experiencia. El resultado, dijo, es una sociedad muy diversa en sus opiniones, obligada a escoger entre una variedad muy pequeña de opciones.

Propuso reducir los requisitos para constituir nuevos partidos políticos y disminuir a 1.5 % o 1 % de la votación válida el umbral para los nuevos partidos en sus primeras elecciones, de tal manera que tengan margen para poderse consolidar.

Y acompañar esta figura con los gobiernos de coalición, como ya ocurre en otros países de hispanoamérica.

Camarena se pronunció en contra del voto electrónico pues afirmó que esto implica dos grandes riesgos ya que aumenta la desconfianza y debilita la legitimidad social de las elecciones.

Incumplimientos inmobiliarios, vieja deuda en León

Esta semana el tema de las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios en León sobre equipamiento urbano y conectividad regresó, como cada tanto, a las comisiones del Ayuntamiento.

Fue Norma López Zúñiga, regidora del PVEM, quien solicitó -por décima vez, dijo- un informe para conocer cómo iba la vigilancia de dichas obligaciones.

En 2022, Alejandra Gutiérrez Campos, recién asumió el cargo de presidenta municipal, informó que eran 15 fraccionamientos los que tenían deudas de infraestructura pública, a los que aseguró, se les buscaría para que pagaran por la vía legal “hasta las últimas consecuencias”. En 2024 ya eran 20 empresas constructoras incumpliendo la normativa urbanística. ¿Cuántas han cumplido, cuántas más se sumaron? Eso es justo lo que Norma López ha preguntado.

Esto ocurrió durante la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial, IMPLAN y Obra Pública, donde el director de Desarrollo Urbano, Hugo Salvador García Guzmán, brindó un informe de actividades del tercer trimestre, limitado a presentar cifras.

La regidora del Verde pidió ir más allá y entregar la información que ha solicitado varias veces, además de hacer notar que tampoco se han convocado a mesas de trabajo para este mismo tema. A la fecha no le han respondido.

“No se puede negar el que conozcamos la situación actual, insisto, de las obligaciones pendientes de cumplir que se vienen arrastrando, incluso, desde hace muchos años y que lo hemos dicho fuerte y quedito. Pareciera que hay una protección incluso a estos empresarios desarrolladores porque, lejos de que se les exija que cumplan con obligaciones pendientes, se les siguen dando permisos para otros fraccionamientos”, afirmó.

Al menos

El 3 de octubre de 2022, la Alcaldesa reconoció que algunas empresas inclumplidas ya habían desaparecido o se habían extinguido, pero que quedaban los socios (personas físicas) que debían asumir la responsabilidad de concluir la construcción de vialidades, puentes, pasos a desnivel, señalizaciones, instalación de drenaje entre otro adeudos.

Alejandra Gutiérrez argumentó entonces que esos adeudos venían de tres administraciones atrás, cuando se otorgaban permisos para desarrollar sin concretar el cumplimiento de las obligaciones del fraccionador, pero que “ahora sí” se actuaría, primero haciendo requisición “amigables” para luego pasar a las legales.

En febrero de 2024 se conoció en sesión de Ayuntamiento que había cinco litigios en contra de empresas inmobiliarias que no habían cumplido con las obligaciones que adquieren por la construcción de sus desarrollos, aunque ya eran 20 las compañías emproblemadas, una de ellas, Brisas del Campestre, poseía 25 secciones pero solo tres habían sido municipalizadas.

El presidente de la Comisión, regidor Hildeberto Moreno Faba (PAN), comentó que en una mesa de trabajo anterior no se pudo abordar el tema por cuestiones de tiempo “no se pudo”.

Pero respaldó la petición de su compañera del Verde, solicitando al Director de Desarrollo Urbano, Hugo García, enviar la información requerida.

Presión por auditoría en Silao. Terreno para la Feria

Donde comenzó a hervir una olla de presión es en la alcaldía de Silao, en el despacho de la alcaldesa Melanie Murillo, diputados locales de Morena y PVEM solicitaron al Municipio el informe de la Feria de Silao, y aclarar el sobrecosto del terreno.

En la pasada sesión del Congreso Local, la mayoría panista desechó una propuesta de obvia resolución, para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a practicar una auditoría, no obstante, la propuesta pasó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, para su estudio y dictamen, que preside el panista Víctor Manuel Zanella Huerta.

La legisladora del PVEM, Luz Itzel Mendo González, su compañero de bancada Sergio Contreras Guerrero y el morenista Ernesto Millán Soberanes presentaron el punto de acuerdo para instruir a la ASEG a incluir en el Programa General de Fiscalización 2026, la práctica de una auditoría específica e integral al proceso de planeación, autorización, licitación, adjudicación y compraventa del terreno adquirido por el Ayuntamiento de Silao, para la instalación de la Feria de Santiago Apóstol, durante el ejercicio fiscal 2025.

Para Sergio Contreras, la propuesta es no solo necesaria sino urgente, ya que, si bien su compra fue con una buena intención, consideró que el proceso con el que se adquirió deja mucho que pensar.

Lo raro comenzó con el instrumento notarial de la compraventa, donde no consta que dicho destino sea exclusivo para el uso de la feria, lo que contraviene la decisión tomada por el Ayuntamiento y da pie a que pueda ser utilizado para cualquier otro fin.

También que se adeudaba predial por más de 100 mil pesos, acto contrario a derecho, y se asentó que el inmueble se entregaba libre de gravamen y responsabilidad, al corriente en el pago del Impuestos.

En un avalúo mandado a hacer por el PVEM, se encontró que el valor comercial del predio es de 41 millones de pesos, la mitad del precio al que se compró el terreno, además de que tiene afectaciones por una falla geológica.

El legislador Ernesto Millán Soberanes aseguró que ese proceso se describe como corrupción y desvío de dinero, porque el avalúo que se usó para la compra del terreno era del mismo día de la adquisición. Agregó que hoy hay muchas preguntas sin resolver.

Regidores de Morena en Silao solicitaron un avalúo al arquitecto Roberto Salazar García quien determinó que el valor del predio era de 41 millones 780 mil 886 pesos.

La compra del terreno se realizó en un costo diferido a 3 años, con un primer pago de 30 millones de pesos, otro de 30 millones el próximo año, y un último de 20 millones en 2027.