Comunicación, gasto en la mira opositora
Ahora que junto con el inicio del año comienza la aplicación de los presupuestos de egresos de las instituciones públicas, salió a relucir un dato interesante y llamativo en las planeaciones de la Presidencia Municipal de León en este 2026.
Resulta que en este municipio el presupuesto para la oficina de Comunicación Social, que dirige Enrique Avilés, es de 177 millones 892 mil 409 pesos para este año, de acuerdo con los anexos del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento el 16 de diciembre.
Pero lo que generó el debate es que esa cantidad es muy superior al presupuesto de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que maneja Miguel Ángel Mendiola, y que tiene 125 millones 258 mil 713 pesos. Aunque ya sabemos que al final del año terminan ejerciendo mucho, pero mucho más.
Guanajuato fue la entidad del País que más gastó en comunicación social y publicidad oficial durante el 2024, al desembolsar 756.5 millones de pesos para este fin, de acuerdo a un informe de las organizaciones ARTICLE 19 y Política Colectiva. Esto cuando el presupuesto estatal inicial de ese año era solo de 172 millones.
Sea como sea Comunicación Social de la Presidencia Municipal de León dispondrá de arranque nada más y nada menos que de ¡52 millones 633 mil 696 pesos más que la oficina homóloga del Gobierno del Estado!
Este hallazgo lo hizo la regidora Dessire Ángel Rocha, integrante de la Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento, al ponerse a analizar con lupa el presupuesto municipal leonés para este 2026.
La primera pregunta que surge es: ¿para qué quieren ese monto? Seguramente Avilés o la tesorera Graciela Rodríguez o la propia presidenta municipal Alejandra Gutiérrez responderán que la mayoría de ese dinero servirá para contratar campañas de difusión y promoción de los eventos por el 450 aniversario de la fundación de la ciudad, aunque todavía no se hayan dado a conocer ninguno de ellos ni mucho menos su programación.
“O sea sí está muy cañón. El año pasado sí nos desglosaban cuánto se gastaban en sus redes sociales, fueron 25 millones en redes, de un total de 165 millones. Ahora no nos entregaron ese desglose”, afirmó la regidora Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento, en entrevista con AM.
Como un dato adicional refirió que en 2022, Manuel Mora, entonces Director de Comunicación Social de la Presidencia Municipal de León, manejaba 100 millones, con la misma Alejandra Gutiérrez, en su primer mandato.
“Es un exceso. Es un gasto desorbitado, no es útil como tal para la ciudadanía, hay otros servicios que necesitamos mejorar, como a qué hora pasa el camión de la basura para sacarla, no estamos comunicando bien. Podría destinarse a Médico en tu Casa”, señaló la regidora “naranja”.
Mucho más que para atender a mujeres
O podría aumentar ese dinero a las mujeres, apuntó Ángel Rocha, porque señaló que en programas directos destinados a la mujer con perspectiva de género tiene un raquítico presupuesto de solo 10.7 millones de pesos para todo el año.
Además de que en programas que inciden en acciones de beneficio a la mujer el presupuesto contempla 166 millones de pesos. Esto es, 11 millones de pesos menos que lo destinado a comunicación social.
Los cuestionamientos hacia el gasto en comunicación social de la Presidencia Municipal de León ya se habían dado el 15 de diciembre en la Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento, cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos de 2026, un día antes de que fuera ratificado por el pleno del Cabildo.
Lo hicieron tres regidoras de oposición. Lo hizo Dessire Ángel Rocha, quien reclamó que la estrategia de comunicación social no es la adecuada, pues dijo que este año, se ve apenas un like en algunas dependencias y por el contrario solo se promueve la figura de la Presidenta Municipal.
La regidora Vanessa Montes de Oca, de Morena, pidió una justificación “clara, contundente y precisa en comunicación. Yo no estoy a favor de que se utilice promoviendo a la alcaldesa, utilizando una modelo que se parece”, reprochó.
La regidora Norma López Zúñiga, del PVEM, señaló: “Hay muchas necesidades en el municipio como para destinar 177 millones de pesos en Comunicación. Si fuera una comunicación certera, no tendríamos objeción. Pero se está utilizando para posicionar a ciertos personajes. Pero si tenemos aspiraciones políticas, deberíamos meterle recurso personal”, en clara referencia a Allan León (secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses y destapado como ‘delfín’ de la alcaldesa para esta candidatura), aunque no mencionó su nombre.
Dijo que ella ha pedido campañas en alerta de violencia de género, de violencia contra las mujeres, entre otras, “pero las respuestas parece que son a contentillo del Director de Comunicación. Me parece ofensivo destinar 177 millones”, sostuvo.
Sapal, inquietos
Las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos emitió a finales de noviembre del año pasado al Sapal luego de que una trabajadora denunció acoso y hostigamiento sexual y laboral derivaron en el despido de un funcionario.
La contraloría interna a cargo de Guadalupe Razo Aguirre, le había dado largas al asunto, pero cuando las recomendaciones de la Prodeg se hicieron públicas no les quedó de otra que sancionar al funcionario.
Con el ojo público puesto en Sapal, la Contraloría Interna de la paramunicipal tuvo que meterle acelerador a la revisión de otros casos que se estaban empolvando en carpetas y que si bien no habían sido oficialmente archivadas tampoco había prisa por darles salida, según cuentan empleados de la misma dependencia.
Uno de esos casos fue el de Daniel Ramírez Maldonado, quien se desempeña como Gerente de Supervisión de Obra del Sapal quien en diciembre fue sancionado.
Su cargo no es menor, encabeza el área que vigila que en todas las obras que contrata Sapal, los trabajos queden bien hechos, sin fallas.
La versión oficial del director Enrique De Haro Maldonado es que el funcionario fue inhabilitado temporalmente tras una revisión de la Contraloría Municipal y de la contraloría interna del Sapal y que concluyó que el funcionario autorizó el pago para descargar escombros de una obra en un lugar prohibido. La obra fue la “Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la colonia Azteca”, del 2022.
Por este error lo inhabilitaron 20 días sin goce de sueldo, coincidentemente la sanción se aplicó en gran parte durante el periodo vacacional de diciembre.
“Esto deriva por hacer un pago de un tiradero de escombro en un lugar que en su momento no estaba autorizado, estaban como en proceso los permisos de renovación, y entonces cómo se autorizó y se tiró, es por eso que se hace esta sanción”, dijo en entrevista con AM, el 8 de enero del 2026.
Es todo lo que se conoce del caso pues el trabajador presentó una impugnación.
Pero más allá de que no es posible saber el detalle que derivó en la sanción, lo que llama la atención es lo que está ocurriendo dentro de la paramunicipal. Tómelo con sus reservas pero entre trabajadores corre la voz de que pronto podría haber cambios en niveles directivos, no se sabe con certeza hasta dónde podría llegar el reacomodo de piezas y tampoco con qué fin, pero dicen que hay quienes ya andan haciendo maletas.
La Cucursola, histórico juicio
“Voy a contar la verdadera historia de La Cucursola”, con esa frase romántica, Sergio “N” comenzó a declarar ante un juez buscando la absolución ante la imputación de dañar el suelo fértil de la Sierra de Santa Rosa con pavimento.
Su discurso, aunque pintaba para ser una oda convincente, término por presentar huecos y verdades escondidas para evitar el dolo al engañar a la no tan inocente Semarnat y obtener un cambio de uso de suelo para un hotel que luego mágicamente se convertiría en un intento de fraccionamiento campestre.
Ups qué distraído, se le olvidó decir la verdad del proyecto y fue así que el juez lo vinculó a proceso junto con su socia en la administración de Loma de Irapuato. Ahora buscarán evitar una pena en un juicio más que histórico pues se trata de la protección del medio ambiente.
Como leyenda de Guanajuato, relató que todo empezó con un hombre por allá de 1970 que soñaba con replicar las casas en medio de la naturaleza en Canadá, décadas después le vendió el proyecto a un ex diputado federal de los azules, sí así como los pájaros en los que inspiraría el nombre de La Cucursola.
El gobierno de su cuate, Alejandro Navarro Saldaña, dio los permisos para urbanizar la Sierra de Santa Rosa, pulmón sagrado de Guanajuato -incluso para José Alfredo Jiménez-. Juan Carlos Delgado Zárate, director de Desarrollo Urbano, fue quien dio la autorización para el cambio de uso de suelo bajo el argumento de que todo estaba en orden. Igualmente tuvo el aval del Estado.
Solo que un detallito, al ser de uso forestal, le tocaba a la Semarnat decidir.
Parece ser que Sergio “N” quiso actuar de “buena fe” buscando los permiso de todo el mundo, solo que sus trámites han resultado ser tan transparentes como una Coca Cola e igual de cuestionables para la salud pública, pues no escuchó cuando Pocahontas le cantó John Smith “cuán alto el árbol crece si lo cortas hoy, nunca se sabrá” y así taló árboles en un área de más de 6 hectáreas destruyendo en un pulmón de la ciudad, sino que también a la sorda pavimentó caminos, metió instalación eléctrica y construyó oficinas.
Ah sí, también en un punto de esta enredada historia, casi deja sin agua a Santa Rosa, en ese pleito la valiente delegada salió con amenazas que nunca resolvió Derechos Humanos. Pero lo bueno es que dijo que él no construye casas, nomás les vende el terreno.
La Fiscalía General de la República (FGR) cateó el inmueble luego de una denuncia ciudadana y seis años después (rápido para la justicia en México) comenzó el proceso; casi pierden la batalla junto con los abogados de Profepa y de Semarnat, si no es porque el juez (Efraín Frausto) se dijo amante de Santa Rosa y se fajó.
Eso sí, también salieron regañados por las omisiones, la más grave es que Semarnat no se ha puesto a chambear para actualizar las Áreas Naturales Protegidas, en las que desgraciadamente no está el predio de La Cucursola.
El caso casi se cae si no es por los caminos pavimentados, ahora todo pende de un hilo y de la astucia de la FGR (que ojalá sea como la del Chapulín Colorado), de lo contrario una vez más los únicos que pierden son los guanajuatenses. Aunque el solo hecho de una vinculación por delitos contra la biodiversidad, sí que es histórico.
Municipios, en cintura
En la agenda de la bancada panista en el Congreso Local, para 2026, está el aprovechamiento del agua en los municipios de Guanajuato.
Entrará a revisión y estudio una propuesta para que en Guanajuato el agua se aproveche al máximo, la cual plantea reformar el Código Territorial del Estado para garantizar que las plantas de tratamiento de aguas residuales funcionen correctamente, con transparencia y conforme a la ley.
La iniciativa puede ser clave en este momento que la Federación y el Estado impulsan la obra del acueducto Solís-León para llevar agua a cinco municipios: León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.
Hay que recordar que uno de los compromisos de los municipios es alcanzar una eficiencia operativa del 70 %, lo que hoy solamente León puede presumir. El mayor aprovechamiento del agua es también un escudo frente a los opositores al proyecto que, entre sus argumentos está el desperdicio que se tiene en estas ciudades.
La iniciativa plantea que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente que comanda José Lara coordine acciones con los 46 ayuntamientos para asegurar la operación, mantenimiento y modernización de las plantas tratadoras.
Los organismos operadores municipales deberán garantizar su funcionamiento permanente, gestionar financiamiento para su rehabilitación, publicar sus condiciones técnicas y someterse a evaluaciones externas periódicas.
De esta forma, se plantea que los municipios puedan tomar mejores decisiones para invertir los centavos y después no gastar los pesos.
Se ha detectado que después de la puesta en operación de las plantas de tratamiento, no hay el mantenimiento preventivo, correctivo, ni siquiera que estén bajo alguna norma aplicable. O invierten ahora o no habrá acueducto que alcance.
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