Felicidad oficial, baja en homicidios dolosos; realidad social, aumento en desapariciones.
La felicidad oficial presume cifras: los homicidios dolosos disminuyen casi a la mitad en México, anuncian autoridades con tono triunfal, como si la paz fuese ya una conquista irreversible. Sin embargo, mientras la estadística celebra, la realidad social revela otro rostro: las desapariciones crecen hasta en 300 por ciento, según organismos intermedios y registros independientes.
La muerte se reduce en el papel, pero el horror cambia de método. Ya no siempre hay cuerpos, ni escenas del crimen, ni responsables; hay ausencia, incertidumbre y silencio.
El fenómeno es particularmente inquietante porque las desapariciones no son hechos aislados, sino parte de una violencia estructural ligada al crimen organizado, la impunidad y la debilidad institucional.
México se ha convertido en uno de los casos más alarmantes del mundo en tiempos de paz formal; sólo Colombia ofrece un paralelo histórico, aunque en el marco de un conflicto armado interno reconocido. Aquí no hay guerra declarada, pero el ciudadano vive como si la hubiera, expuesto a poderes que desaparecen personas y borran sus rastros.
En Guanajuato, como en muchas entidades del país, esta tragedia se manifiesta con crudeza. Las fosas clandestinas aumentan en todo el territorio nacional, aunque no siempre en los registros oficiales. Plataformas independientes, como la impulsada por la Universidad Iberoamericana para documentar su ubicación y magnitud, revelan lo que las cifras gubernamentales omiten o minimizan.
La opacidad se convierte en política pública: gobiernos estatales y federales niegan información o la fragmentan, como si el ocultamiento redujera el sufrimiento de las familias.
La ironía es brutal. Se celebra la disminución de homicidios mientras crece la desaparición de personas, como si el problema fuera la estadística y no la vida humana. La desaparición ofrece ventajas perversas: reduce cifras de asesinato, diluye responsabilidades y prolonga la incertidumbre.
Casos terribles de impunidad lo evidencian: trabajadores mineros, familias enteras en tránsito vacacional, ciudadanos comunes cuya única falta fue estar en el lugar equivocado. No es consuelo que hayan sido “confundidos” con grupos criminales; en un Estado de derecho, nadie debería desaparecer.
Existen países donde este delito es prácticamente inexistente, mientras otros lo padecen en contextos de guerra o represión política abierta.
México, en cambio, enfrenta desapariciones masivas en una democracia formal, lo que revela una crisis profunda de legalidad. El ciudadano vive entre la estadística optimista y la experiencia cotidiana del miedo. La distancia entre el discurso oficial y la realidad social erosiona la confianza pública y normaliza lo inadmisible: la vida humana convertida en cifra negociable.
Para abatir este fenómeno, los tres órdenes de gobierno deben asumir acciones concretas y coordinadas. Es urgente fortalecer fiscalías especializadas con autonomía real, profesionalizar cuerpos de investigación y crear sistemas nacionales de búsqueda con tecnología avanzada y recursos suficientes.
Debe garantizarse la transparencia en registros, proteger a colectivos de búsqueda y establecer responsabilidades penales efectivas para autoridades omisas o coludidas. Sin verdad, justicia y prevención, toda estrategia será simulación.
A pesar de la gravedad del panorama, la sociedad mexicana mantiene una esperanza irreductible.
Las familias que buscan, los ciudadanos que exigen justicia y las voces que denuncian la impunidad sostienen la convicción de que otro país es posible. El anhelo es simple y universal: vivir seguros, en paz, con dignidad y felicidad. Ese es el fin último de toda comunidad humana, y también la deuda más urgente de un Estado que debe recordar que gobernar es proteger la vida.
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