La realidad que observa el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, sobre la seguridad pública parece alegre y triunfalista, pero los ciudadanos perciben una circunstancia distinta, más áspera y lacerante.
El contraste entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana revela una brecha que inquieta. La narrativa institucional habla de avances contundentes, mientras la percepción social sigue marcada por el temor y la incertidumbre en calles, barrios y comunidades del estado.
En su informe presume la reducción de homicidios dolosos en 65 %, cifra que a primera vista resulta alentadora y que coincide con la tendencia nacional que reporta disminuciones importantes. Sin embargo, estos resultados dependen siempre de los periodos comparados y de la metodología empleada. No es lo mismo contrastar meses específicos que evaluar tendencias de largo plazo, ni comparar tasas por población que números absolutos.
Celebra el fiscal que esa disminución coloca a Guanajuato en el sexto lugar nacional en incidencia por cada cien mil habitantes, lo cual puede ser correcto en términos estadísticos. No obstante, en cifras totales la entidad continúa entre los primeros sitios del país. Hay días de la semana en que otras entidades superan nuestros registros, pero durante la mayoría de los días Guanajuato encabeza el número de asesinatos, una realidad difícil de ignorar.
También se destaca la disminución en el delito de extorsión, presentado como un logro relevante de la política de persecución criminal. Pero en el Centro Histórico de León, por ejemplo, y en diversas zonas comerciales persisten testimonios de cobro de piso que afectan a comerciantes y empresarios. La estadística puede señalar una reducción, pero la experiencia directa de quienes enfrentan estas presiones muestra una realidad distinta que no desaparece con cifras.
Se reporta igualmente una baja en feminicidios, aunque Guanajuato continúa figurando entre los estados con mayor violencia contra las mujeres. La gravedad de este fenómeno no admite lecturas optimistas ni celebraciones anticipadas. Cada caso representa una tragedia irreparable que obliga a revisar las estrategias institucionales y a reconocer que el problema persiste con dimensiones alarmantes.
Otro aspecto ausente en el discurso oficial es el fenómeno de las masacres, donde la entidad ocupa el primer lugar nacional en diversos registros de violencia colectiva. Los ataques armados contra grupos de personas en espacios públicos o privados han marcado la vida reciente del estado. Estos episodios, por su impacto social, configuran una percepción de inseguridad que ningún informe puede disipar fácilmente.
A ello se suma el hallazgo recurrente de fosas clandestinas, descubierto en numerosas ocasiones por colectivos de búsqueda integrados por familiares de personas desaparecidas. La persistencia de estos hallazgos revela una crisis humanitaria que rebasa los indicadores de eficiencia institucional. Las cifras oficiales difícilmente reflejan el dolor de quienes buscan a sus seres queridos en condiciones adversas.
Resulta igualmente preocupante el trato hacia los periodistas durante la presentación del informe, pues se denunció que fueron confinados en un salón sin acceso directo al evento público. Si el gobierno estatal presume transparencia y apertura, estos episodios generan dudas sobre el compromiso real con la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
El fiscal asegura además que los indicadores de eficiencia de la institución superan el 90 %, lo que implicaría avances significativos en el combate a la impunidad. Sin embargo, la llamada cifra negra del delito, es decir, los hechos no denunciados, continúa siendo elevada. La desconfianza ciudadana y el temor a represalias siguen limitando la denuncia, lo que cuestiona la efectividad plena del sistema.
Es justo reconocer que existen esfuerzos institucionales, detenciones relevantes y procesos judiciales que reflejan el trabajo operativo. No obstante, afirmar que la batalla está ganada sería precipitado. La seguridad pública sigue siendo una tarea pendiente que exige autocrítica, evaluación permanente y una visión que reconozca tanto los avances como las carencias.
La construcción de la paz no puede depender únicamente de informes optimistas ni de estadísticas favorables. Requiere el compromiso conjunto de autoridades, sociedad civil, instituciones educativas, sector empresarial y ciudadanía. Sólo mediante la participación de todos los sectores sociales de la entidad y de la nación podrá alcanzarse el anhelo legítimo de una sociedad verdaderamente segura y en paz, que permita la prosperidad y el desarrollo social en su conjunto y el de cada persona en lo individual…
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