Esta semana fue publicado un amplio reportaje de investigación en este diario, sobre la contratación de una empresa “fachada” a la que se le asignaron varios contratos de diversos artículos por parte del Municipio de León. Este asunto resulta interesante desde varios puntos de vista, por lo que vale la pena analizarlos de forma separada.
En el reportaje no se señala que los artículos no hayan sido entregados al Municipio, por lo que se infiere que sí fueron proporcionados, de manera tal que no puede considerarse al proveedor como una empresa “fachada”, pues este término se refiere más a una empresa que aparenta ser legítima, pero que detrás de ella no hay actividad o negocio real. Sin embargo, esto no quiere decir que en todos esos contratos no haya habido actividades irregulares.
Una ciudadana entrevistada que aparecía como accionista, manifestó que nunca supo que había constituido esa empresa en 2015, lo cual nos lleva a, por lo menos, dos escenarios: uno, que alguien usurpó la identidad de la ciudadana y la utilizó para crear una empresa (lo cual es un delito), y dos, que alguien posiblemente la “convenció” (probablemente a cambio de algo) de firmar unos papeles, que resultaron ser el acta constitutiva de una sociedad. En cualquier caso, para que la empresa fuera legalmente constituida, se necesitó de un fedatario público que dio fe, presenció la firma de la asamblea inicial de la empresa, y la inscribió en el registro público.
Posteriormente, un representante de la empresa debió de haber acudido al SAT a tramitar las firmas electrónicas que le permitieran cumplir con sus obligaciones fiscales. Desde hace ya varios años el SAT, precisamente con la intención de evitar a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), aplica amplios cuestionarios a los socios o representantes de las nuevas empresas, para identificar si se trata de sociedades reales o solo de papel, y de igual manera ya solicita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de todos los accionistas de la sociedad. Hoy en día constituir una empresa fachada ya no es fácil, pero hace 10 años, quién sabe.
El tema central no está en determinar si la empresa es real o no, más bien el asunto principal es si el Municipio tiene establecidos los controles adecuados para asegurarse de quiénes son sus verdaderos dueños y conocer siempre la ubicación real de una empresa, y con ello garantizar la imparcialidad en las asignaciones de contratos y descartar cualquier intención de generar esquemas de reciprocidades ilegales que se conviertan en “cochinitos” que luego sirvan para financiar, entre otras cosas, campañas.
La postura del Municipio de decir que al gobierno solo le compete asegurarse de que la empresa cumpla con los requisitos, es insuficiente y solo genera dudas. Hoy prácticamente todas las instancias gubernamentales y muchas empresas privadas han endurecido sus procesos para validar la existencia real de sus proveedores o clientes.
Actualmente en todos los casos se solicitan las identificaciones oficiales, RFC y comprobantes de domicilios de todos los accionistas y apoderados, para cerciorarse de quiénes ejercen el control de la empresa, además de que se han hecho más selectivos los comprobantes que acreditan el domicilio vigente de una empresa, lo que se complementa con visitas de inspección, toma de fotografías y hasta fe de hechos notariadas.
El Municipio debe revisar y endurecer sus procesos para dar mantenimiento a su padrón de proveedores. Pero para mí no pasa desapercibido que a la empresa investigada se le empezó a comprar justamente en el mismo mes en que hubo un cambio de Administración Municipal y llegaron nuevos ediles, ciudadanos y funcionarios; probablemente a los dos primeros los chamaquearon, pero en el caso de los últimos ¿ya traían su torta? En política no hay coincidencias.
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