A la Gobernadora de Guanajuato
Ser político no es simplemente acceder a un cargo; es asumir una responsabilidad frente a lo colectivo. Implica ejercer el poder bajo condiciones de coherencia, rendición de cuentas y, sobre todo, cumplimiento de la palabra empeñada. En política, lo que se dice compromete, y lo que se incumple erosiona.
Alguna vez, Carlos Castillo Peraza señalaba que uno de los valores esenciales en la vida pública es honrar los acuerdos. Sin ese principio, la política se vuelve un ejercicio volátil: promesas que se ajustan a la coyuntura, compromisos que se diluyen y decisiones que pierden sustento. Sin cumplimiento, no hay confianza; y sin confianza, no hay gobernabilidad.
Esa reflexión resulta pertinente a la luz de los hechos recientes en torno a la concesión de la autopista Guanajuato–Silao.
La semana pasada, integrantes de la resistencia ciudadana sostuvimos un encuentro con la titular del Ejecutivo estatal. El diálogo, me consta, transcurrió en un ambiente de apertura institucional. Hubo escucha y respuestas. Pero, sobre todo, hubo definiciones.
Destaca una afirmación expresada con claridad: “Yo como Gobernadora electa no tenía conocimiento de este proceso. En el proceso entrega-recepción fui comenzando a darme cuenta de esta situación”. Con ello, la Mandataria establecía una línea de deslinde respecto del origen de la concesión.
Más adelante, reforzó la vía institucional al señalar: “Ya hicimos un ofrecimiento y estamos en curso de ello, de que haya una auditoría externa. Nos parece que es lo más sano porque nosotros, en la revisión que tenemos, diferimos de algunos de los puntos que se señalan, diferimos en algunos de los conceptos y apreciaciones, tanto técnicas como jurídicas, y de índole pues de valoración personal. Pero para que haya claridad en eso, porque no debe quedar en eso, en señalamientos ni de la autoridad ni de los ciudadanos, porque creo que es de gran valor lo que opinan ustedes como colectivos y las luchas ciudadanas, que para nosotros tienen toda la legitimidad, es pues que entre un árbitro como en todo, que entre un árbitro técnico, que entre un árbitro pues que no tenga ningún conflicto de interés, coincidimos, que pueda hacer un análisis muy puntual de la información y que nos señale con todos los datos, con toda la información, con toda la apertura de nosotros hacia ellos, con todo lo que se dio alrededor de esta concesión, pues que establezcan cualquier situación o mecanismo que se aleje de los parámetros que son ideales en una concesión como esta”.
No es una declaración menor. En ella se reconoce la necesidad de una revisión técnica, independiente y con alcance suficiente para esclarecer un proceso que, por su naturaleza, exige escrutinio público. Bajo esa premisa, parecía configurarse una ruta institucional: auditar, evaluar y, en su caso, corregir.
Sin embargo, días después, el mensaje cambió de manera sustantiva. En una entrevista pública, la Gobernadora fue categórica: “No estamos en el momento de discutir el cobro o no cobro de la autopista, porque es parte ya de la concesión. No estamos en el momento de discutir si se va a cobrar o no”.
El contraste es evidente. Entre una postura y otra no hay solo matices, sino un giro en la definición del problema. Lo que inicialmente se planteó como susceptible de revisión técnica y jurídica, ahora se presenta como un hecho consumado. Ese viraje no es menor.
Cuando una autoridad abre un espacio de diálogo, reconoce la legitimidad de sus interlocutores y plantea alternativas concretas, genera expectativas públicas que no pueden ser desestimadas sin explicación plausible. La política admite ajustes, pero no contradicciones sin sustento.
El planteamiento de una auditoría externa no constituía una concesión política, sino una herramienta técnica para dotar de certeza a un proceso cuestionado. En materia de infraestructura pública, los contratos no son inamovibles: están sujetos a evaluación, especialmente cuando impactan de manera directa en la economía de miles de ciudadanos.
Por ello, la cancelación implícita del debate no solo afecta la resolución de este caso en particular, sino que envía una señal más amplia sobre la forma en que se procesan los conflictos públicos. La pregunta es inevitable: ¿qué motivó este cambio de posición en un lapso tan breve?
En política, las decisiones pueden modificarse. Lo que no puede omitirse es la obligación de explicar las razones. Gobernar no solo implica resolver, sino también justificar. Porque, al final, la estabilidad de cualquier gobierno descansa en un elemento esencial: la credibilidad. Y esa, una vez comprometida, difícilmente se restituye. El ser se evapora.
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