Empresa en sospecha
Todavía con la indefinición de la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez sobre su futuro dentro o fuera del PAN, se pone ahora en el ojo del huracán por los contratos otorgados a una empresa que a todas luces dejan dudas y que ha sumado a voces de todas las fuerzas políticas, incluidas desde Acción Nacional, a indagar a fondo.
La investigación periodística de AM publicada el lunes 6 de abril no puede ser aclarada con la salida fácil de que cumplió con los requisitos para estar en el Padrón de Proveedores y con el proceso administrativo de compra que marca la Tesorería Municipal.
La empresa Office and Publicity MDF recibió entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 un total de 12 contratos por 7.3 millones de pesos para artículos diversos, 11 fueron por asignación directa y el más grande, de 3.2 millones, mediante una licitación.
AM pudo verificar varios aspectos a todas luces sospechosos: Luz María Camacho, quien fuera socia y gerente general hasta 2023, es un ama de casa que vive en la colonia Las Hilamas a quien le dimos la noticia de que alguna vez fue dueña de una empresa. Karen Gómez, quien todavía aparece como socia, no fue localizada pero sus familiares confirmaron que tampoco fue ni es dueña de ninguna empresa.
El gerente administrativo, Guillermo Bermúdez, aseguró que él ya no trabaja ahí y que no podía informar más. En el domicilio de León se negaron a dar atención a este medio. Y en el nuevo domicilio en la Ciudad de México nadie fue localizado
Frente a todo esto la síndica y presidente del Comité de Adquisiciones, Ma. Esther de Anda, hizo lo correcto y desde ese día solicitó a la Contraloría Municipal que encabeza Viridiana Márquez una investigación, la cual fue abierta de inmediato.
Exigencia de auditorías
No es común un posicionamiento conjunto de los cinco regidores de oposición en León (Norma López, Dessire Ángel, Vanessa Montes de Oca, Guillermo Medina y Gabriel Durán), mismo que fue leído por López Zúñiga en sesión del jueves. Además en su investigación complementaria advirtieron irregularidades en el registro notarial.
“Como si lo anterior fuera poco, identificamos también que pudiera existir por lo menos otras dos empresas fantasma que casualmente se dedican al mismo giro y que tienen relación entre ellas con la empresa ya mencionada (Office and Publicity MDF). Estos esquemas se siguen generando en un apartado de simulación.
“Es necesario resaltar que al respecto el trabajo de la Contraloría Municipal ha resultado totalmente ineficiente para erradicar este tipo de conductas”, puntualizó.
La exigencia puntual fue que verifiquen a fondo a las empresas o personas físicas a quienes el Municipio les compre, y no solo por encimita o, peor aún, con simulación.
La alcaldesa Alejandra Gutiérrez les respondió que coincide en la transparencia. “El proceso administrativo que hizo la Tesorería es conforme a derecho, de cualquier manera que se revise exhaustivamente, lo que sí señalo es que no voy a emitir una sentencia sin que se haga el análisis. Que se revise exhaustivamente y ustedes vean los documentos, porque aquí no se oculta nada”, argumentó en la sesión.
Norma reviró enfática que no se trata de ver los expedientes. La síndica Ma. Esther coincidió que en el Comité de Adquisiciones la política es “ir más allá” al revisar la legalidad y capacidad de las empresas. Y en este caso específico le pondrá lupa.
“No voy a permitir que si hay algo irregular se pase por alto. Yo personalmente le voy a dar seguimiento, y si hay algo irregular me comprometo a denunciar a las instancias que correspondan y quien resulte responsable”, enfatizó la síndica.
El mismo jueves en el Congreso del Estado los diputados de Morena Hades Aguilar y David Martínez, y el ex Verde Sergio Contreras, presentaron puntos de acuerdo para exigir auditorías. Se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen. Dirán que la Auditoría Superior del Estado (ASEG) ya tiene su programa anual de auditorías, que estos contratos los incluirán para el 2027.
Sin embargo, por la relevancia del hecho, la Contraloría Municipal y la ASEG deberán actuar en lo inmediato, a fondo, y con celeridad. ¿Será mucho pedir?
Gestora con 8 alcaldes
El miércoles, ocho presidentes municipales, de varios partidos, se reunieron en el Palacio Legislativo con el diputado local panista Roberto Carlos Terán Ramos, de San Luis de la Paz, quien representa al distrito II, del noreste del estado, y quien hizo la convocatoria.
Acudieron la mayoría de esa zona, pero no solo ellos. Del norte y noreste asistieron: Juan Carlos Castillo Cantero (PRI), de San Diego de la Unión; Rómulo García Cabrera (PAN), de Tierra Blanca; Saraí Lepe Monjaraz (PAN), de San Felipe; Salomón Espíndola Mendieta (Morena), de Victoria; Edgar Reséndiz Jacobo (Morena), de Doctor Mora; y Rogelio Moya Cabrera (PAN), de Santa Catarina.
Pero también de otros rumbos: Victoria Ramírez Zavala (PAN), de Yuriria; Gilberto Zárate Nieves (Morena) de Comonfort.
Esta reunión no es ni la primera ni la única que ha convocado Roberto Carlos con los presidentes municipales de su región, sino que es una de las varias que realiza periódicamente, informó a AM en entrevista.
Por ejemplo, mencionó que ya han tenido tres con el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste para que escuchara a los presidentes, quienes dijeron en su momento, que era la primera vez en la historia del norte y noreste, que un Fiscal o Procurador de Justicia se reunía con ellos para escuchar sus demandas.
Así que en esta ocasión, previamente una consultoría llamada Consultoría Nacional de Enlace Empresarial y Gubernamental (CNEEG) S. de R.L. de C.V., se acercó al diputado Roberto Terán para ofrecerle los servicios de gestionar recursos a fondo perdido que otorga la Secretaría de Gobernación, dijo él.
Por lo que este miércoles, en su afán de hacer una gestión que beneficie a los municipios de la región que representa, el motivo de la reunión fue que esta empresa le presentó a los ocho presidentes municipales sus servicios, que son quienes lo necesitan, coincidieron tanto el legislador como Rómulo García, presidente de Tierra Blanca, también entrevistado por AM.
El diputado explicó que también lo hizo porque históricamente esa región es a la que menos recursos públicos llegan.
Puso como ejemplo que en un año, en esos municipios pequeños en tamaño, población y presupuesto, se puede hacer solo una pavimentación de una calle por 3 millones de pesos, mientras en León se construyen puentes de cientos de millones.
Y que los presidentes asistentes se interesaron por escuchar la oferta de esta empresa porque, a pesar de que el Gobierno del Estado les financiará algunas obras con la deuda de los 4 mil millones, no será suficiente.
Rómulo García declaró que la empresa les ofreció sus servicios de gestoría para “bajar” recursos federales para proyectos como calles o carreteras con costos arriba de los 500 millones de pesos. Órale.
Coyotaje gratuito
Tanto el diputado como el presidente municipal coincidieron en señalar que dicha consultoría ofreció sus servicios sin costo alguno, lo cual es demasiado bello para ser verdad y que eso mismo expresaron los propios alcaldes ante la empresa, aseguró Terán Ramos.
Esta circunstancia llama bastante la atención, y mueve a sospecha.
Pero no se asuste, ningún presidente municipal aceptó los servicios ofrecidos, en ese momento. Ninguno se comprometió a nada, sino que lo analizarán en sus municipios y ya después decidirán si contratan a la empresa o no.
Lo analizarán y después responderán, si es que les interesa. “No se firmó ni un solo documento, ni se hizo ningún compromiso… No se firmó nada ni nadie se comprometió a nada”, sostuvo Roberto Carlos Terán en la entrevista.
Además, los recursos federales pueden gestionarlos directamente los alcaldes con los pocos delegados federales que quedan o directamente en las dependencias en la Ciudad de México, o ayudándose de diputados federales o senadores de Guanajuato.
O incluso, como bien dijo el diputado panista, hay tres alcaldes que tienen “la vara alta” con el Gobierno Federal, porque son de Morena: Salomón Espíndola, de Victoria; Edgar Reséndiz, de Doctor Mora; Gilberto Zárate, de Comonfort.
Así que no necesitan intermediarios. Mal harían los presidentes si deciden contratar a esta empresa en estas condiciones.
En su página de internet, Consultoría Nacional de Enlace Empresarial y Gubernamental (CNEEG) S. de R.L. de C.V., se presenta como una empresa con más de 30 años de experiencia y más de 600 proyectos completados, cuyo objetivo es: “Brindar soluciones efectivas y personalizadas a municipios y empresas, mediante la gestión de subsidios, programas, apoyos y convenios con diversas instituciones gubernamentales y privadas. Nos comprometemos a facilitar el acceso a recursos económicos extraordinarios, optimizando el uso de los mismos para fomentar el desarrollo integral de las comunidades, sin comprometer los presupuestos asignados por ley”.
Presume que pueden fabricar vehículos especializados de alta tecnología, materiales para la construcción de carreteras, generadores de energía que operan con paneles solares, iones de litio y turbinas eólicas, filtros de tecnología 100% mexicana para la limpieza y reutilización de agua.
Además ofrecen soluciones financieras para la gestión portuaria, desarrollo de planes de negocios para atraer inversiones en el sector inmobiliario, logística de transporte para productos alimenticios, sistema de luminarias públicas.
También muestra ligas a diferentes municipios del país donde supuestamente ha realizado proyectos.
Pero en dicha página no aparece la dirección de sus oficinas ni tampoco ningún número telefónico. Muchos menos los directivos. Pero haciendo la búsqueda de la misma en Google, aparece que tiene su sede en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México y sí aparece un número telefónico.
Celaya, ¿y las mejoras en el transporte?
A casi medio año de que se presentó con bombo y platillo el nuevo sistema de transporte público de Celaya, nada se ha visto del cambio, mientras los usuarios siguen sufriendo por un mal servicio.
Uno de los grandes pendientes de la administración que encabeza el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez, sigue siendo mejorar la movilidad de la ciudad al llegar a la mitad de su trienio.
Para nadie es un secreto que el transporte público en Celaya es un botín político rodeado de un sinfín de intereses con las 13 empresas concesionarias que por años han sido consentidas por los gobiernos en turno.
La única dirección que no tuvo titular al inicio de la administración morenista fue justamente Movilidad y Transporte Público, ya que el alcalde celayense no encontró al perfil idóneo luego de que un par de personas no quisieron entrarle al quite.
A finales de 2024 se presentó a Elizabeth Arroyo Salazar como directora de la dependencia, pero solo duró cuatro meses en el cargo con el argumento de que se estaba aliando con los concesionarios a espaldas del Alcalde, mientras que ella acusó ser despedida de manera injustificada.
A partir de ese momento, Ramírez Sánchez delegó toda la responsabilidad en el secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, y en el regidor y presidente de la comisión encargada, Miguel Villanueva Floresvillar, quienes se han enfrascado en una lucha de egos para llevarse el mérito de mejorar el transporte público.
Tras varios meses de promesas, el pasado 19 de octubre se presentó el nuevo sistema de movilidad integral de Celaya con la consigna de que se invertirían más de 2 mil millones de pesos a través de un financiamiento privado a 10 años para la compra de 200 camiones eléctricos de la empresa china BYD.
La historia comenzó mal desde el primer día ya que se prometió que comenzaría a circular una unidad a prueba, la cual no ha podido salir a las calles porque ni siquiera han podido habilitar la estación de carga.
A la par, el sistema actual va en decadencia total. Los viajes se han reducido casi en un 50% desde el inicio de la pandemia; los usuarios tienen que esperar hasta más de una hora para que pase su camión; la unidades siguen sin renovarse y el trato de los operadores, quienes en muchos casos trabajan hasta 15 horas diarias, es cada vez peor.
Todo esto mientras la promesa de un cuento chino se sigue contando y el alcalde decide a quién poner como director en medio de un manoseo que solo afecta a los usuarios.
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