¿Y la competitividad?
El pasado 2 de junio el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó su Índice de Competitividad Urbana -ICU- 2026, un estudio que evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión.
Los resultados no son ninguna novedad para Guanajuato, de las ciudades que evalúan no tenemos de qué presumir. Solo Irapuato y Silao aparecen con una competitividad media alta. La primera, en el lugar 8 entre 17 ciudades de 500 mil a un millón de habitantes. Y la segunda en el 9 de 23 de las ciudades de 250 a 500 mil.
En las ciudades de más de un millón, León es lugar 14 entre 21, con nivel medio bajo. En la medición anterior, de noviembre del 2024, se ubicaba en el lugar 15. Hoy aparece lejos de las ciudades de alta competitividad que son Querétaro, Guadalajara, Hermosillo y Saltillo.
En el mismo bloque de Irapuato aparece Celaya hasta el penúltimo lugar, el 17, solo por encima de Acapulco. Su nivel de competitividad se clasifica en bajo. Este rango lo encabezan las ciudades de Puerto Vallarta, Tepic y Veracruz.
En donde está Silao aparece también la zona metropolitana de La Piedad-Pénjamo, en el lugar 16 entre 23 con un nivel de competitividad media baja. Aquí los mejores son La Paz, Monclova-Frontera, Nuevo Laredo, Los Cabos y Playa del Carmen.
Y en el rango de ciudades de menos de 250 mil habitantes, Guanajuato capital es lugar 6 (nivel medio bajo) y Moroleón-Uriangato el 10 (nivel bajo), entre 11 ciudades. Aquí en competitividad alta solo están Delicias y Piedras Negras.
La pregunta es simple: ¿qué tienen otras ciudades que no se pueda lograr en Guanajuato? Un vistazo al reporte podría dar muchas pistas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, al sector empresarial, organizaciones civiles, academia, y todos los que deberían estar preocupados y ocupados, más allá de la grilla política.
El detalle es que desde su publicación, y lo mismo los años anteriores, son muy pocos los políticos que hablan del tema, y mucho menos los que revisan, reflexionan por qué no somos competitivos y toman acciones. Y así es complicado salir del hoyo.
¿Y ahora qué hacemos?
Sin competitividad no hay presente ni futuro para las ciudades. Sobre esto deberían estar discutiendo ahora el gabinete de Libia García, el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato que comanda Graciela Amaro, y por supuesto los ayuntamientos de León con la naranja Alejandra Gutiérrez; de Irapuato con la panista Lorena Alfaro, y de Celaya con el morenista Juan Miguel Ramírez.
Los organismos empresariales que hace días salieron a aplaudir el programa de obra presentado el 1 de junio por la gobernadora Libia con los recursos de los 4 mil millones de pesos que le autorizaron de deuda, deben ser también los que alcen la voz para exigir y participar en la estrategia para tener ciudades competitivas.
Tras el anuncio del programa de obra, el 4 de junio el Consejo Coordinador Empresarial de León que comanda Roberto Novoa publicó: “El crecimiento exige planeación estratégica. Desde el CCEL reconocemos la inversión estatal para León, destacando el puente del Blvd. Aeropuerto, clave para la movilidad y competitividad. Daremos seguimiento para impulsar más proyectos prioritarios”.
Y qué bueno por eso, la infraestructura vial es clave para ser competitivos, pero no lo único. Este índice evidencia las debilidades de una ciudad como León: cobertura educativa, grado de escolaridad, percepción de seguridad, producto medio de trabajo (pesos por hora trabajada) y jornadas laborales de más de 48 horas.
Tienen que ponerse las pilas y fijar postura las cabezas del Instituto Municipal de Planeación (Implan), su director Rafael Pérez y el presidente del Consejo Directivo, Luis Ernesto Ayala, el exalcalde que sueña con esa silla.
En Irapuato el peor desempeño está en los siguientes indicadores: camas de hospital, grado de escolaridad, personal de salud y la tasa de homicidios.
En Celaya las mayores áreas de oportunidad están en los rubros de centros de investigación, camas de hospital, uso de servicios financieros y brechas de ingreso por género, y tienen el último lugar (72) en jornadas laborales de más de 48 horas. También en grado de escolaridad, personal de salud, y el 71 en tasa de homicidios.
Las ciudades con mayores avances comparten una combinación de al menos tres condiciones estructurales: mercado de trabajo con alta participación en el empleo formal (ejemplo Saltillo), entorno de seguridad que atrae talento a las ciudades (Mérida) y un gobierno local con mayor capacidad de acción (Querétaro).
En contraste, las ciudades con menores avances presentan mercados laborales con alta informalidad (Tapachula), violencia que eleva los costos de operar (Acapulco) y gobiernos con escasa capacidad fiscal y baja credibilidad institucional (Tijuana).
No hay una fórmula mágica y la competitividad pasa por todos los niveles de autoridad y la participación de la sociedad. Va siendo hora de que en ciudades como León el ayuntamiento pase de discutir los colores y mensajes de la publicidad oficial, a qué van a hacer para tener una ciudad para sentirse todos aún más orgullosos.
¡Con los niños no!
Por semanas, Irapuato ha vivido algo más profundo que la indignación. La ciudad ha comenzado a cargar un sentimiento de hartazgo ante una violencia que ya no distingue edades y que ha alcanzado a quienes deberían estar más lejos de cualquier riesgo: los niños.
El asesinato de Valentina, una niña de siete años alcanzada por las balas el 26 de mayo en la colonia 18 de Agosto, se convirtió en el símbolo más reciente de una tragedia que se repite con demasiada frecuencia.
Pero detrás de su nombre hay una cifra todavía más dolorosa: del 1 de enero al 6 de junio, al menos 16 niños de entre cero y 13 años fueron víctimas de ataques armados en Irapuato; cinco murieron y 11 resultaron heridos.
La reacción ciudadana no tardó en llegar. Primero fueron los mensajes en redes sociales; después los pronunciamientos de líderes de opinión, religiosos y ciudadanos comunes; y al final, las marchas en las calles.
El 6 de junio familiares, amigos y ciudadanos marcharon desde el Parque Irekua para exigir justicia por Valentina y reclamar el fin de la violencia que arrebata la vida de inocentes.
Durante la movilización, la madre de la menor, Ana Laura Esparza, resumió el sentimiento de muchas familias: “Ya no queremos más violencia contra los niños porque es muy doloroso. Ellos son inocentes”.
Ante esto, la pregunta que muchos se hacen es si hay justicia, pues hasta este momento el único caso con un detenido relacionado con los recientes asesinatos de menores es el de Valentina.
En ese caso la Fiscalía General del Estado informó la captura y vinculación a proceso de Josué Alejandro “N”, alias “El Coreano”, señalado como presunto responsable del ataque armado en el que murió la niña y resultaron heridos otros dos menores.
El acusado enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio, y permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Sin embargo, la detención de un presunto responsable no ha sido suficiente para apaciguar el enojo social, porque la percepción ciudadana es que detrás de cada caso resuelto existen otros que siguen esperando respuestas, como los otros 15 menores que se han visto involucrados en hechos sangrientos en Irapuato.
La preocupación crece conforme aumentan los nombres de menores que han perdido la vida o han resultado heridos en ataques armados. El propio obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, afirmó que los crímenes contra menores en la ciudad “ya rebasaron los límites” y exigió justicia expedita para las víctimas.
Las autoridades municipales y estatales han reiterado que hay coordinación con la Fiscalía para esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Y la Fiscalía presume el trabajo de investigación que permitió la captura de “El Coreano”, presentándose como una muestra de que los casos no quedarán impunes.
Tomar las calles
Pero en las calles la exigencia parece haber escalado, puesto que ya no se trata únicamente de pedir justicia para Valentina. Tampoco únicamente para Winnie u otros menores cuyos nombres aparecen en pancartas y redes sociales.
La demanda ahora es detener una dinámica de violencia que ha convertido a niños y niñas en víctimas colaterales de disputas criminales.
Por ello no sorprende que ya se esté convocando a una nueva movilización.
De acuerdo con una convocatoria difundida en redes sociales, este 17 de junio a las 4 de la tarde se realizará una “Marcha por Justicia” que partirá del Parque Irekua. Los organizadores llaman a asistir vestidos de blanco, portar veladoras y llevar carteles en memoria de quienes han sido asesinados o permanecen desaparecidos.
Quizá esto no resuelva los casos ni alivie la violencia, sin embargo para los ciudadanos estas marchas sí cumplen una función que en estos tiempos parece indispensable: recordar que detrás de cada expediente hay una familia rota y una comunidad que se niega a normalizar la muerte de sus niños.
Porque cuando una ciudad sale a marchar una vez, expresa dolor, y cuando vuelve a marchar apenas unos días después, está enviando un mensaje mucho más fuerte: que la paciencia parece estarse agotando y que la justicia ya no puede seguir caminando más lento que la violencia.
Ley de Alcoholes, revisión
Hace un año, en junio de 2025, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Alcoholes que establece, entre otras cosas, el retiro de licencias de venta para los lugares donde se detecte alcohol adulterado o se vendan drogas.
En ese entonces no se advirtieron sanciones para quien vendiera alcohol adulterado a través de redes sociales, como fue el caso que detonó la tragedia ocurrida en Salamanca, que dejó víctimas mortales tras una fiesta de XV años. Se sabe que el producto fue adquirido en León mediante redes sociales, lo que evidencia un canal de distribución informal.
El consumo de bebidas alcohólicas adulteradas se considera un serio problema de salud pública debido a la alta toxicidad y mortalidad asociada a ellas por lo que requiere de un tratamiento oportuno de cuidados intensivos hospitalarios, señaló la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia al presentar esta iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en mayo de 2024.
Tras esta nueva tragedia, los diputados Alejandro Arias Ávila (PRI), y Víctor Manuel Zanella Huerta (PAN), se pronunciaron por una nueva revisión de la Ley de Alcoholes, y plantearon la posibilidad de que las botellas sean destruidas una vez que se consumen en diversos establecimientos como bares y restaurantes. Y que en las supervisiones de Fiscalización se puedan revisar a detalle sellos y tapas para detectar posible alcohol adulterado.
Arias se pronunció por revisar los alcances de la legislación local en prácticas de envase cerrado, ya que lo que se legisló en 2025 fue sobre copeo.
“Puede ser que en el establecimiento como tal, en la supervisión de Fiscalización, sí se pudiera hacer una revisión de los sellos de las botellas. Nos comprometemos a hacer ese análisis, y de poder construir algo lo haremos con mucho gusto”, dijo.
Para Víctor Zanella es un tema lamentable porque costó vidas, y sigue manteniendo a personas en una situación complicada de su salud.
Se pronunció por fortalecer el trabajo que se hace en los municipios a través de sus direcciones de Fiscalización o de Control. Y destacó una propuesta para que una vez consumido el producto se realice la destrucción de las botellas y evitar que ese envase alguien la recupere para rellenarlas.
“Habrá que revisar la propia Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, qué más se pudiera estar haciendo, hablar con la gente del SATEG (Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato), si hay algo que ellos tengan detectados como área de oportunidad, si es que fuera el caso para mejorar la ley. O si es un tema de aplicar lo que ya existe en la legislación”, opinó.
El diputado del Partido Acción Nacional llamó a la sociedad, a cuidar el consumo, y que sea responsable. “El llamado es a cuidar en dónde están adquiriendo sus productos. Es necesario que cuiden que sean en lugares de confianza, o en establecimientos que cumplan con los permisos, para evitar desgracias como esta”.
La tragedia de Salamanca es un llamado de atención a fortalecer las acciones de prevención sobre la venta y consumo de bebidas adulteradas, y de sanción. La Fiscalía está obligada a presentar pronto a los responsables ante la justicia.
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
