En Guanajuato arden tres incendios que el PAN, después de más de tres décadas en el poder, ya no puede atribuir a nadie más que a sí mismo. Y si no los apaga pronto, las llamas alcanzarán las urnas de 2027.

1. El primero es el de las carreteras concesionadas. Horas antes de concluir su gobierno, el 25 de septiembre de 2024, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo entregó en concesión la autopista Silao-Guanajuato al consorcio VISE-Rubau por 30 años, prorrogables otros 30, bajo el argumento de que la empresa construiría la carretera Silao-San Miguel de Allende.

El resultado ha sido una rebelión ciudadana inédita: una campaña en redes sociales para eliminar el cobro de la caseta, tomas y protestas pacíficas, acciones legales y un reclamo que llegó hasta la mañanera, donde la presidenta Sheinbaum instruyó a la SICT revisar la concesión.

El Gobierno estatal respondió con un descuento del 40 % y una evaluación externa, pero los capitalinos no piden rebajas: piden un bulevar libre. Treinta y siete años pagando una obra ya amortizada no se apagan con paliativos.

2. El segundo incendio arde dentro de la Fiscalía General del Estado. Gerardo Vázquez Alatriste acumula escándalos que han degradado a la institución: el episodio del doctorado que presumía sin cédula que lo acreditara; los manotazos a reporteros que lo cuestionan; los hackeos sistemáticamente minimizados, desde los 250 gigabytes sustraídos por Tekir APT en noviembre de 2025 hasta la filtración de 336 mil expedientes del banco de datos de violencia contra las mujeres; indicios fuertes de corrupción y el caso más doloroso: la entrega de cuerpos equivocados a familias, que obligó a exhumar restos y reiniciar procesos forenses.

Ya hay diputados que exigen su destitución. Una fiscalía sin credibilidad es un Estado sin justicia, y eso también se cobra en las urnas.

3. El tercero es el más caro de todos: Seguritech. La investigación “La Rentabilidad del Miedo”, de POPLab y CONNECTAS, documentó que el Gobierno estatal y siete municipios firmaron convenios con el grupo por al menos 13 mil 593 millones de pesos entre 2012 y 2025.

Los contratos fueron otorgados por adjudicación directa a lo largo de tres gobiernos panistas, de Miguel Márquez a Libia García, mientras los homicidios en Guanajuato crecieron 490 %.

A ello se suma el vínculo confirmado entre la empresa y Daniel Esquenazi, comisionista que cobró cientos de millones y propietario de la casa que habitó la familia de Diego Sinhue en Texas.

Aquí no basta transparentar contratos con cláusulas tachadas: se requiere una auditoría integral y el fincamiento de responsabilidades penales y administrativas, puesto que todo indica que pagamos vigilancia y nos entregaron violencia.

Las consecuencias políticas son previsibles. En 2027 se renovarán los ayuntamientos y el Congreso local, y estos tres incendios tienen un denominador común: el costo del poder prolongado sin rendición de cuentas.

Si el PAN no libera la carretera, no destituye al fiscal general y no toca a Seguritech, le estará regalando a la oposición la narrativa perfecta: la del partido que cobra peaje, permitió la degradación de la fiscalía y firma contratos millonarios, mientras el ciudadano entierra a sus muertos, a veces equivocados.

Los incendios no se apagan con boletines; se apagan con decisiones, y el reloj electoral está corriendo.