El lunes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pasa frente a un restaurante en el centro comercial Midtown, en Guadalajara, un lugar con la mejor arquitectura moderna de la ciudad. Se le ve solo, pero detrás de él viene su cuadro de escoltas. Un poco más tarde lo vemos en su camioneta Tahoe blindada, con los vidrios oscurecidos. Le siguen dos o tres camionetas sin identificación oficial, a modo de protección.

Más tarde, en el mismo lugar, una muchacha alta y fornida se ubica de espaldas a la calle en la banqueta. Tiene una comunicación electrónica discreta con sus colegas. Espera a alguien unos minutos. Llega la familia del gobernador, que sube a otra camioneta de las mismas especificaciones: blindada, polarizada y blanca. La siguen otros tres vehículos: una pick up y otros dos autos resistentes.

Está bien que el gobernador Lemus se cuide con la mayor seguridad posible. Jalisco es un estado “caliente”. Durante los últimos años estuvo controlado por organizaciones criminales y su paz no dependía tanto de las acciones del Estado como de un gobierno paralelo. Puerto Vallarta, por ejemplo, era uno de los lugares más seguros de las playas mexicanas hasta que fue eliminado El Mencho, cuando llegó el caos a la entidad con una rebelión que ha provocado la caída del turismo. Ningún alcalde cuerdo de Vallarta podía enfrentar la fuerza del cogobierno de la maña. Al exgobernador Aristóteles Sandoval le costó la vida; lo mismo le sucedió a un empresario guanajuatense que se les atravesó en el ánimo de los dueños de la plaza.

Si contabilizamos lo que cuesta cuidar a un gobernador y a su familia, el monto puede ser de 20 o 30 veces el salario que gana, considerando la absurda ley que prohíbe que ningún funcionario público gane más que el presidente(a). Si el gasto de cuidar a un gobernador se multiplica por 32 estados, además de la protección de sus funcionarios de primer nivel, sumado a la seguridad de cada alcalde y de cada jefe de policía, comprendemos que el país está enfermo. Porque los mayores recordamos que hubo una época de paz.

El alcalde de León, Rodolfo Padilla Padilla, acudía a encuentros de trabajo o a reuniones sociales en un discreto Volkswagen Caribe, sin chofer, sin guardias y sin miedo. Él no solo era el alcalde de la ciudad, sino también el hombre más próspero del pueblo en 1985. Ahora, no solo los gobernantes viven con miedo. También toda la población. Fito Padilla, por ejemplo, vivía en la Colonia Arbide, un lugar abierto, sin vallas, tal vez una patrulla daba rondines, pero nada más.

La ciudad se ha retraído con bardas y rejas, y con vigilantes que exigen identificaciones y códigos de acceso. El costo para los habitantes en cuotas anuales de aportación ha aumentado año con año. Lo peor es que las comunidades viven aisladas y, en ocasiones, preocupadas por vecinos cuyo oficio puede ser oscuro, por decir lo menos.

En un país seguro, los miles, e incluso cientos de miles, de guardias privados podrían dedicar sus horas a empleos más productivos. Los gobernantes vivirían con la libertad que habían perdido tras ser electos. Algo que parece imposible puede lograrse con un cambio de cultura: ese que prometió el PAN con la alternancia, el PRI en su regreso y Morena en su trágica administración pública de “abrazos y no balazos”. (Continuará)