Guanajuato tiene otra cifra que debería estremecer a cualquiera: durante 2025 ingresaron 7 mil 245 cadáveres a los servicios periciales y médico-forenses, segundo lugar nacional, sólo detrás del Estado de México, que superó los 11 mil. No son números fríos, son personas, historias, familias y ausencias que todavía reclaman verdad, identidad y justicia.
El dato proviene del INEGI y comprende los cuerpos recibidos por las instituciones forenses durante el año, provenientes de distintas circunstancias y causas. Ahí están, entre otros, los relacionados con homicidios y los hallazgos derivados de investigaciones y fosas clandestinas. El problema, por tanto, no termina cuando se levanta un cuerpo: comienza entonces la obligación del Estado.
Y Guanajuato sabe demasiado bien de qué estamos hablando. Aunque la entidad ha registrado una disminución en la incidencia homicida, cerró 2025 nuevamente en el primer lugar nacional por número de víctimas de homicidio doloso. Tampoco es menor que, por segundo año consecutivo, encabezara el país en homicidios dolosos contra mujeres, aunque una parte de esas muertes jurídicamente no sea clasificada como feminicidio.
Que otras entidades como Sinaloa, Jalisco, Baja California o el propio Estado de México tengan también enormes cargas forenses no debe servirnos de consuelo. La tragedia no se vuelve menor porque exista en otros territorios. Al contrario: revela una crisis nacional de identificación, búsqueda, investigación y dignificación de las personas fallecidas, especialmente cuando existen familias que siguen esperando saber dónde están sus seres queridos.
Los colectivos de búsqueda han advertido durante años que la dimensión del problema rebasa capacidades institucionales. Y si la realidad está superando a las instituciones, entonces no basta con administrar el rezago. Primero, Guanajuato necesita fortalecer urgentemente su infraestructura forense, con personal especializado, tecnología, capacidad de identificación genética y espacios dignos para el resguardo de cuerpos y restos humanos.
Segundo, debe existir una política permanente de identificación y confronta genética, vinculada con las bases de datos nacionales y con las familias buscadoras.
Tercero, la Fiscalía General del Estado debe acelerar las investigaciones relacionadas con desapariciones, homicidios y fosas clandestinas, porque cada cuerpo sin identificar representa también una investigación pendiente y, potencialmente, un crimen que permanece sin esclarecer.
Cuarto, el Gobierno de la Gente debe establecer un mecanismo público de evaluación sobre capacidad forense, identificación, entrega de cuerpos y atención a familiares.
Y quinto, la prevención debe atacar el origen: reducir homicidios, desmantelar organizaciones criminales, perseguir a sus responsables y fortalecer la inteligencia policial. Ninguna morgue será suficiente si la violencia continúa alimentando sus instalaciones.
El trabajo que tienen enfrente Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz, y Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado, es enorme. Ambos le deben resultados a su jefa, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, pero, sobre todo, le deben cuentas a la sociedad guanajuatense.
La seguridad no se mide únicamente en operativos o comunicados, sino también en cuántas familias dejan de buscar.
Porque detrás de cada uno de esos 7 mil 245 cuerpos hubo una vida. Y detrás de muchos de ellos hay una familia que todavía pregunta, espera, exige y merece saber. Guanajuato no puede acostumbrarse a contar muertos como quien cuenta estadísticas. El verdadero desafío del Estado no es solamente disminuir homicidios: es impedir que la violencia siga arrebatando vidas y que la burocracia vuelva a arrebatarles identidad.
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