La decisión del Gobierno del Estado de cancelar recursos para la construcción del puente en el Blvd. Aeropuerto, porque el Municipio solo logró liberar el 99 % del derecho de vía, parece que no está sustentada exclusivamente en temas técnicos y legales.
La información que ha manejado el Gobierno del Estado parece no ser tan cierta como dicen: la Cláusula Sexta de los tres contratos de crédito firmados por 4 mil millones de pesos señala que se tienen 6 meses para disponer de los recursos, contados a partir de que los mismos quedaron inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda; los contratos se inscribieron el 14 de mayo de 2026, por lo que la fecha límite para disponer del dinero es el 14 de noviembre y no el 15 de octubre como se ha venido señalando.
Se sabe además que la resolución sobre la expropiación ya se emitió el pasado 12 de octubre, de manera que el procedimiento administrativo tramitado por el Gobierno del Estado ha concluido satisfactoriamente, por lo que el Ejecutivo Estatal ya se encuentra en aptitud jurídica para emitir y publicar el Decreto Expropiatorio.
Aunado a ello, en León existen por lo menos dos antecedentes de puentes que se ejecutaron con recursos públicos en los que los derechos de vía no estaban concluidos en su totalidad, pero aun así se construyeron y se inauguraron.
Tenemos el caso del puente sobre el Blvd. Morelos e intersección al camino a Ibarrilla; esta obra se terminó en septiembre de 2013, y desde esa fecha se encuentra funcionando. Sin embargo, en una de las vialidades laterales no se concluyeron los procesos de afectación y hoy siguen inconclusas, pero eso no fue motivo para no iniciar la obra.
Otro caso es el del Distribuidor Vial Benito Juárez, obra que se empezó a construir en 2014 sin que se hubieran resuelto dos afectaciones que estaban pendientes y que correspondían a dos particulares de León.
La primera afectación se resolvió y pagó meses después de iniciada la obra, y en la segunda también se llegó a un convenio de afectación, pero después de varios años la misma no había sido pagada al particular.
Entonces, ¿por qué en unas obras públicas las afectaciones pendientes se consideran obstáculos que pueden resolverse durante la ejecución, mientras que en otras se convierten en motivo para cancelar una inversión de más de 434 millones de pesos?
Da la impresión de que el Gobierno del Estado ha montado todo su argumento con el objetivo político de hacer quedar mal a la administración municipal, pero, al verse exhibido, ahora ya rectificó y dice que los 434 millones los va a destinar a otras obras que según ellos necesita nuestra ciudad. El paso a desnivel del Blvd. Aeropuerto es hoy la obra más necesaria e importante para la movilidad del municipio, ya que es el acceso principal que conecta a León con los parques industriales, el aeropuerto y el resto del corredor industrial de Guanajuato.
Parece que el Gobierno del Estado está aplicando la famosa frase que dice “A mis amigos, justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas”, que expresa una forma de ejercer el poder en la que se aplica la ley de manera distinta según la relación personal o política con el gobernante: a los aliados se les conceden beneficios o excepciones; a los adversarios se les aplica la ley con todo su rigor.
Las diferencias entre los políticos no deben repercutir en la sociedad, ni el poder debe usarse para hacer ver mal o ridiculizar al otro. Los guanajuatenses merecen madurez y debates de altura.
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