El Estado mexicano incumplió el plazo fatal extraordinario otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder a la demanda de 14 magistrados y jueces federales destituidos. A pesar de contar con una prórroga de cuatro meses que venció el pasado 15 de mayo, las autoridades federales omitieron presentar sus consideraciones de defensa frente al litigio internacional que impugna la reforma judicial por violar las cláusulas convencionales de independencia judicial fijadas por la Corte IDH.
