Guanajuato.- Es necesario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicie una investigación sobre la situación de los derechos humanos en México, en particular, luego de presuntos abusos policiacos contra participantes en la llamada “Marcha de la Generación Z”, ocurrida el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.
Así lo afirmó el legislador guanajuatense Fernando Torres Graciano (PAN), quien formó parte de la comitiva de diputados federales que llevó la queja a dicho organismo el pasado miércoles.
No es intervención extranjera, es un organismo supranacional
Fernando Torres Graciano abordó las críticas respecto a cómo podía un legislador ir a Washington a pedir la presunta intervención de un gobierno extranjero (Estados Unidos) en los asuntos del País.
El diputado aclaró que no ocurrió tal cosa, sino que se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte de la OEA (Organización de Estados Americanos), de la que México forma parte desde 1948.
Torres Graciano defendió que no hay ninguna visita a otro gobierno, sino a un organismo supranacional en el que México suscribió convenios y acuerdos. Señaló que la misma Constitución da la posibilidad de acudir a instancias internacionales, replicando así a las críticas de traición a la Patria. Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio, acudiendo a la OEA y a la ONU.
Piden Investigar a Bloque Negro y a Funcionarios de CDMX
El grupo de legisladores exigió que se investigue también a los integrantes del llamado “Bloque Negro”, individuos que actúan con violencia contra propiedades, mobiliario urbano y, en particular, contra ciudadanía y policías, con la intención de “reventar” cualquier protesta pacífica.
El diputado advirtió que no hay un solo detenido del Bloque Negro, mientras que algunos de los manifestantes fueron acusados de intento de homicidio. Agregó que no hay comunicación directa con las personas afectadas, la mayoría de las cuales, aseguró, ni siquiera son militantes panistas y mucho menos integrantes del Bloque Negro, pero aún así fueron golpeados y reprimidos por la Policía de la CDMX.
Torres Graciano replicó que son los morenistas quienes históricamente han “usado” a estos grupos en todo tipo de marchas, en particular, en las feministas, pero “curiosamente nunca aparecen en los eventos, marchas y mítines de Morena”.
En el expediente presentado ante la CIDH se pide investigar las acciones del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, al gobierno de Clara Brugada (en CDMX) y al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, para ver si hubo excesos. El diputado también declaró su extrañeza de que para el #15N la policía capitalina no instaló los protocolos de acceso al Zócalo para detectar objetos que puedan ser usados como arma, lo que suele hacer.
Acciones pendientes y la CNDH “invisible”
El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, presentó el día 24 ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por los mismos hechos.
Torres Graciano detalló que habrá que esperar a que se agende la audiencia con la Comisión del pleno (que podría ser a partir de marzo del próximo año) para ver si es procedente que se dé el monitoreo y, en su caso, se brinden recomendaciones en materia de derechos humanos.
El diputado advirtió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) parece “invisible” pues no toma postura sobre este tipo de acontecimientos.
¿Qué es la CIDH?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, a fin de salvaguardar la dignidad de las personas y afianzar el Estado de derecho y la democracia. Tiene su sede en Washington.
Violencia y respuesta gubernamental
La reciente Marcha de la Generación Z en el país generó un fuerte debate sobre la violencia y la respuesta gubernamental. Científicos como el leonés Axel Juárez condenaron los actos violentos y urgieron al gobierno a escuchar las demandas de los jóvenes y ofrecer señales claras de diálogo para evitar la escalada de la confrontación social.
La movilización resultó en la detención de 19 personas, aunque la mayoría de los aprehendidos fue liberada posteriormente. No obstante, tres de los detenidos enfrentan cargos graves, acusados de tentativa de homicidio por presuntamente agredir a policías durante la manifestación.
Como reacción a la violencia policial reportada, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra elementos policiacos por presuntos abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el operativo. Inicialmente, la FGR no aceptó la denuncia de manera inmediata, aunque activistas y defensores de derechos humanos insisten en el proceso legal contra las fuerzas del orden.
En esencia, la marcha destacó la necesidad de una comunicación efectiva entre el gobierno y la juventud, al tiempo que puso en evidencia las graves acusaciones cruzadas de violencia: tanto la ejercida por un pequeño grupo de manifestantes como la presuntamente cometida por las propias corporaciones policiales.
AAK
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