La propuesta federal para reemplazar la ley vigente desde 1988 dota a la nueva procuraduría de facultades penales y operativas para demoler infraestructura dañina, pero abre la puerta a la opacidad en manifestaciones de impacto ambiental.
La propuesta federal para reemplazar la ley vigente desde 1988 dota a la nueva procuraduría de facultades penales y operativas para demoler infraestructura dañina, pero abre la puerta a la opacidad en manifestaciones de impacto ambiental.
