LA QUEMA de vehículos ayer en Michoacán parece un reto directo para Omar García Harfuch, que apenas el jueves pasado estuvo en aquel -otro- emproblemado estado.

CON EL ARRANQUE del supuesto megaoperativo lanzado por el gobierno federal, se esperaba que al menos por ahora se tranquilizaran las cosas. Pero la resistencia a esas acciones está a la vista, pues se reportaron hechos de violencia en varios municipios michoacanos.

UNO DE LOS ASUNTOS más inquietantes es que muchas comunidades están armadas, ya sea por una vía supuestamente legal de autodefensa o por lo que grupos criminales inducen, lo que convierte a muchas zonas en un auténtico polvorín.

LOS NARCOBLOQUEOS suelen ser un arma de los delincuentes para evitar la salida de sus enemigos o para evitar la llegada de las autoridades. Sea por lo que haya sido, lo de ayer fue un claro desplante ante el llamado Plan Michoacán.

HACE unos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho que las relaciones de Estados Unidos con México eran “excelentes” y no había por qué pensar en una incursión armada estadounidense en nuestro país para combatir al narco, y ayer el presidente Donald Trump lo puso en duda.

EL MANDATARIO fue más allá al hablar de los incidentes de las marchas sabatinas para concluir que hay “grandes problemas” en México reiterando que estaría orgulloso de lanzar un ataque contra narcos en territorio mexicano. El tema no es la esquizofrenia, sino el ambiente que genera en materia de inversión, intercambio comercial y estabilidad económica.

QUIEN BRILLA por su ausencia en estos días es Dolores González Saravia. ¿Quién es? Pues se supone que la comisionada de Derechos Humanos en la CDMX. Pese al título, no se le ha visto ni escuchado en torno a los excesos que cometieron algunos policías en contra de manifestantes el sábado y las agresiones de encapuchados contra uniformados. Si bien la mayoría de los heridos fueron agentes de la SSP, la realidad es que también se registraron golpizas por parte de policías. Y en el tema de las detenciones queda por verse cuáles están plenamente justificadas y que no existan abusos de la autoridad.

EL ALCALDE de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, reaccionó rápido y ordenó la separación de sus cargos del director de Verificación, Roberto Puga Quintero, y el subdirector de Verificación Administrativa, David Axell Magaña Benítez, por pedir moche a comerciantes para regularizar los establecimientos.

LO QUE EXTRAÑA es que esta práctica llevaba un buen rato dándose en la alcaldía y muchos comerciantes temían denunciar. Ahora deberá venir una clara investigación, el castigo a los funcionarios extorsionadores y el fin de esas acciones delictivas desde la dependencia gubernamental.