Guanajuato.- Luego de que se ventilara que la iniciativa del PAN para crear la nueva Ley de Transparencia del Estado propone aumentar 10 días el plazo para que sujetos obligados entreguen información, legisladores del PRI y PVEM afirmaron que buscarán proteger el derecho ciudadano y evitar mayores retrasos.

El diputado Alejandro Arias, del PRI, afirmó que los plazos de respuesta deben mantenerse en el tiempo actual con el que han venido trabajando los entes obligados, sin extensiones que obstaculicen el acceso a la información pública.

Sergio Contreras, del PVEM, aseguró que su bancada pugnará en la comisión de Gobernación para que los plazos sean justos. Enfatizó que el hecho de que órganos estatales garanticen la información ya representa un retroceso institucional.

Contreras señaló que, independientemente de si son órganos desconcentrados o descentralizados los que manejen los datos, la pérdida de autonomía en la gestión de la transparencia afecta la rendición de cuentas en Guanajuato.

Análisis de Competencia

Alejandro Arias. Foto: Archivo AM.

Alejandro Arias destacó que actualmente existen dos iniciativas en revisión para la Ley de Transparencia: una presentada por el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) y otra por el de Morena (GPMORENA).

Creo que el tema de aumentar los días para la respuesta sería de lo menos complicado. Deben quedarse en el tiempo que está y con el que han venido trabajando los entes”, opinó Arias sobre la propuesta de ampliación de términos.

Subrayó que otro tema crítico en el que se debe tener especial cuidado es en el ámbito de competencia de la transparencia para evitar invasión de facultades federales.

De acuerdo con el legislador priista, ambas iniciativas contemplan incluir a partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados dentro de la normativa estatal de Guanajuato.

Habrá que recordar que estos están bajo la regulación exclusiva de la Federación, de conformidad con el artículo 3, fracción V, de la Ley General de Transparencia”, advirtió sobre la posible invalidez de la propuesta.

Agregó que dicho artículo establece que el INE es responsable de la información de partidos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y el Tribunal Federal de Conciliación lo son para los sindicatos.

Mantener esa propuesta en la Ley de Transparencia local abre la posibilidad de enfrentar controversias legales que detendrían la aplicación de la reforma.

Ya existen dos controversias constitucionales (192/2025 y 217/2025) promovidas por la Federación contra Puebla por pretender incluir a partidos y sindicatos como entes obligados”, alertó Arias.

Es un retroceso: Sergio Contreras

Sergio Contreras, diputado del PVEM.
Sergio Contreras. Foto: Archivo AM.

El diputado Sergio Contreras Guerrero, del PVEM, señaló que desde que se planteó la desaparición de los organismos autónomos de transparencia, tanto federal como estatal, comenzó un retroceso democrático.

Tengo entendido que a nivel federal hay un plazo ordinario de 20 días hábiles con una prórroga de hasta 10 días adicionales, y que la intención es homologar esos tiempos”, explicó sobre la normativa actual.

También criticó que la transparencia antes estaba en manos de personas apartidistas sin sumisión laboral directa con el Ejecutivo, situación que cambiará con las nuevas estructuras de gobierno.

“Hoy los órganos dependerán de secretarías como la de la Honestidad en el estado o su símil federal. Se crearán organismos a criterio de cada Ejecutivo, y desde ahí ya tenemos un retroceso”, enfatizó Contreras.

Apuntó que para las respuestas de información se deben buscar plazos equilibrados para que el ciudadano obtenga datos y la autoridad cumpla, evitando que siempre se terminen duplicando los plazos de entrega.

No es el principal problema: David Martínez

David Martínez
David Martínez Mendizábal. Foto: Archivo AM.

El diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, coincidió en que incrementar el plazo es un retraso para la transparencia, aunque consideró que ese no es el dilema central de la reforma.

A mí no me preocupa tanto. No creo que ese sea el principal problema de la falta de transparencia, sino el funcionamiento de las instituciones”, afirmó el legislador morenista.

Agregó que si se aumentan los días pero la Secretaría de la Transparencia sigue operando igual, no habrá cambios reales en cómo el gobierno comunica sus resultados financieros y de gestión.

“Para mí el problema fundamental es el funcionamiento de las instituciones obligadas a generar transparencia, porque simplemente no lo hacen aquí en Guanajuato”, sentenció Martínez Mendizábal.

Completó diciendo que existe un “sistema de ocultamiento” que debe modificarse, mencionando como ejemplo las dificultades para obtener información sobre casos específicos de la administración pasada.

Tengo muchos ejemplos, pero el último es el que propusimos para dar transparencia al asunto de la casa de Diego Sinhue”, recordó el diputado sobre las barreras encontradas en solicitudes previas.

Tras recordar las malas experiencias con el extinto Iacip, confió en que el análisis de las reformas por parte de Juan Carlos Romero Hicks se lleve a cabo con total certidumbre legal.

Copian y pegan para nueva ley

Los diputados locales del PAN “no se la quebraron” para elaborar su iniciativa para crear una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. Se limitaron a “copiar y pegar” la ley federal

La iniciativa, presentada ante el Pleno del Congreso el 17 de diciembre de 2025, es una copia casi identifica de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el decreto del 20 de diciembre de 2024, de acuerdo con la revisión realizada por AM de parte de ambos documentos.

El Congreso del Estado tendrá que aprobar una nueva Ley de Transparencia, por mandato de la Ley General en la materia y de la Constitución Federal, que ordena la desaparición de los órganos estatales de transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP) entre ellos.

En la redacción de su propuesta, que tendrá que discutirse y, en su caso,  aprobarse en las próximas semanas, los diputados panistas copiaron tal cual la ley federal, sin cambiar la redacción, en muchos, la gran mayoría, de los 186 artículos que contiene. 

Ejemplo de esto son los artículos 10, 12, 17 y 39 del Capítulo de los principios de transparencia y acceso a la información pública, que son idénticos.

Instancias de seguridad, a rendir cuentas 

De lo poco que hay diferente en la iniciativa del PAN respecto a la Ley General, está que no se incluyó la disposición de que todas las autoridades de seguridad pública, inteligencia e investigación, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere este artículo. Las funciones correspondientes serán responsabilidad exclusiva de la persona titular de la entidad o unidad administrativa.

Es decir, que en el Estado estas autoridades estarán bajo el mismo régimen de transparencia que los demás entes públicos.

Novedades: consejeros trabajarán gratis 

En ambas leyes se crean nuevas autoridades. Como lo establece la Ley General, que creó el Sistema Nacional y el Consejo Nacional, que serán las autoridades rectoras, la iniciativa panista propone crear el Subsistema Estatal de Transparencia y el Consejo Estatal, para Guanajuato.

Este funcionará a través de un comité, integrado por un representante de cada uno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de los cinco organismos autónomos estatales, además de los 46 Ayuntamientos como miembros y que el Estado se dividirá en cuatro regiones para agrupar a todos los municipios. 

Igual que lo hará el Consejo Nacional, el Consejo Estatal sesionará por lo menos cada seis meses. 

Los integrantes del Comité de cada Subsistema de Transparencia contarán con voz y voto, y ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación por su participación.

En materia de obligaciones de autoridades garantes, la Ley General solo tiene tres fracciones, pero la iniciativa del PAN tiene 19, entre los que destaca: resolver los recursos de revisión interpuestos por particulares. Esta tarea la hacía el IACIP, que está por desaparecer. 

AAK

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