Guanajuato.- Durante 2024 se recibieron en Guanajuato 1,689 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios, y aunque se iniciaron 2,199 investigaciones y concluyeron otras 1,313, hubo solo una persona despedida.
Esto, de acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025, que dio a conocer el Inegi.
Respecto a las sanciones, el municipio guanajuatense con más casos fue León, con 12 personas sancionadas: 10 por faltas administrativas no graves y 2 por faltas graves. El único despido estatal ocurrió en este municipio por una acusación de acoso sexual.
Así lo reveló la contralora municipal en León, Viridiana Margarita Márquez Moreno, quien detalló que las principales quejas contra los funcionarios locales son por acoso y hostigamiento laboral.
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Sobre las denuncias por acoso sexual, dijo que anteriormente lo máximo que alcanzaban estos señalamientos era el rango de “falta administrativa no grave”, situación que ha generado que solo el 3% de los casos terminen en sanción real.
Sin embargo, a partir del 27 de noviembre de 2025, hubo reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, lo que ya permite considerarlas como falta grave, permitiendo destituciones e inhabilitaciones temporales.
Analizando las denuncias de manera general, en 2024 en los municipios de Guanajuato solo se sancionó de alguna forma a 61 personas. La mayoría de los castigos fueron simples amonestaciones en privado.
Las cifras indican que, respecto al informe de 2023, aumentó en más de 15% la cantidad de quejas registradas, pero disminuyó la proporción de aquellas que resultaban procedentes para ser investigadas.
Mientras en el reporte anterior hubo un total de 1,467 quejas con un 59.8% de procedencia, dos años después dicha proporción bajó al 57.8%, reflejando los retos que enfrentan las denuncias por acoso sexual en dependencias de gobierno.
Acoso sexual
A pesar de la trascendencia de las denuncias por acoso sexual, en el informe del Inegi no aparecen claramente definidos esos casos dentro de la estadística general de sanciones.
Cuestionada al respecto, la contralora Viridiana Márquez reconoció que, en León, estas denuncias quedan englobadas en la categoría “No desempeñar sus funciones con disciplina y respeto”, consideradas hasta el año pasado como no graves.
El Censo del Inegi indicó que el municipio leonés registró 274 denuncias derivadas del incumplimiento de obligaciones; la Contraloría afirma que pueden presentarse de forma presencial o digital con reserva de datos.
“Muchas de las denuncias que recibimos no necesariamente el ciudadano busca que se sancione al servidor público, ellos quieren que se les arregle la problemática que tienen de manera inmediata”, explicó la funcionaria.
Márquez advirtió que en ocasiones las sanciones tardan en quedar en firme porque los implicados acuden a otras instancias, como el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), para impugnar las resoluciones.
En casos de acoso sexual existe acompañamiento del Instituto Municipal de las Mujeres y de la “Ombudsperson”, bajo el seguimiento de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos.
Dijo que ahora se busca sancionar para inhibir estas conductas; desde 2024 a la fecha van 5 personas sancionadas por acoso sexual, aunque el despido de 2024 aún se analiza en el TJA.
Presupuestos
El CNGMD reportó que el presupuesto ejercido en 2024 por los órganos internos de control en Celaya fue de 24.6 millones de pesos, mientras que en Irapuato fue de 14.3 millones y en Guanajuato capital de 10.7 millones.
Otros municipios contaron con recursos más modestos: Salamanca con 8 millones, León con 7.5 millones, Abasolo con 2.6 millones y Pueblo Nuevo con apenas 511 mil pesos.
Procedimientos iniciados y concluidos
Los municipios de Guanajuato iniciaron en 2024 un total de 2,199 procedimientos de responsabilidad administrativa. León y Celaya encabezaron la lista con 284 y 266 casos, respectivamente.
Destaca que Acámbaro, Ocampo, Pueblo Nuevo y Yuriria no iniciaron un solo proceso, pese a que algunos recibieron denuncias ciudadanas durante el periodo reportado.
En el caso de procedimientos concluidos, 13 municipios se fueron “en ceros” en este rubro; por su parte, Celaya concluyó 172 investigaciones y León finalizó 311 expedientes.
Sanciones
Sobre las sanciones, el Censo indica que en el país se sancionó a 7,465 personas servidoras públicas. Guanajuato ocupó la posición 19 nacional con 61 personas castigadas.
El primer lugar nacional fue para Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, con 929 sancionados. En Guanajuato, 58 sanciones fueron por cuestiones no graves y solo tres fueron consideradas graves.
De las faltas graves, una fue por desvío de recursos y dos por abuso de funciones y violencia política contra las mujeres en León y Dolores Hidalgo, reflejando el rigor que enfrentan exfuncionarios bajo proceso.
Presuntos delitos
El informe de Inegi desglosa denuncias por presuntos delitos: 17 por abuso de autoridad, 2 por cohecho, 4 por ejercicio indebido del servicio público, 2 por peculado y 5 de otro tipo.
Esta vigilancia es clave ante casos de opacidad, como los señalamientos por el carpetazo a investigaciones de exmandatarios estatales.
El calvario de una denuncia
Un caso reciente de presunto acoso sexual ocurrió en SAPAL, donde la Prodheg publicó la recomendación 0648/2024 que provocó la renuncia de Luis Arturo Hernández Olmos, jefe de Comunicación.
De acuerdo a la resolución, una joven denunció comentarios sobre su cuerpo e invitaciones inapropiadas desde 2023. Al ser nombrado jefe, el agresor la obligaba a asistir a eventos fuera de oficina.
La quejosa enfrentó un entorno revictimizante: fue separada de su lugar de trabajo y reubicada seis veces, incluso frente a su agresor, lo que le causó un alto riesgo psicosocial según informes psicológicos.
En noviembre de 2025, la Prodheg acreditó la violación al derecho humano a una vida libre de violencia; para el exfuncionario, sus expresiones fueron simplemente “bromas”.
AAK
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