La semana pasada nos enteramos de la presentación de una iniciativa que busca reforzar y endurecer los requisitos para los proveedores que quieran vender sus productos o servicios al Municipio de León, incorporando nuevas reglas para acreditar la ubicación real y, sobre todo, para poder determinar con claridad quiénes son los verdaderos controladores y beneficiarios de las empresas.
Todo esto surgió derivado de una investigación periodística que descubrió la existencia de un patrón de negocios similar en varios proveedores, en donde los accionistas, los domicilios, los giros, los representantes legales y hasta los fedatarios públicos mantenían conexiones que hacen concluir que alguien se beneficiaba directa e indirectamente de esta red de empresas.
La iniciativa fue presentada por la síndica María Esther Santos de Anda, a quien, como responsable de la Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública y como presidenta del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, le correspondía encabezarla. Sin embargo, más allá de los nombramientos legales inherentes a su puesto, la síndica Santos de Anda es una destacada ciudadana, experta en temas financieros y fiscales, con una reconocida trayectoria profesional de muchos años en nuestra ciudad.
Lamentablemente, dicha iniciativa fue presentada revuelta con otras iniciativas que está impulsando la fracción del PAN en el Ayuntamiento, diluyéndose con esto el efecto mediático y la trascendencia política que tiene para la ciudad.
No me queda duda de que, si la propuesta de modificación al reglamento de compras se hubiera impulsado solo por la síndica Santos de Anda y por las regidoras Valeria Aurelio y Luz Graciela Rodríguez, así como por el regidor Luis Gerardo González, quienes son los cuatro ediles que aún conservan la etiqueta ciudadana y no partidista, hubiera nacido con mucha mayor potencia y legitimidad. Pero, al no ser así, se perdió la oportunidad para que realmente los ciudadanos sin partido tuvieran un peso específico mucho mayor en las decisiones del Ayuntamiento.
Al haberse aceptado que la iniciativa fuera simplemente una pieza más de la agenda panista y haber permitido que se subieran los ediles de esta fracción, su nacimiento fue contaminado y ensuciado por los intereses partidistas, que no necesariamente siempre están alineados con el bien de todos, sino que muchas veces se alinean con la conveniencia electoral panista.
Además, este hecho deja en evidencia que los ediles panistas siguen ejerciendo control y presión sobre los ciudadanos en el Cabildo. Se aprecia que el aparato Gobierno-partido está siendo efectivo para influir en el actuar ciudadano. Parece que los llamados a cuentas ejercidos desde Guanajuato están surtiendo efecto.
Se fue una oportunidad para demostrar independencia ciudadana, encajonando a los ediles sin partido a seguir siendo coordinados por el síndico Román Cifuentes, a quien su militancia panista lo ha mantenido en puestos gubernamentales, transitando sin ningún legado trascendente y destacando hoy solo por las amenazas que le hizo a la alcaldesa por haberse cambiado de partido.
Si la iniciativa presentada por la síndica hubiera sido solo ciudadana, se habría tenido mayor capacidad de negociación y, por lo tanto, mayor posibilidad de éxito con las otras fuerzas políticas en el Ayuntamiento. También habría conservado el espíritu técnico y ciudadano con el que se llevaron a cabo las mesas de trabajo para armar la iniciativa, en las que participaron expertos en transparencia, líderes de colegios de profesionistas, exservidores públicos de las áreas financieras, etcétera.
Los ciudadanos no debemos perder nunca de vista que somos más fuertes como independientes que perteneciendo a los intereses del PAN o de cualquier partido. Nunca perdamos de vista que los partidos buscan a los ciudadanos para legitimarse, y no al revés.
LALC
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