Guanajuato.- El senador Miguel Márquez Márquez y el diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra, ambos del PAN, se manifestaron en contra de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias impulsados por el Gobierno federal, al calificar la propuesta como una “ley censura”.
En contraste, el diputado federal de Morena Ernesto Prieto Gallardo aseguró que se tergiversa la información y se centra la narrativa en las supuestas desventajas de esta regulación. Añadió que la libertad de expresión “no es absoluta y no puede ejercerse arbitrariamente”.
Las posturas se dieron en el contexto de la consulta pública que se realiza del 27 de julio al 21 de agosto sobre estas disposiciones, que serían obligatorias para concesionarios de televisión, radio y audio restringido, así como para programadores.
Los lineamientos fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con el objetivo de hacer efectivo el derecho constitucional de las audiencias a recibir información veraz, mediante distintos mecanismos a cargo de las personas defensoras de las audiencias.
Si un medio no atiende las recomendaciones de su defensor, el caso podría ser remitido a la CRT para que intervenga y, en situaciones extremas en las que se determine una vulneración de derechos, aplique multas de entre 0.01 % y 1 % de los ingresos anuales acumulables del concesionario.
Rechazo rotundo del PAN
El senador panista Miguel Márquez enfatizó que está en contra de este proceso de consulta, al considerar que los lineamientos sustituyen la regulación que anteriormente estaba a cargo del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero ahora persiguen otros fines.
“No es más que una simulación para controlar a los medios de comunicación. En este caso concreto, ahora van sobre la televisión y la radio. Después podrían ampliarlo a otros medios digitales, como lo intentaron en su momento, y a la prensa”, expresó en entrevista con AM.
Señaló que la Comisión está vinculada directamente con el Poder Ejecutivo, a diferencia de la autonomía que tenía el IFT antes de la entrada en vigor de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“Estoy en contra de la ‘ley censura’, porque cuando una autoridad concentra el poder para decidir qué puede decirse y qué no, se debilita y termina por destruir algo fundamental en la vida de un país: la democracia”, añadió.
Incluso, advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia modelos autoritarios como los de Nicaragua, Cuba o Venezuela.
En el mismo sentido se pronunció el diputado federal panista Alan Márquez, quien rechazó la propuesta y también la calificó como una “ley censura” contra los medios de comunicación.
“Utilizar la regulación para limitar el trabajo periodístico, inhibir la crítica al Gobierno o generar mecanismos de censura indirecta nunca tendrá como objetivo promover el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión ni su derecho a informarse por los medios y las vías que considere convenientes”, indicó al ser consultado por AM.
Señaló que, si bien está a favor de los derechos de las audiencias y del derecho de réplica, consideró “una aberración y una equivocación” llevar estas medidas al extremo de restringir la libertad de expresión.
“Me parece que cada vez vemos en México a un Gobierno de Morena que, en todas sus vertientes, trabaja para restringir y limitar los derechos de la ciudadanía”, añadió.
¿Qué harán al respecto?
El exgobernador Miguel Márquez señaló que defenderá desde la tribuna su postura contra la imposición de estas nuevas regulaciones a la radio y la televisión.
“Más que nunca, los medios de comunicación y la ciudadanía tenemos que levantar la voz, porque si algo ha ayudado a que la democracia crezca en este país son las distintas opiniones, los diferentes puntos de vista y la ausencia de censura”, dijo.
También recordó un antecedente reciente en el que, afirmó, el Gobierno federal buscó un objetivo similar que finalmente no prosperó.
“Recuerdo que hace un año, durante el debate sobre la nueva ley de telecomunicaciones, quisieron controlar el tema de las plataformas y los medios digitales. Hubo una presión enorme de la ciudadanía y el tema se echó para atrás”, agregó.
Morenista defiende regulación
El diputado federal Ernesto Prieto, de Morena, argumentó que la “derecha conservadora”, que a su juicio controla la mayoría de los medios de comunicación, emprendió una campaña de desinformación y construyó una narrativa sobre una supuesta censura y limitación a la libertad de expresión.
“Tergiversan y centran su narrativa en las supuestas desventajas cada vez que existen procesos para ampliar o equilibrar derechos colectivos”, indicó en una postura escrita enviada a AM.
Explicó que la libertad de expresión tiene límites constitucionales desde la redacción original de este derecho en 1917, especialmente cuando se afectan los derechos de terceros o se comete un delito.
“La interpretación judicial ha sido amplia para alcanzar un equilibrio entre la libertad de expresión ejercida por los medios de comunicación y el derecho de las audiencias a recibir información veraz, lo cual enfrenta ahora nuevos retos propios de la era de la inteligencia artificial”, añadió.
Como ejemplo, mencionó casos en los que, aseguró, televisoras y radiodifusoras se alinearon con los gobernantes y manipularon la información.
También señaló que la existencia de una oferta variada de programas, estaciones o canales no es suficiente para garantizar la defensa de los derechos de las audiencias.
“Ese es un argumento falso porque busca confundir la esencia con el ente. Sería tanto como decir que no es necesario regular el derecho a la no discriminación porque, por el simple hecho de que existe una variedad de personas, cada una tiene la libertad de relacionarse con quienes la traten bien y, por ello, no debería atenderse la existencia de actos discriminatorios”, indicó.
De qué trata la ley
El anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias quedó abierto a consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones recibirá observaciones antes de emitir las disposiciones definitivas para radio y televisión nacional.
Las disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, además de empresas programadoras. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 28 de julio, quien puntualizó que la prensa escrita y las plataformas digitales no están incluidas, porque las facultades actuales de la Comisión abarcan radio y televisión.
El procedimiento comenzará cuando una persona presente una queja ante la defensoría de audiencias del medio. La defensoría solicitará un informe al concesionario, revisará los hechos y determinará si hubo una vulneración. En caso afirmativo, deberá emitir una recomendación dentro de un plazo máximo de 20 días, según el anteproyecto.
Si el concesionario no atiende la recomendación, la persona podrá recurrir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Luisa María Alcalde informó que la Comisión intervendrá y que, en casos extremos de incumplimiento persistente, podrá imponer multas y sanciones como última instancia, conforme al procedimiento previsto en los nuevos lineamientos propuestos.
Los concesionarios deberán contar con un Código de Ética y designar al menos a una persona defensora de las audiencias. Alcalde señaló que deberá actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, sin conflictos de interés. En radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora pertenecerá a la comunidad.
El anteproyecto reconoce el derecho a recibir información veraz y oportuna, distinguir noticias de opiniones y diferenciar publicidad de contenidos editoriales. Los medios deberán identificar opiniones y anuncios mediante menciones, cortinillas o plecas. Deberán permitir el derecho de réplica ante información falsa o inexacta y ofrecer servicios de accesibilidad auditiva.
HLL
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