Ciudad de México.- Tres meses antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Gobierno de Guerrero pidió a la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, detener al Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pero no lo hizo, denunció el exGobernador Ángel Aguirre.
En la audiencia en la que esta madrugada fue vinculado a proceso por la desaparición forzada de los estudiantes, el exmandatario afirmó que si la antecesora de la Fiscalía General de la República (FGR) hubiese atendido la solicitud estatal, no hubiera ocurrido la tragedia del 26 de septiembre de 2014.
Al tomar la palabra, le dijo a Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, que la petición para proceder contra Abarca primero se hizo al delegado de la PGR en Guerrero y luego personalmente la planteó a Murillo Karam, pero no hubo interés.
“Le ruego revise cómo el Gobierno del Estado planteó dos o tres meses antes al delegado de la PGR detener a José Luis Abarca, si eso hubiese sucedido, no hubiera ocurrido lo de Iguala”, dijo el imputado, vestido con pants gris oscuro y sentado en silla de ruedas.
“Después le pedí personalmente a Jesús Murillo Karam que actuara y detuviera a Abarca para evitar el trámite del desafuero a nivel local; Murillo Karam me dijo en ese entonces que se iba a operar de la garganta y que se lo iba a pedir a Mariana Benítez Treviño (entonces subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales). Planteé que se detuvieran o investigaran a otros presidentes municipales. Nunca en mi vida he tenido un vínculo con un grupo de la delincuencia organizada, tengo la conciencia tranquila. Jamás me he sentado con un miembro de la delincuencia organizada ni he recibido un peso de la delincuencia organizada. El día que me lo acrediten, como se trata de insinuar, que proceda el juez a castigarme”.
En su intervención, defendió la actuación de las autoridades estatales en las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa, previo a que la PGR atrajera la indagatoria, ya que su administración incluso evitó que la tragedia fuera más grande, al rescatar a decenas de víctimas.
“Aunque se quiera decir que fuimos omisos, no lo fuimos, nosotros detuvimos a los agentes de la Policía Municipal de Iguala y, aunque se niegue, nosotros rescatamos a más de 60 jóvenes que bien pudieron seguir la misma suerte que los 43 normalistas”, sostuvo.
Antes de tomar la palabra, padres y madres de los normalistas intervinieron en la diligencia y le pidieron al exgobernador Ángel que les informara dónde estaban sus hijos, ya que lo acusaron de ser uno de los responsables de la tragedia.
La respuesta del ex Mandatario fue que, si tuviera esa información, ya se las habría comunicado.
“Yo entiendo el dolor de los padres, sé lo que es perder un hijo porque mi hijo murió de un aneurisma hace 6 años. Si yo supiera dónde están sus hijos, lo dijera, tengan la absoluta certeza, sería un desalmado si no aportara la información. Al contrario, estos 12 años han sido cargar una losa para mí y toda mi familia”, expresó.
“Yo escucho la condena de las madres, las entiendo perfectamente, sé del dolor, quisiera decirles dónde están sus hijos, pero no tengo esa información. Ojalá Dios quiera que se encuentre algo allí (en las funerarias) a través del nuevo Fiscal Mauricio Pazarán”.
También se refirió a la magistrada Lambertina Galeana Marín, ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex visitadora general de la misma institución, quienes declaran en su contra.
De hecho, dijo que esta última es una delincuente que debiera ser investigada por sus probables vínculos con “El Patrón”, un hombre que supuestamente ordenó entregar a los estudiantes al grupo criminal “Guerreros Unidos”, pero su identidad aún no ha sido esclarecida.
“Ya me habían advertido que esto podía venir, porque la señora que hace la denuncia (Estrada) me había pedido que la hiciera Procuradora, Presidenta del TSJEG o magistrada. Sería importante que ustedes los fiscales investiguen los vínculos de la señora con ‘El Patrón'”, expuso.
“Yo estoy acreditando que nunca conocí esos videos, esa señora que dio esa información es una mitómana y una delincuente; la otra señora Lambertina Galeana debió haber entregado de inmediato esos videos ¿por qué me los tendría que entregar a mí?”.
Procesan a Ángel Aguirre por desaparición de los 43 de Ayotzinapa; seguirá preso
Ciudad de México.- Un juez federal vinculó esta madrugada a proceso a Ángel Aguirre Rivero, ex Gobernador de Guerrero, por la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano.
Mario Elizondo Martínez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió que la FGR ofreció los datos de prueba suficientes para presumir que existe un hecho que la ley marca como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió.
El impartidor de justicia también fijó un término de 4 meses para la investigación complementaria. Un plazo previsto para que las partes acopien sus respectivas pruebas y que fenecerá el próximo 4 de diciembre.
Ángel Aguirre fue procesado por el delito de desaparición forzada de persona, en una modalidad que sanciona con 40 a 60 años de prisión y con 10 mil a 20 mil días de salario al servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona.
La imputación específica consiste en que habría ordenado ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Videos de la noche de desapariciones
La base de la imputación son los testimonios de la Magistrada Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG) y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora General de la misma institución.
Estrada declaró que el 29 de septiembre de 2014 robó en la oficina de Galeana el disco con los videos de la noche de las desapariciones. Los entregó ese mismo día a las 20:30 de la noche a Aguirre, en Chilpancingo.
Al día siguiente, dijo que hubo dos reuniones en el Palacio de Gobierno en la capital de Guerrero, en las que Aguirre cuestionó a miembros de su gabinete si ya habían destruido las evidencias del caso de los normalistas, porque estas desapariciones no podían pasar a mayores, ya que él tenía muchas relaciones con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Estrada asegura que ella y Galeana acudieron a esas reuniones.
La FGR ofreció 13 datos de prueba contra Aguirre, entre ellas los testimonios de las ex funcionarias, ambas también procesadas, mientras que Aguirre presentó 31 datos de prueba.
El juzgador dijo que en el delito de desaparición forzada, la norma le obliga a realizar un análisis atenuado, flexible y basado en pruebas indiciarias.
“Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”, manifestó.
Esta audiencia originalmente estaba programada el martes a las 10:00 de la mañana, pero inició hasta las 12:47 y concluyó hasta las 2:31 de la madrugada de este miércoles.
Al término de la diligencia, la defensa de Aguirre lamentó el fallo del juez y adelantó que apelará el procesamiento.
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