Hay discusiones que parecen habitar únicamente el terreno de lo abstracto hasta que cruzan la puerta de un consultorio. Ahí, el debate político se transforma en la realidad de tantas mujeres, niñas y personas con posibilidad de embarazo.
Cuando una mujer llega a un hospital con una complicación obstétrica, no llega pensando en códigos penales. Llega porque algo duele, porque el cuerpo avisa que el límite ha sido alcanzado y necesita atención. Nuestro trabajo como profesionales de la salud es recibirla, escucharla y responder a esa llamada. Pero para hacerlo con plenitud, requerimos de un suelo firme: que las normas nos permitan anteponer la salud y la vida de nuestra paciente por encima de cualquier sombra punitiva.
Porque el aborto, antes que cualquier otra cosa, es un asunto de salud.
La Organización Mundial de la Salud lo sitúa dentro de los servicios esenciales. Cuando se garantiza con los métodos recomendados y las capacidades técnicas adecuadas, es una intervención médica segura. El peligro no nace del procedimiento, sino de las murallas que se levantan para impedir un acceso oportuno, seguro y digno.
Existe una verdad incómoda que debería reorientar la conversación, restringir el derecho no extingue la práctica; únicamente la empuja hacia la inseguridad y el riesgo. Según cifras de la OMS, cerca del 45% de los abortos en el mundo ocurren en condiciones de inseguridad. Las consecuencias de esa exclusión se traducen en hemorragias, infecciones, lesiones severas y cicatrices prevenibles. Cada año, alrededor de siete millones de mujeres en países en desarrollo cruzan las puertas de un área de urgencias lidiando con las secuelas de un aborto inseguro.
Por ello, legislar sobre el aborto es, de manera ineludible, legislar sobre salud pública. Las barreras legales no discriminan únicamente a las pacientes; también arrastran al personal de salud a una intemperie jurídica que desfigura el acto de curar. En los consultorios, centros de salud y equipos domiciliarios, no debería existir la zozobra de preguntarse si el gesto clínico que salva una vida será respondido con una sanción judicial.
Frente a una paciente que demanda auxilio, nuestro norte debe ser su bienestar, comprender su historia, evaluar su cuerpo y procurar el mejor cuidado posible. Para sostener esa ética, necesitamos marcos normativos claros, cimentados en la evidencia científica y en la compasión clínica.
Cuando un procedimiento médico continúa atado a amenazas penales, el juicio profesional se distorsiona. El expediente clínico se contamina con una sombra insostenible: ¿qué consecuencia legal enfrentaré por haber atendido a esta persona?
Eso es, precisamente, lo que hoy está en juego en Guanajuato.
Nuestro estado persiste en la omisión de armonizar su legislación con los criterios constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha trazado con claridad. Y mientras, los que hacemos parte del personal médico vivimos una realidad: leyes que se convierten en el mayor obstáculo para cuidar y proteger. Mientras esa brecha entre la Constitución de nuestro país y la norma local permanezca abierta, los profesionales de la salud y los pacientes caminarán a ciegas sobre un terreno minado de incertidumbre.
Un punto que debemos también considerar, es que esta incertidumbre y vulnerabilidad no golpea a todas las mujeres guanajuatenses con la misma fuerza. Quien posee recursos económicos, información y redes de movilidad puede franquear la frontera estatal para buscar auxilio en otro sitio. Sin embargo, para quien carece de esos privilegios, la ley se vuelve una cadena invisible que profundiza la desigualdad.
El horizonte que hoy se abre ante Guanajuato nos convoca a una pregunta esencial: ¿qué necesitamos para cuidar con rigor y ejercer nuestra vocación con absoluta certeza?
A las y los legisladores les corresponde asumir la responsabilidad histórica de legislar. Construir leyes que honren el derecho a la salud, que den paz a quienes atienden y son atendidas , y que respeten el orden constitucional. Mantener la legislación sin armonizar tiene un costo humano cotidiano, prolonga un limbo legal que golpea todos los días en las manos de quienes sostienen la salud pública.
La ciencia ha hablado con claridad. La Suprema Corte también. Lo que urge es tender un puente entre ese marco jurídico y la realidad palpitante de los consultorios, hospitales y centros de salud.
Si la sospecha y el miedo a la cárcel cruzan la puerta del consultorio, la criminalización deja de habitar únicamente en los códigos escritos para instalarse, dolorosamente, entre el personal de salud y las pacientes.
INSERCIÓN PAGADA
RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN: DRA. JOSELYN RIVERA VILCHIS
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
