Guanajuato, Guanajuato.- El Tribunal Estatal Electoral declaró que el diputado priista Alejandro Arias Ávila no incurrió en violencia política de género contra Yulma Rocha Aguilar, su entonces compañera de partido, también diputada y hoy precandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guanajuato.

Esta decisión se tomó “porque la denunciante no acompañó el elemento de prueba suficiente que demuestre, al menos en grado indiciario, que se realizara algún acto que la violentara o actualizara la conducta aludida”.

No obstante, el Tribunal advirtió que los hechos anteriores podrían constituir responsabilidad administrativa, por lo que dará vista a la Contraloría Interna del Congreso, “ya que la quejosa dijo sentir discriminación económica e institucional”. 

La resolución se tomó por mayoría de los magistrados Yari Zapata López y Alejandro Martínez Mejía, con el voto y argumentación en contra de la magistrada Dolores López Loza. 

Este asunto surgió el 3 de noviembre de 2022, cuando la mayoría del Congreso del Estado votó en contra de la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de Seguridad Pública hasta 2028. 

Una de las diputadas que votó en contra fue la entonces priista Yulma Rocha, a contracorriente del voto a favor de sus tres compañeros del PRI: Alejandro Arias, Ruth Tiscareño y Gustavo Adolfo Alfaro, quienes lo hicieron a favor. 

En enero de 2023, Yulma Rocha dijo ante los medios de comunicación que había denunciado ante el IEEG violencia política de género contra el diputado Alejandro Arias Ávila, coordinador de la fracción del PRI, por haberle descontado 25 mil pesos mensuales de sus gastos legislativos como “castigo” por votar en contra de la iniciativa referida. 

En la resolución de este asunto, que se dio en la sesión del Tribunal Estatal Electoral del lunes, se estableció que si bien de las diligencias de investigación se demostró el mensaje la solicitud de apoyo para una iniciativa y la titularidad del teléfono de donde fue emitido y que Yulma sí participó en la votación mencionada y el sentido en que la realizó, así como la suspensión de la entrega de la cantidad monetaria que recibía mensualmente por parte del grupo parlamentario, no se demostró que estos hechos tuvieran relación, es decir, que uno fuera consecuencia del otro.

“Como tampoco que la conversación en la que la quejosa (Yulma Rocha) recibió comentarios agresivos de su entonces coordinador de grupo parlamentario (Alejandro Arias) se hubiera verificado en los términos denunciados, con la entidad suficiente para acreditar la conducta imputada”. 

Pide magistrada revisar denuncia por violencia política de género 

Pero la magistrada Dolores López Loza expresó durante la sesión que no estaba de acuerdo con la resolución de este asunto, pues consideró que se debió ordenar su reposición al no resolver el fondo del asunto. 

“Ya que desde mi perspectiva no es suficiente con que el denunciado niegue los hechos y la responsabilidad para considerar que la víctima debe acreditar la existencia de una conversación en la que este le profirió expresiones que podrían constituir violencia política en razón de género”.

También existe la declaración de ella de que al final de la sesión, se acercó con Alejandro Arias para que le informara por qué se le dejó de depositar ese apoyo.

“Así bajo un análisis con perspectiva de género y de los datos de prueba, considero que no era obligación de la quejosa aportar mayores elementos de prueba para acreditar su dicho, pues de los ya existentes se puede concluir razonablemente que sí pudo tener un acercamiento con el denunciado en dicha sesión, y por lo tanto era necesario ordenar mayores diligencias de investigación que permitieran a este tribunal contrar con los elementos suficientes para determinar si este hizo o no las expresiones que se le imputan”. 

Este criterio es acorde con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que la valoración de las pruebas en casos de violencia debe de realizarse con perspectiva de género y no trasladar a las víctimas la responsabilidad de aportar las pruebas para probar los hechos. 

AM buscó a la diputada Yulma Rocha por varios medios para conocer su postura al respecto, pero no fue posible localizarla.

CA