El gobierno de México y su legión de simpatizantes —entre los que se cuentan no pocos periodistas y académicos que, en la práctica, llevan tiempo exhibiéndose como entusiastas propagandistas— ha decidido tratar de manejar la crisis mayúscula que suponen las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, el senador Inzunza y otros ocho funcionarios recurriendo a dos estrategias.
