Ciudad de México.- Un ex subadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, identificado como Víctor “R”, fue inhabilitado un año por la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
La dependencia también informó de otros dos ex empleados del Banco del Bienestar (Banbien) que fueron inhabilitados por 10 años y se les impuso una sanción económica por haber sustraído alrededor de 275 mil pesos de las cuentas de beneficiarios de programas sociales.
Además, indicó, se sancionó con 10 años de inhabilitación a otro ex empleado de esa institución bancaria por realizar conciliaciones con información falsa.
Los sancionados fueron identificados como Juan “D”, ex subjefe de área; Orlando “P”, ex auxiliar de sucursal, y Marco “M”, ex asistente administrativo.
“Las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (Banbien) permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por cuatro ex servidores públicos”, señaló en un comunicado.
“Como resultado de estas investigaciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones de hasta por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanciones económicas”.
Las sanciones, aclaró la SABG, no son definitivas debido a que los ex servidores públicos pueden todavía impugnarlas.
Detectan red de lavado por 10 mil millones de pesos
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda detectaron uno de los casos de lavado de dinero más grandes de la última década en México, involucrando operaciones por casi 10 mil millones de pesos en un periodo menor a tres años.
La investigación, encabezada por la FEMDO, reveló que las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT registraron más de 17 mil depósitos millonarios y realizaron retiros masivos en favor de cientos de personas físicas y morales, muchas de las cuales ya habían sido catalogadas como empresas “factureras” (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria.
El esquema operaba mediante razones sociales constituidas en 2015 ante notarios de la Ciudad de México y el Estado de México, sin contar con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fungir como centros cambiarios o transmisores de dinero.
En el centro de la indagatoria aparece Vicente Estrada Viveros, quien fungía como accionista o apoderado legal en las tres entidades clave, coordinando movimientos financieros que igualan el presupuesto anual de dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores o Gobernación.
Finalmente, fuentes federales confirmaron que el caso ya ha sido llevado ante un juez y se espera una audiencia inminente para imputar a seis personas físicas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por su volumen, este expediente se posiciona como el segundo caso judicial más relevante de blanqueo de activos en el país, superado únicamente por el proceso de Black Wallstreet Capital, y situándose por encima de investigaciones históricas contra operadores financieros de grupos del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa.
AAK
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