Ciudad de México.- Mientras en el Congreso de la Unión comienzan a circular diversas iniciativas para ajustar el marco tributario, durante las administraciones de la Cuarta Transformación el padrón de contribuyentes activos ha registrado una desaceleración sostenida hasta ubicarse en tasas mínimas de crecimiento, escenario en el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus facultades de comprobación y auditoría sobre la misma base gravable.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el padrón de contribuyentes creció un 0.97 % durante 2025, alcanzando un total de 87.7 millones de personas físicas y morales registradas.
El desempeño del Padrón Federal de Contribuyentes confirma que las medidas recaudatorias han concentrado la presión fiscal en el universo de pagadores de impuestos ya cautivos.
La tasa de expansión del 0.97 por ciento representa el incremento anual más bajo registrado en el indicador por lo menos desde el año 2000.
De forma paralela, la autoridad fiscal ha endurecido los esquemas de supervisión mediante auditorías e inspecciones dirigidas, elevando el número de actos de fiscalización concluidos de 21 mil 572 en 2021 a 47 mil 525 al cierre de 2025.
Durante los primeros meses de 2026, el organismo recaudador contabiliza 32 mil 557 actos de fiscalización terminados, por lo que estimaciones oficiales proyectan alcanzar las 62 mil 229 intervenciones al cierre del presente ejercicio fiscal.
Mario Rizo, socio de la práctica de Gobierno Corporativo de la firma Salles Sainz Grant Thornton, advirtió que el estancamiento en el crecimiento del registro de contribuyentes constituye un indicador crítico, toda vez que un padrón que no se expande a la par del dinamismo económico restringe la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
Asimismo, el especialista apuntó que la métrica pone en evidencia las barreras estructurales que persisten en el país para incorporar a unidades económicas e individuos al sector formal.
“Es una señal que debe analizarse con cuidado porque México mantiene niveles elevados de informalidad laboral. La tasa de informalidad laboral se ubica alrededor de 55 % de la población ocupada, lo que significa que más de la mitad de las personas trabajan en condiciones de informalidad o sin acceso pleno a la seguridad social. Por sí sola, la caída en contribuyentes no demuestra un aumento de la informalidad, pero sí evidencia que el País sigue enfrentando dificultades para ampliar la participación de más personas y negocios dentro de la economía formal”, analizó Rizo.
El especialista identificó cinco factores estructurales que desincentivan la formalización en el territorio nacional: la reducida productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la complejidad de las gestiones administrativas, los costos laborales asociados, la baja percepción de incentivos directos y el modesto crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para los negocios de menor escala, el tránsito hacia el régimen formal conlleva asumir compromisos fiscales, cargas prestacionales y aportaciones de seguridad social que representan un costo operativo significativo frente a su margen de ingresos, concluyó el consultor.
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