Washington, Estados Unidos.- Días antes de la operación militar de Estados Unidos que sacó del poder a Nicolás Maduro en Venezuela, los abogados del gobierno del presidente Donald Trump respaldaron la acción al afirmar que “no alcanzaría el nivel de una guerra en el sentido constitucional” y serviría a “importantes intereses nacionales”, según una opinión legal que articula una visión robusta del poder presidencial. La estrategia para destituir de forma efectiva a Maduro se basó en facultades ejecutivas que evitaron la consulta previa al Congreso.
La versión fuertemente censurada del dictamen de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, publicada esta semana, arroja nueva luz sobre cómo el gobierno llegó a la conclusión de que estaba legalmente autorizado para lograr destituir a Maduro como presidente de Venezuela, medida efectuada en una sorprendente operación militar nocturna el 3 de enero.
La Oficina de Asesoría Jurídica redactó el documento de 22 páginas para el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
En este caso, el dictamen aborda la cuestión de si Trump podría ordenarle al ejército que ayudara a las fuerzas del orden a quitar al mandatario del poder para que pudiera enfrentar un proceso penal en Estados Unidos. La respuesta, según el dictamen, fue afirmativa, citando cinco razones distintas que validaban el plan para destituir a Maduro, incluyendo acusaciones “graves” por conspiración de narcotráfico y la posible necesidad de proteger a civiles.
“Aquí se nos dijo que asumiéramos que había hasta 200 guardias armados en lo que literalmente es un fuerte, los cuales han sido enviados y armados por otro país únicamente para garantizar la seguridad de Maduro“, dice el documento. “Este nivel de resistencia armada previsto respalda la necesidad de fuerzas militares para proporcionar seguridad al personal de las fuerzas del orden que lleva a cabo la entrega”.
Aunque la opinión identifica riesgos significativos, los abogados juzgaron que había una baja probabilidad de que ello derivara en una guerra total. Los líderes republicanos han dicho que no se les avisó previamente de la incursión para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Senado aprobó una resolución que limitaría la capacidad de Trump para llevar a cabo más ataques, mientras el mandatario presiona para frenar esta medida en la disputa por sus ambiciones en el hemisferio. Finalmente, en el Senado no se aprobó.
“Aunque no podemos especular sobre ninguna decisión presidencial en respuesta a la pérdida significativa de militares de Estados Unidos, se nos aseguró que no hay un plan de contingencia para participar en ninguna operación sustancial y sostenida que equivaldría a una guerra constitucional”, indica la opinión sobre la misión para destituir a Maduro.
“Se nos aseguró además que no hay un plan de contingencia que involucraría el uso de fuerzas estadounidenses para ocupar Venezuela en caso de que la remoción resulte en disturbios civiles. Basándose en esa evaluación, actualmente no planeamos ninguna acción que equivaldría a una guerra constitucional”, agregó el documento. La opinión legal concluye que el personal debe implementar la orden de manera razonable para que el uso de la fuerza sea legal en su ejecución.
HLL
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