Guanajuato, Guanajuato.– Este domingo se cumplieron 10 años de que 22 habitantes de San Luis de la Paz desaparecieron en su viaje a Estados Unidos y nunca más se volvió a saber de ellos.
Desde entonces y hasta la fecha, sus familias los han estado buscando, formaron el colectivo Justicia y Esperanza, uno de los 12 que en el estado están activos en esa actividad.
Este caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, a la Fiscalía General de la República, y aun así, no saben cuál fue su destino.
En la Fiscalía General del Estado no les han hecho mucho caso ni les han dado respuestas.
En entrevista con AM, María Ángela Juárez Ramírez, una de las integrantes del colectivo Justicia y Esperanza, que se formó para encontrarlos, narró el principio de este viacrucis.
Hace 10 años, el 21 de marzo de 2011, 22 hombres de varias comunidades salieron de San Luis de la Paz a bordo de un autobús rumbo a Texas para trabajar como ilegales, con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida debido a la situación de pobreza y a la falta de trabajo que enfrentan en su municipio.
“Se supone que todos iban a salir de San Luis de la Paz a Dolores Hidalgo pero no cupieron todos en el camión y 5 se regresaron a San Luis de la Paz y ahí el coyote compró 5 boletos a Monterrey.
Dicen que supuestamente un retén los paró y no supimos qué pasó. Cuando se van a Estados Unidos pasan entre 8 y 15 días para que los pasen y se comuniquen, pasó ese tiempo y preguntamos qué había pasado, fue cuando empezó nuestra preocupación”, recordó Ángela.
Solamente uno fue identificado en las fosas clandestinas ubicadas en San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
Debido a las irregularidades que caracterizaron la entrega del cuerpo, pidieron que la Comisión Forense, integrada por el equipo argentino de antropología forense y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), corroboraran la identificación; sin embargo, nada se sabe del resto del grupo.
Sus familiares los han buscado en carreteras, hospitales, terrenos baldíos, predios, cárceles, fosas, plazas y redes. La Fiscalía no les ha ayudado en nada.
Ya estaba Carlos Zamarripa de Procurador de Justicia. Nunca nos dijeron en qué quedó, qué avances había, está igual el caso. Apenas hace tiempo tuvimos acceso al expediente”, señaló Ángela, a 10 años de esa pérdida.
En aquella época, en virtud de que la entonces Procuraduría de Justicia del Estado no les hacía caso, los familiares se acercaron a una fundación de la Ciudad de México, llamada Fundación para la Justicia y del Estado Democrático de Derecho.
“Y ellos empezaron a apoyarnos jurídicamente y a abrirnos puertas. Aunque ellos eran abogados, la Fiscalía nos negaba el acceso.
“Y anduvimos firmando y metiendo papeles nosotros como colectivo. Así pasamos el primer año en 2011”, relató esta mujer de piel morena que habla con vehemencia al tocar el caso.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República en 2011 e interpusieron denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, a donde fueron algunos de sus compañeros con los abogados de la fundación.
Vimos que las autoridades por su cuenta no iban a investigar el caso y pedimos ayuda de fuera, es como nos toman en cuenta y como que se ponen a trabajar”.
Luego se les unió otra familia por otra persona desaparecida que iba con visa a Estados Unidos pero también se perdió.
“Ellos cuando vieron que no llegó, van a Monterrey a preguntar de dónde salieron, qué pasó y les comentaron que en un trayecto de Reynosa los bajaron en un retén y solamente subieron a los demás pasajeros y dejaron al hermano de esta compañera”, comentó Ángela.
En su afán de encontrar a su gente, el pasado 11 de marzo, Ángela se levantó a las 4:00 de la mañana y viajó de San Luis de la Paz a Guanajuato capital para participar en la reunión que tendrían representantes de varios colectivos de búsqueda con el fiscal Carlos Zamarripa.
Sin embargo, no la dejaron entrar, la dejaron en la calle junto con otras cuatro o cinco mujeres de otros colectivos.
“Después de 10 años las familias de los veintidós migrantes mexicanos no hemos tenido por parte del gobierno líneas claras de investigación y búsqueda”, agregó en un comunicado de prensa, el Colectivo Justicia y Esperanza.
Se quedaron sin sustento
Ángela dijo que el colectivo está formado mayoritariamente por mujeres: madres, hermanas, hijas, tías y sobrinas que buscan a los suyos.
Además de buscarlos y tocar todas las puertas de autoridades municipales, estatales y federales, han tenido que conseguir el sustento para mantener a sus familias, lo cual se ha complicado durante la pandemia.
“No ha sido fácil asumir el rol de buscadoras, jefas de hogar, sustento económico y emocional de la familia, en plena pandemia y, sobre todo, en un estado y en un país azotados por la violencia y la falta de medidas sustanciales de apoyo a casos como el nuestro”.
Después de mucho esfuerzo, que iniciaron desde que existía PROVÍCTIMA, comenzaron a recibir, tan solo en 2019, unas medidas alimenticias por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal.
“Sin embargo, las turbulencias continuas en dicha institución nos han dejado desamparadas desde hace más de un año”.
Por lo que hicieron un llamado a la persona que será electa como titular de la CEAV y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se regularice la entrega de sus medidas y que colabore con la CEAV.
“Por falta de medidas de atención a la salud, hemos dejado en el camino a una madre y un padre que murieron sin saber el paradero de sus hijos”, precisaron.
FGR tampoco da resultados
En el comunicado de prensa agregaron que hace un año, la Fiscal de Derechos Humanos de la FGR por propuesta del colectivo y de sus representantes, aceptó que el caso pudiera analizarse en contexto con otros casos, esperaban que eso pudiera abrir una puerta para poderles encontrar y saber la verdad de los hechos, pero todavía están esperando.
“Hemos aportado información fundamental para la investigación a la FGR; sin embargo, no hemos recibido análisis de contexto que asocien casos semejantes y determinen patrones, en la misma temporalidad de los hechos.
“Notamos todavía muchas deficiencias en las diligencias y el debido proceso ministerial y de investigación por parte de esta institución acerca de nuestros casos, justificando esta falta de seguimiento por la pandemia, así como el estancamiento de las mesas de trabajo sobre los casos por parte de los ministerios públicos”, reclamaron.
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