Guanajuato.- En la administración que está por concluir el Estado retiró el fiat a ocho notarios públicos por presuntas irregularidades, pero solamente en dos de los casos la resolución ha quedado firme, en el resto hay litigios en proceso o los acusados revirtieron la sanción en tribunales.
El director general del Registro Público de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Estado, Juan Hinojosa Diéguez, precisó que de los ocho casos en tres los notarios han ganado los amparos para revertir la sanción y hay tres que están en litigio.
“En general todas las sanciones cuando se terminan de imponer a los notarios son recurridas por ellos, son procesos que luego pueden llevar algo de tiempo.
En tres les concedieron la protección de la justicia federal, en primera instancia la autoridad administrativa local nos concedió la razón, sin embargo impugnaron y la autoridad federal determinó resolver en sentido favorable a ellos (los notarios sancionados)”, puntualizó.
Los únicos casos en que se mantuvo firme la resolución del Estado fueron los de: Octavio Lizardi Nieto, de la Notaría Pública #83, en León; y Gilberto Gómez García, de la #6, en Victoria, que se ratificaron en diciembre de 2020 y en junio del mismo año, respectivamente.
El retiro de fiat se fundamenta, apuntó el funcionario estatal, en violaciones a la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato, la mayoría por inconsistencias e irregularidades graves en el ejercicio de la función notarial. Por ejemplo el no estar presentes en el momento de la celebración del acto, fallas en cuanto a la integración de los folios, y otras.
A Juan Hinojosa se le cuestionó cuál es la falla del Estado en la integración de expedientes de sanción, considerando que los notarios han ganado los procesos en la justicia federal.
“Nosotros creemos que integramos adecuadamente los expedientes pero en el caso de la justicia federal siempre hay una serie de principios de progresividad, principio pro-persona y derechos humanos que permiten en algunos casos resolver de manera contraria a la autoridad, hay más herramientas a nivel federal que pueden utilizar los notarios para poder obtener resoluciones favorables, sobre todo tratándose de cuestiones de forma”, opinó.
Gana amparo y demandará al Estado
Un caso es el de Enrique Macías Chávez, titular de la Notaría Pública #47, a quien en junio del 2022 se le retiró el fiat, pero que ya ganó un amparo y espera que en breve le regresen la fe notarial. Adelantó para AM que demandará al Estado por daño moral y patrimonial.
Este caso para el Estado aún está “en proceso”, pues hay un recurso de reclamación por resolverse que, si se les niega, el asunto estará cerrado y el notario puede ejercer otra vez.
Entrevistado en la sede de la Notaría Pública #47, en calle Manuel S. Vázquez #121 esquina Paseo del Centro Comercial Los Paraísos, colonia Los Paraísos, el notario declaró que está listo para retomar la labor como notario que ha ejercido durante 40 años.
Explicó que la revocación impuesta en junio de 2022 se deriva de una inspección general de abril 2018 y que la irregularidad con la que acreditaron el retiro del fiat fue la falta de una firma de la parte arrendadora en una escritura de arrendamiento, la cual, asegura, se solventó el mismo día y no se afectó el interés jurídico y el patrimonio de ninguna persona.
La sentencia del Juicio de Amparo (que AM tiene copia) establece en su resolución con fecha del 27 de mayo del 2024: “Se decreta la nulidad total de la resolución dictada el 21 de junio de 2022 por la entonces Secretaria de Gobierno del Estado, dentro del procedimiento de responsabilidad notarial S.G. SSSC/11.5/86-105/2018 y de su ejecución, por los fundamentos y motivos expresados en el considerando séptimo de este fallo”.
El considerando séptimo que echa abajo la sanción indica que “las facultades sancionadoras de la autoridad tienen un plazo de dos años para ser ejercidas, pero en este caso la autoridad inició el procedimiento administrativo después de 2 años y 8 meses”.
Mencionó que antes de la revocación del fiat la entonces secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, le entregó su constancia de certificación notarial del 2022. Sin embargo, días después llegó la sanción que consideró a todas luces una injusticia.
Tengo todo el derecho de reclamar por daño patrimonial y moral contra el Gobierno del Estado, son dos años que me afectaron de manera injusta, arbitraria y traicionera”, remató.
Además este acto afectó a 50 trabajadores de la notaría que se quedaron sin empleo y a cientos de ciudadanos que, aunque se nombra un notario sustituto, sus asuntos pendientes a la Notaría Pública #47 tardaron mucho en resolverse, o incluso siguen sin atenderse.
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