Estas son las causas que propone el PRI para revocar contratos de seguridad privada en Guanajuato
La propuesta busca otorgar certeza jurídica a las personas físicas o morales que prestan el servicio de seguridad privada, al detallar los motivos por los cuales podrían perder su autorización.
Guanajuato.- La diputada local Ruth Tiscareño presentó una iniciativa para establecer ocho causales para revocar la autorización de empresas que prestan el servicio de seguridad privada.
La revocación procederá en casos como los siguientes:
- Cuando una empresa haya recibido más de una suspensión de actividades.
- Si ha incorporado personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza.
- Si se demuestra que la empresa entregó documentación o información falsa para obtener la autorización.
- Si se niega a someterse a una revisión por parte de la autoridad competente.
- Si usa insignias, escudos, colores o cromática de instituciones oficiales de seguridad pública o si las utiliza para la comisión de delitos.
- Si su personal emplea armas no autorizadas, ni registradas o de uso exclusivo del Ejército.
- Si la empresa utiliza recursos de procedencia ilícita para operar.
- Si su personal está involucrado en la desaparición forzada de personas.
La propuesta de la diputada priista busca otorgar certeza jurídica a las personas físicas o morales que prestan el servicio de seguridad privada, al detallar los motivos por los cuales podrían perder su autorización.
Asimismo, refuerza la lucha contra el delito y la impunidad, ya que si una empresa incurre en actividades ilícitas con consecuencias penales, su autorización sería revocada, protegiendo así la seguridad pública en beneficio de los ciudadanos.
Hay 146 empresas de seguridad privada
En Guanajuato, existen 146 empresas privadas de seguridad registradas oficialmente ante la Secretaría de Seguridad y Paz.
La mayoría de ellas se encuentran en León, aunque también están presentes en Celaya, Irapuato, Guanajuato, Dolores Hidalgo, Silao, San José Iturbide, Salamanca y Cortazar.
La Ley de Seguridad Privada, emitida en abril de 2021, regula el funcionamiento de estos servicios de seguridad privada.
Este servicio lucrativo de protección y vigilancia es prestado por particulares, tanto personas físicas, como morales, y funge como un apoyo a la seguridad pública en situaciones de emergencia o desastres.
AAK
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