Guanajuato.- Este miércoles, un grupo de 30 exjueces y exmagistrados federales de Guanajuato se unirá a sus homólogos del resto del país para marchar en la Ciudad de México. Ellos quedaron sin empleo tras la reforma al Poder Judicial Federal, lo que desató los Despidos en el Poder Judicial.
La movilización partirá desde las oficinas del Órgano de Administración Judicial hacia el antiguo edificio del Consejo de la Judicatura Federal.
El motivo es demandar el pago de las indemnizaciones que les corresponden por ley. Estos pagos debieron haberse cubierto a más tardar el 31 de agosto.
En un comunicado de prensa, los afectados explicaron que la movilización busca exigir el pago de la compensación. Esta compensación es reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a quienes concluyeron su encargo sin haber sido electos en la reciente elección judicial o decidieron no participar en ella.
Con esta movilización, los exjuzgadores federales buscan visibilizar lo que consideran un incumplimiento directo a disposiciones constitucionales expresas y demandan una respuesta inmediata del Estado mexicano”, señalaron.
La base legal de la indemnización
El artículo Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia de Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre de 2024, establece este derecho.
El texto legal indica que las personas juzgadoras federales deben recibir una compensación equivalente a tres meses de salario integrado, más 20 días por cada año de servicio. A esto se suman las prestaciones correspondientes.
Según el mismo artículo, los recursos para cubrir esas indemnizaciones debían provenir de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Los fondos son administrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El problema: la Tesofe concentró los fondos
Sin embargo, la Dirección General de Recursos Humanos del CJF informó en mayo de 2025 que “no se cuenta con los recursos económicos” para realizar los pagos por los Despidos en el Poder Judicial. Los montos de los fideicomisos fueron concentrados en la Tesorería de la Federación (Tesofe), conforme a lo dispuesto por el decreto.
Esta situación fue confirmada mediante publicaciones oficiales en el DOF de los días 28 de enero y 30 de abril de 2025. Se notificó que los saldos de los fideicomisos habían sido transferidos a la Tesorería de la Federación “en concepto de aprovechamientos”. La transferencia se realizó bajo las instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los exjueces afectados sostienen que los recursos existen y están bajo control de la SHCP. Por lo tanto, el cumplimiento del mandato constitucional depende únicamente de voluntad política.
Obstáculo para ejercer
Argumentan además que la indemnización es un derecho. Este se deriva de la inamovilidad judicial reconocida en el régimen anterior.
También se fundamenta en la prohibición prevista en el artículo 101 constitucional. Dicho artículo impide litigar ante los tribunales del propio circuito durante dos años, lo que les impide ejercer su profesión.
Finalmente, el artículo Vigésimo Transitorio de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024, reafirma este derecho. El texto dispone que las indemnizaciones deberán cubrirse con cargo a los recursos federales previstos en el Décimo Transitorio del decreto constitucional, con base en el salario integrado.
Reclamos de trabajadores del Poder Judicial
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación tomaron el edificio central del Décimo Sexto Circuito en Guanajuato el 31 de octubre de 2025. El paro de actividades a nivel nacional fue convocado por el Sindicato Nacional Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, afectando a cerca de 500 empleados en la entidad.
La protesta central exigió un aumento salarial anual (entre 2.5% y 3.5%) con su retroactivo, que debió aplicarse en los primeros seis meses del año. También se denunció que en 28 años de servicio ha habido un estancamiento y falta de insumos básicos para el trabajo.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que 16 inmuebles fueron cerrados a nivel nacional, pero el 95% de las oficinas laboraron. El paro duró aproximadamente tres horas y en Guanajuato los tribunales fueron declarados inhábiles, aunque con guardias para asuntos urgentes.
Aunado a esto, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) eliminó dos prestaciones: el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, a partir del 1 de septiembre de 2025. Esta medida fue aprobada en sesión extraordinaria.
La eliminación afectó a jueces y magistrados de nuevo ingreso, ratificados y ascendidos, con el propósito de aplicar la reforma que busca la austeridad. El acuerdo establece que se respetarán las Condiciones Generales de Trabajo y los derechos del personal operativo.
El magistrado Víctor Hugo Sánchez Obregón señaló que los jueces y magistrados pueden seguir con los seguros, pero pagándolos en su totalidad. No obstante, algunos juzgadores han obtenido suspensiones de amparos contra las reducciones salariales y de prestaciones.
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