La aprobación del matrimonio igualitario en el Congreso local, que incluyó que las y los diputados del PAN emitieran un voto diferenciado —no unánime— y amparado en el “voto de conciencia”, significa que ese partido respeta la ley y los derechos humanos de todas las personas.
Así se pronunció el presidente del Partido Acción Nacional en León, Antonio Guerrero Horta, quien brindó un posicionamiento institucional, pero no profundizó sobre el voto diferenciado de los legisladores. Afirmó que el sentido del voto fue un tema personal de cada uno.
Por otra parte, activistas, representantes de los colectivos PRIDE Familia O’Farrel y Chicas BiLess celebraron la decisión. Mientras Ricardo Gallardo reconoció la apertura de los diputados panistas sobre el matrimonio igualitario, Lucía “la Wera” Limón cuestionó que hayan tardado tanto, 11 años, en garantizar un derecho para las personas de la población LGBTI+.
Libertad de conciencia
En rueda de prensa, Antonio Guerrero Horta, explicó brevemente la postura de su partido.
Creemos firmemente que la política se construye desde el diálogo, la legalidad y el respeto mutuo. Refrendamos nuestro compromiso con los guanajuatenses para seguir trabajando por un estado donde la libertad, el respeto, la pluralidad y la convivencia pacífica sean siempre la base para una convivencia social”.
Y recalcó que el “voto de conciencia” es algo permitido por los estatutos panistas.
El líder municipal panista tampoco ahondó en su opinión personal sobre el tema, dijo que para eso había dado lectura al documento.
Cuando se le cuestionó si esto representaba una “traición” a la parte de la militancia que todavía defiende el modelo de familia tradicional, respondió que el partido seguirá trabajando cercano a la sociedad para mantener el diálogo sobre el matrimonio igualitario, “pues así se construyen las legislaciones”.
Más allá de lo legal, lo testimonial
Para Ricardo Gallardo, del colectivo Familia O’Farrel, se trata de algo histórico para el matrimonio igualitario.
A nosotros, que nos tocó vivir esa guerra, y haber sido el primer matrimonio de dos hombres en el estado, después de un amparo, porque es un derecho que no nos garantizaba el estado y que tuvimos que demandarlo por discriminación, amparo que duró más de un año y medio y costó más de 40 mil pesos, donde una vez ganado, hay un secuestro para impedir la boda, tantas circunstancias por las que tuvimos que pasar”. La reciente aprobación en el Congreso sobre el matrimonio igualitario, la ven como un logro.
Que como cualquier pareja heterosexual, deberían haber tenido derecho a simplemente pagar su licencia de 400 pesos y definir fecha, y no pasar por todo un calvario, aunque ahora lo ven como la siembra de un beneficio que toda la comunidad de la diversidad y de género está cosechando.
Ricardo Gallardo reconoció el liderazgo de Libia García Muñoz Ledo, quien en diciembre de 2021 y como secretaria de Gobierno, los recibió a él y a su esposo, Julio César O’Farrell, para discutir el tema, pero que a diferencia de otros políticos, ella y su equipo sí los recibieron y los escucharon, para brindar respuesta positiva en menos de 15 días, emitiendo un decreto que modificaba el reglamento del Registro Civil, permitiendo el matrimonio “entre dos personas”.
Sin embargo, era una victoria agria (…) una celebración a medias”.
Por eso siguieron insistiendo en que se legislara sobre el matrimonio igualitario: para garantizar el acceso a un derecho y no dejarlo a criterio del gobernante en turno (que podía eliminar el decreto).
Lamentó que aún haya quien siga cerrando los ojos “a aceptar que existimos, que estamos y que resistimos”. Y que la labor de los diputados es legislar para todos, no solo para ciertos grupos.
El activista destacó que hace mes y medio, integrantes de la comunidad se reunieron con un grupo de nueve diputados del PAN para conversar sobre el matrimonio igualitario. Más allá de temas legales, sino testimoniales, estos escucharon directamente sus experiencias de vida y la urgencia de que este derecho quedara plasmado como ley.
“Cuando terminamos la reunión, se pararon tanto diputados como diputadas y se despidieron de abrazo, algo que no era necesario que hicieran. Quiero pensar que todos esos votos a favor que obtuvimos del PAN fue porque ya les cayó el veinte”.
Gallardo advirtió que todavía queda pendiente la constante discriminación laboral y escolar de la población LGBT, gran parte de ella, proveniente de la ignorancia. Y que esta discriminación muchas veces provoca el suicidio de algunas personas.
Sobre la aprobación del dictamen, “para nosotros fue la mayor recompensa, el mayor pago y ver a la diputada de Morena que nos mencionó a Julio y a mí en el Congreso, diciendo que reconocía el trabajo y la trayectoria de Familia O’Farrell, te juro que fue como decir, ‘Aquí está el pago por todo lo que hicieron y por todo lo que pasaron’. Estamos felices”.
Justo y necesario, pero con retraso
Lucía “La Wera” Limón, fundadora del colectivo Chicas BiLess León, dijo que la aprobación del matrimonio igualitario en el Congreso era necesario para garantizar ese derecho en Guanajuato.
Desafortunadamente vamos muy tarde, somos de los últimos estados en que lo integran en la ley. Era algo que debía suceder pero no había voluntad política para que sucediera”.
La activista destacó que fue una pareja de mujeres lesbianas la primera en realizar un matrimonio igualitario, el 18 de marzo de 2014 con el apoyo de este colectivo y de León Gay.
“Ellas -al día de hoy- siguen casadas, ellas se sabían en ese momento pioneras de la situación, tuvieron que enfrentarse a muchas situaciones familiares, personales, complicadas, pero ahora yo las veo como cualquier otro matrimonio (…) El derecho a ser humanamente iguales, en derechos: la existencia, a veces, en ciertos espacios, es la resistencia. Existir es resistir”.
Que está muy bien este reconocimiento, pero también urgen otros temas, como el reconocimiento del concubinato, el reconocimiento de hijos e hijas (por parte de las dos madres o los dos padres), no solo en el caso de adopción sino en conjunto.
Hay que hacer cambios estructurales, no solo hay que ponerlo en la ley, hay que ir a las prácticas (…) hay que meterles dinero a las campañas que hablen de esto, porque no se visibiliza, no existe, campañas de capacitación en instituciones (…) en materia de derechos humanos pero en materia de personas LGBT”.
“La Wera” Limón destacó que los municipios tienen mucho por hacer a través de las Coordinaciones de la Diversidad, capacitar a todas las plantillas laborales municipales, pero que eso requiere presupuesto. Y ahí entra la función de la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género, que tiene que abogar por bajar suficientes recursos para la defensa del matrimonio igualitario y otros derechos.
Aquí, dijo, también entra la labor de las diferentes cámaras empresariales y de industria.
Terror en el día más feliz en sus vidas
En 2013, “nosotros ya llevábamos 8 años de relación. No estaba dentro de nuestros planes casarnos, pero conocíamos una pareja que eran de otro estado, uno de ellos fallece y todas las propiedades que tenían, el negocio, los autos, todo estaban a nombre del que fallece, pero en un testamento dejaba como único heredero a quien era su pareja, pero sin estar casado”, cuenta Ricardo Gallardo, hoy, casado con Julio César O’Farrell.
Sin embargo, la familia del occiso impugnó el testamento y le quitaron todo, tuvo que sufrir su duelo, literal, en la calle. Esta persona les recomendó a Ricardo y a Julio que se casaran. “Ahí nadie les va a poder decir que eran amigos, que eran roomies y el día de mañana le quiten y y pierdan todo como yo. De ahí fue que nos nació la idea”.
Pero en la ciudad de Guanajuato no les concedieron la licencia, les dijeron que se fueran a otro lado. Ricardo y Julio no cedieron: ahí vivían y pagaban sus impuestos, por lo que empezaron a asesorarse para iniciar el proceso. Porque sabían que sí era posible el matrimonio igualitario: existía el antecedente de dos chicas que se casaron bajo la figura de matrimonio igualitario, pero como lo hicieron a puerta cerrada, no hubo modo de contactarlas.
Los O’Farrell tuvieron que empezar de cero al interponer su amparo, demandando al Estado por discriminación. Contrataron un abogado, sin tener certeza de ganar.
“Pero a finales de noviembre del 2014, nos habla el abogado y nos dice que la Suprema Corte de la Nación acaba de dar fallo a favor de nosotros y que estaban obligando al Estado a que nos reconociera el matrimonio igualitario”, con fecha límite al 15 de enero.
No obstante, las autoridades de ese entonces “no quería relajo, no quería desmadres, no quería nada que tuviera que ver (… con poner) en primera plana su municipio”.
El director del Registro Civil, Rito Padilla, recordó, dio declaraciones muy homofóbicas y resultó que en el veredicto, era él quien los tenía que casar, por ser el director.
Entonces, contó el activista, comenzó un constante hostigamiento contra la pareja para que desistieran de querer casarse, con policías, agentes viales, amenazas por teléfono. Incluso, denunció que un día fueron privados de su libertad en su propia casa, donde fueron torturados, exigiendo que retiraran su petición.
Aunque sobrevivieron al ataque y pensaron en rendirse “hubo muchas poblaciones LGBT que nos dijeron, ‘Chicos, están logrando lo que nunca se ha logrado aquí. Por favor, no se vayan, no desistan”. Además, recibieron el apoyo de los medios de comunicación, lo que previno más acoso por parte de sus agresores, que temían seguir siendo exhibidos.
Cuando la noticia se hace nacional, nos empezaron a buscar muchísimas personas y principalmente menores de edad que estaban viviendo en situación de calle porque no tenían aceptación por parte de sus padres, había personas trans, (… era) tanta la necesidad que empezó nuestro activismo”.
Tras la agresión, se escondieron en otra casa.
“El día que nos casamos tuvimos que (salir) con seguridad privada protegiéndonos porque teníamos amenazas de muerte. Fue el peor día de nuestra vida (…) ¿te imaginas el terror que teníamos porque ya no era una sociedad, ya eran inclusive las autoridades que estaban en contra y encima”.
“Nos queríamos casar afuera de la Casa de la Cultura, en un lugar público. Llegaron alrededor de 700 personas y eran puros colectivos en apoyo (…) nada más había una sola persona gritando que eso era un pecado y era una abominación, pero era una contra muchísimas”.
Ricardo, Julio, sus acompañantes y los jueces terminaron dentro de una pizzería, donde bajaron las cortinas para poder realizar la ceremonia protocolaria.
Se supone que el director del Registro Civil debía casarlos, pero no quiso, “se fue corriendo y quien terminó metiéndose a la pizzería a casarnos fue el otro juez (…) salimos de la pizzería y levantamos el acta de matrimonio frente a toda la gente que estaba fuera esperándonos y les gritamos que sí se pudo”.
Con miedo a recibir un balazo y todo, les quedaba el consuelo de dejar un antecedente del primer matrimonio de dos hombres en el estado de Guanajuato.
“A partir de ahí los medios nos arroparon y las autoridades empezaron a respetarnos porque no lo hacían”.
El año que se casaron convocaron a su primera marcha LGBT en el estado. Lo demás, es historia. Este año organizaron la “4ta Cumbre Nacional de Marchas LGBT+ de México” en el bajío, con más de 400 organizaciones participantes.
Los diputados del PAN que votaron en contra
Fueron ocho diputados del PAN y una legisladora del PRI, quienes votaron en contra de la aprobación de matrimonios igualitarios, en la sesión del Congreso Local del pasado jueves.
La votación concluyó con 25 votos a favor de la asamblea y 9 en contra, para aprobarse finalmente la reforma al Código Civil.
Los ochos panistas que votaron en contra fueron Erandi Bermúdez, Juan Carlos Romero Hicks, Karol Jared González, María Isabel Ortiz Mantilla, Noemí Márquez, Susana Bermúdez, Yesenia Rodríguez y Rolando Alcántar del PAN, a pesar de que este último votó a favor del dictamen en la Comisión de Justicia.
A la votación en contra se sumó la priista Rocío Cervantes Barba, quien ha defendido sus convicciones al votar de forma diferenciada a sus compañeros de bancada, Alejandro Arias Ávila y Ruth Tiscareño.
Los argumentos del voto en contra los ventiló la diputada Susana Bermúdez Cano, quien dijo estar convencida de que las propuestas sobre el matrimonio igualitario no fortalecen el marco jurídico y tampoco atienden realmente a las necesidades de las y los guanajuatenses.
El significado etimológico de la palabra matrimonio proviene de las raíces latinas ‘matre’, acusativo de mater, ¡madre!, y monium, que es un sufijo, carga de ver, obligación, acción; el artículo cuarto constitucional establece que la mujer y el hombre son iguales ante la Ley y esta protegerá la organización y desarrollo de la familia”, expresó la diputada.
Refirió que a noviembre de 2025, se hizo un análisis que estableció que 39 países de 201 reconocidos por la ONU han legalizado el matrimonio con un nuevo concepto, es decir, el 80 por ciento mantiene la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
Enfatizó que el Código Civil estatal no contiene disposiciones discriminatorias.
“Se ha señalado que la definición actual de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es discriminatoria, con respeto, difiero profundamente”, enfatizó la legisladora, quien agregó que la norma civil en el estado no excluía, sancionaba ni limitaba derechos civiles por motivos de orientación sexual.
Remarcó que presentar la reforma como si el Código Civil fuera un instrumento de discriminación no solo era impreciso sino también injusto con la historia legal del estado, con su evolución y con el trabajo serio que el Congreso ha construido a lo largo de los años.
Susana Bermúdez rechazó que estar en contra de esta propuesta signifique estar en contra de las personas con preferencias sexuales diversas. “Hoy se elimina la M de mujer”, afirmó.
“Hoy me mantengo firme en mi voto en contra, porque estoy convencida de que el Código Civil de Guanajuato no es discriminatorio, ya garantiza trato igualitario, sin necesidad de alterar instituciones que cumplen funciones esenciales en nuestro contexto social”, finalizó.
En su intervención, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván expresó que todas las personas y seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural son iguales en dignidad y que se les deben reconocer todos sus derechos sin excepciones, por lo que cada voto que se realice en el tema debe ser respetado.
Añadió que es trascendental no partir de la descalificación de que quien piensa diferente está equivocado, por lo que el voto del partido parlamentario que representa será diferenciado y tomado a conciencia y con responsabilidad, situación que generó comentarios de rechazo de grupos provida presentes en la sesión.
Por su parte, la legisladora Karol Jared González Márquez recordó la posibilidad de utilizar una figura jurídica distinta al matrimonio igualitario para regular la unión entre personas del mismo sexo; sin embargo, derivado de los criterios de la Suprema Corte resultó inviable esa posibilidad.
Subrayó que no estaban en contra de los derechos de ninguna persona, que respetan y seguirán respetando la dignidad de cada una, que la discusión era simplemente sobre el uso y el significado de los términos.
Finalmente, externó que sus decisiones no se basan en prejuicios sino en un análisis cuidadoso de las formas y en un compromiso inquebrantable con la dignidad de todas las personas.
Dictamen del aborto, rechazo total del PAN
En el dictamen sobre la despenalización del aborto, planteado en sentido negativo por la Comisión de Justicia, votaron 19 a favor del archivo definitivo y 17 en contra.
De los 19 que votaron a favor del archivo fueron los 16 diputados del PAN, así como Luz Itzel Mendo del PVEM, —quien fue la diputada que cambió su voto de última hora en la discusión pasada sobre el mismo tema—; María del Pílar Enriquez del PRD, y la priista Rocío Cervantes Barba, caso similar a la diputada Mendo.
Es decir, para esta votación que rechaza la interrupción legal del embarazo, el PAN se ayudó de un voto del Verde y uno del PRI, además del de la diputada del PRD que siempre los acompaña, para que prevalezca su postura.
El diputado Rolando Alcantar Rojas manifestó que el derecho a la vida es fundamental protegido constitucionalmente desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, mismos que se han plasmado en instrumentos nacionales e internacionales.
Agregó que el derecho a la vida no puede ser afectado, pues su límite implicaría su anulación, al ser considerado el derecho más amplio y necesario para que existan y se respeten cualquier garantía, por ello se construyó en todos los Códigos Penales de la nación el delito de aborto como un mecanismo de protección.
Concluyó diciendo que nadie tiene derecho a privar la vida de otro ser humano, por eso es de importancia que el resguardo de la vida en gestación y de los derechos de las mujeres no se agote en el ámbito del derecho penal por ser bienes constitucionalmente protegidos, así como que hay que entender que el derecho a la vida tiene un valor mayor y superior a cualquier derecho.
AAK
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