Guanajuato.- El Congreso del Estado de Guanajuato fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tiene 90 días, a partir del 15 de febrero próximo que inicia el periodo legislativo, para modificar los artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto.
Esto al notificar la admisión a trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, la cual impugna diversos artículos del Código Penal estatal. La declaratoria se refiere a los artículos 159, 160, 162 y 163 considerados contrarios a la Constitución. De no acatarlo, la SCJN podría invalidarlas con efectos generales en todo el estado.
Este procedimiento deriva de un litigio estratégico impulsado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), así como de resoluciones previas de la Primera Sala de la Corte, en las que se determinó que la penalización del aborto vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud, la igualdad y no discriminación, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad.
“La SCJN reiteró que el derecho penal no debe utilizarse para imponer concepciones morales ni para sancionar decisiones reproductivas, por lo que esta declaratoria coloca a Guanajuato ante la obligación de armonizar su legislación con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, así lo informó Martha Lucía Micher Camarena, senadora de la República por Guanajuato, por medio de redes sociales.
Malú detalló que para que la despenalización sea efectiva deben ocurrir una de dos acciones: que el Congreso del Estado reforme los artículos correspondientes del Código Penal, o que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesione y apruebe una Declaratoria General de Inconstitucionalidad que obligue a todas las entidades que no han cumplido con una sentencia emitida desde hace más de cuatro años, la cual establece que no se debe castigar penalmente a las mujeres por abortar.
“Mientras tanto quienes requieran, quienes necesiten abortar, pueden hacerlo legalmente, pero solicitar por supuesto la prestación de los servicios de salud, pero siempre y cuando cuenten con el acompañamiento de GIRE (que logró el amparo)”, agregó.
Congreso, última llamada
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, afirmó que la notificación emitida por la Corte representa un cambio definitivo en el panorama legislativo sobre la despenalización del aborto en la entidad, al tratarse de un ultimátum de 90 días hábiles para corregir las disposiciones inconstitucionales del Código Penal estatal.
Pedroza explicó que el pasado 18 de diciembre, durante la última sesión ordinaria del periodo legislativo anterior, el Congreso recibió la notificación oficial en la que se informa que la SCJN admitió el trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad relacionada con el delito de aborto. Este procedimiento deriva del amparo promovido por GIRE, en el que previamente se determinó que la legislación penal de Guanajuato vulnera derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes.
“En aquel entonces solamente se dijo que nuestro Código Penal era totalmente violatorio de derechos de mujeres, niñas y adolescentes en lo concerniente al tipo penal del aborto, justamente por ser violatorio de sus derechos, y ahora en diciembre sí ya nos dicen que tenemos 90 días hábiles para subsanar esas institucionalidades que nos dijeron y de lo contrario la Suprema Corte de Justicia tendría que entrar a legislar lo que nosotros no hemos hecho”, comentó la diputada local.
Indicó que este escenario cambia totalmente el escenario de la despenalización del aborto en Guanajuato. “Ya la despenalización pues es un hecho, es algo inminente que simplemente se está retrasando lo más que se ha podido, pero ya es un hecho y ya es un ultimátum”, dijo.
Pondrán lupa a Congreso
Al respecto, Naye Tello, activista, señaló que el Congreso local debe acatar la notificación y cumplir con la armonización legislativa, al subrayar que la despenalización del aborto no es una decisión opcional ni sujeta a consulta, sino una obligación derivada del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Recordó que la Suprema Corte ya había determinado en diversas ocasiones que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo.
Tello señaló que el Poder Legislativo aún tiene la posibilidad de realizar la despenalización por la vía legislativa durante el próximo periodo ordinario, lo que permitiría evitar que el cambio se dé exclusivamente por una resolución judicial. En ese sentido, llamó a armonizar el Código Penal con los estándares ya vigentes en otras entidades del país, donde el aborto está despenalizado al menos durante las primeras semanas de gestación.
“La Corte ya había sido muy clara. Y las y los diputados se excusaban en su falta de trabajo legislativo y su falta de compromiso con los derechos humanos, pues diciendo que era un tema difícil, que en Guanajuato no se quería”, expresó Tello.
Añadió que otro reto pendiente es garantizar el acceso efectivo al aborto seguro en los servicios de salud del estado.
“Los 90 días empiezan a contar a partir de que inicie el periodo de 15 de febrero, entonces estamos hablando que en mayo tenemos que tener la resolución, de todas maneras nosotras vamos a estar ahí continuamente para recordarle a las y los legisladores que tienen que armonizar ya nuestro Código Penal”.
HLL
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