Guanajuato.- La propuesta del fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, para que las Fiscalías Estatales puedan investigar delitos de delincuencia organizada, ha fracturado opiniones en el Congreso. Mientras el PAN respalda la iniciativa para desahogar la carga de la Federación, Morena y algunos especialistas advierten riesgos constitucionales y operativos al fragmentar la persecución de redes criminales transnacionales.
El diputado federal Miguel Salim Alle se sumó a la petición, invitando al Fiscal a presentar un estudio formal para convertirlo en iniciativa ante la Cámara de Diputados. Por el contrario, voces de Morena señalan que no es necesario un nuevo tipo penal, sino que el Fiscal debe concentrarse en dar resultados con las herramientas actuales en delitos como homicidio, extorsión y robo, que ya son de su competencia.
En el plano técnico, senadores y diputados locales coinciden en que esta medida requeriría una reforma constitucional de gran calado al artículo 73. Advierten que, aunque la intención es golpear estructuras financieras y operativas de forma directa, se corre el riesgo de generar criterios dispares o duplicidad de funciones entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).
A la par del debate legislativo, la estrategia en Guanajuato se divide entre este andamiaje legal y el despliegue táctico de la Secretaría de Seguridad. El objetivo final de la propuesta busca que la inteligencia financiera y el control fronterizo permitan que las detenciones estatales se traduzcan en sentencias efectivas, evitando fallas procesales que liberen a objetivos prioritarios.
Chocan legisladores por propuestas
Tras la propuesta del fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, para que se puedan investigar delitos que tienen que ver con delincuencia organizada desde el fuero común, el diputado federal Miguel Salim Alle se dijo de acuerdo con esa propuesta.
“Efectivamente tenemos que darle más facultades a las Fiscalías Estatales de toda la República”, dijo el legislador leonés.
Abundó que la Fiscalía General no se da abasto con los asuntos de alto impacto, “como son los que él está considerando y la segunda, pues lo invito a que presente, cualquiera puede presentar una iniciativa o mandar un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados, lo invito a que presente, a que haga un estudio y nos presente una iniciativa al grupo parlamentario de Acción Nacional de Guanajuato”.
El coordinador de los diputados federales panistas, Miguel Ángel Salim, insistió que el Fiscal les presente un estudio o una iniciativa, “pero de primera instancia, yo sí, me sumo a su petición porque efectivamente sí ayudaría mucho a todas las Fiscalías de la República mexicana, que tengan más facultades y le quita responsabilidad o menos peso a la Fiscalía General de la República”.
Consideró que beneficiaría a todas las Fiscalías Estatales de la República.
Salim Alle incluso reconoció los resultados presentados por el Fiscal: “yo sí lo felicitaría por los resultados que está teniendo la fiscalía. Tenemos un avance importante en Guanajuato y lo que sí creo, igual que con la gobernadora, pues tiene que seguir trabajando para seguir dando resultados a la ciudadanía”, finalizó.
Delincuencia organizada, de los mayores desafíos
El senador Emmanuel Reyes Carmona afirmó que el planteamiento del fiscal Gerardo Vázquez abre un debate relevante sobre el diseño del federalismo penal en México.
“Sin duda, la delincuencia organizada representa uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano y exige coordinación, eficacia y capacidad operativa en los tres órdenes de gobierno”, dijo.
Sin embargo, dijo que permitir que las Fiscalías Estatales investiguen y persigan delitos federales, como la delincuencia organizada, implica una reforma constitucional de gran calado que debe analizarse con absoluta responsabilidad.
Primero, porque el artículo 73 y el 102 de la Constitución establecen con claridad la distribución de competencias en materia penal.
Los delitos federales responden a bienes jurídicos que trascienden el ámbito local y, por ello, han sido históricamente competencia de la Federación a través de la Fiscalía General de la República.
Apuntó que no se trata solo de una cuestión administrativa, sino de una arquitectura institucional diseñada para preservar la unidad del Estado frente a fenómenos criminales de alcance nacional e incluso transnacional.
Así también, la delincuencia organizada no es un delito común; implica estructuras financieras, redes interestatales y frecuentemente vínculos internacionales.
“Fragmentar su persecución podría generar criterios dispares, riesgos de infiltración local o duplicidad de investigaciones”, advirtió.
Acotó que la pregunta no debe ser únicamente si se amplían competencias, sino si se fortalecen las capacidades reales de investigación, inteligencia financiera, coordinación interinstitucional y protección de ministerios públicos.
Quizá el camino no sea trasladar competencias, sino robustecer los mecanismos de colaboración previstos en el artículo 21 constitucional, así como los convenios de coordinación entre Fiscalías, bajo principios de control, supervisión y estándares homogéneos.
“La prioridad debe ser garantizar eficacia en la persecución penal sin romper el equilibrio del federalismo mexicano ni poner en riesgo la seguridad jurídica”, puntualizó.
Rolando Alcántar Rojas del PAN, aclaró que la vía sería una reforma a la Constitución federal, pero que ve complicado que pueda proceder.
“Luego hay veces que los términos se escuchan similares pero no es lo mismo y más tratándose de temas penales donde uno tiene que ser totalmente literal, entiendo que el Fiscal no se refería al crimen organizado, porque estamos facultados para poderlo perseguir, tanto que en el estado existe un tipo penal específico para el crimen organizado”.
“Entiendo que lo que él dijo se refería a delincuencia organizada, pero para efectos constitucionales son dos términos distintos”, aclaró.
Insistió que lo planteado por el Fiscal es que la gobernadora pudiera presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para poder reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el artículo 73 reserva el tema de la delincuencia organizada, “incluso para legislar al propio Congreso de la Unión, ellos son los únicos quienes podrían hacer de doble concurrencia estos delitos”.
Sin embargo, Rolando Alcántar Rojas dijo que no ve probable que se logre: “veo complicado, porque, como todo mundo sabemos, el gobierno
Frente común en Guanajuato: Reformas penales y despliegue táctico, ejes centrales
El panorama de seguridad en la entidad se define por dos enfoques complementarios. El fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, propone una visión legislativa contra la delincuencia organizada, mientras que el Secretario de Seguridad, Juan Mauro González Martínez, centra su postura en el despliegue táctico y operativo en Guanajuato.
Ambos funcionarios coinciden en que la inteligencia es el arma principal contra el crimen. Vázquez Alatriste busca golpear estructuras financieras y González Martínez apuesta por la vigilancia tecnológica para recuperar espacios públicos y disuadir de manera directa a los grupos delictivos.
La coordinación es vital para evitar fallas procesales que permitan la libertad de objetivos prioritarios. En Guanajuato, el Fiscal insiste en que las detenciones de la policía deben respaldarse con un andamiaje legal que asegure la justicia penal efectiva ante los tribunales estatales.
González Martínez manifiesta que el blindaje estatal depende de la unión con fuerzas federales. La vigilancia fronteriza es el primer filtro necesario para que las investigaciones de la Fiscalía se realicen en un entorno de control operativo y seguridad ciudadana.
Vázquez Alatriste sostiene que la procuración de justicia debe integrar la participación de las víctimas. En Guanajuato, la visión institucional busca que los colectivos validen resultados, complementando las labores de prevención que realiza la Secretaría de Seguridad estatal.
Se prevén mesas de trabajo constantes entre el Fiscal y el Secretario para armonizar leyes y operativos. Para Guanajuato, la unión institucional de mandos es el camino para estabilizar la región ante la evolución de las amenazas delictivas transnacionales.
La estrategia presentada en el informe busca profesionalizar todas las etapas de la justicia. En Guanajuato, la coherencia entre las propuestas de reforma y la ejecución policial determinará el éxito de la pacificación en los municipios con mayor incidencia criminal.
AAK
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