Irapuato.- Luego del asesinato de Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami), la gobernadora Libia García Muñoz Ledo señaló que, hasta el momento, no existe información que confirme amenazas directas contra servidores públicos en la entidad.
Al funcionario municipal lo atacaron a balazos la mañana del 26 de marzo mientras manejaba su camioneta sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, a unos metros de la Central de Autobuses de Irapuato.
La mandataria explicó que, de acuerdo con lo dialogado con la Fiscalía General del Estado, no se puede descartar ninguna línea de investigación. Sin embargo, enfatizó que no hay indicios que vinculen el crimen con el desempeño del funcionario.
No hay información que nos permita sostener que hubiera un señalamiento particularmente contra una amenaza a servidores públicos”, indicó.
Agregó que las autoridades continúan con las indagatorias y será la Fiscalía la encargada de dar a conocer los avances del caso.
“No se puede agotar ninguna línea de investigación ni obviar ninguna posibilidad”, puntualizó. Añadió que se espera que en breve se presenten resultados relevantes sobre este hecho.
Irapuato, en alerta
Sobre el tema, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, mencionó en entrevista esta semana que no se contempla brindar seguridad a los directores de las distintas áreas del municipio, ya que no existe alguna amenaza contra la administración municipal.
Estamos en alerta, pero a nivel del gobierno de Irapuato no tenemos razón por la cual tener seguridad a los funcionarios públicos, no hay funcionarios amenazados”, comentó Lorena Alfaro.
Las líneas de investigación
Sobre el homicidio del funcionario, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el 31 de marzo que tiene dos líneas. Una de ellas es la de su trabajo.
En ese momento, el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste reveló que desde el entorno directo del ex titular de los organismos operadores de agua de Irapuato y Celaya no se reportó que lo amenazaran.
43 funcionarios asesinados desde 2018
De 2018 a la fecha, al menos 43 funcionarios públicos asesinados en Guanajuato han marcado la historia reciente del estado, de acuerdo al recuento de “Votar entre balas”, de la organización Data Cívica.
Esa cantidad incluye solo a funcionarios en activo, quedando fuera exfuncionarios, personas que eran candidatas a algún puesto de elección al momento del ataque, así como policías operativos, rubro donde Guanajuato ha ocupado el primer lugar nacional durante cinco años.
Entre las víctimas hay siete directores de dependencias municipales, otros siete regidores en funciones, cinco delegados en comunidades y 13 trabajadores operativos, un asesor y hasta un diputado local (Juan Antonio Acosta Cano, asesinado en 2021).
Se incluye también a una jueza cívica en Santiago Maravatío, al asesor de un diputado local, a una psicóloga del Cereso de Celaya y al Jefe regional de la Fiscalía estatal en San Felipe.
AVG
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