Urgen blindar Subsecretaría de Diversidad

Guanajuato.- Ante la discrepancia entre el estatus actual de la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género y lo establecido en la ley estatal, Ricardo García Frausto, titular de la dependencia, y diversos activistas por los derechos de la población LGBTIQ+ llamaron a homologar y ratificar la normativa para consolidar la institución ante futuras administraciones.

El subsecretario advirtió que, aunque actualmente operan como Subsecretaría, el capítulo VII de la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género solo contempla la creación de una unidad adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos para atender a la población LGBTIQ+.

De acuerdo con García Frausto, esta diferencia podría generar un riesgo de regresividad si en futuras administraciones no se respeta el nivel actual de la dependencia.

Nos hemos dado cuenta de que, si bien la agenda de derechos humanos en favor de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género enfrenta muchos retos derivados de la desatención histórica, si no hubiéramos sido una subsecretaría, hubiese sido aún más retador incidir en materia de política pública. Si de subsecretaría pasa a ser una dirección o coordinación, entonces se da entrada a la regresividad”, afirmó.

El funcionario advirtió que, si la dependencia pierde su rango de subsecretaría, se podrían vulnerar los principios de no regresividad, progresividad, sostenibilidad y transversalidad.

Además, señaló que esto implicaría pérdida de autonomía, obstáculos para impulsar políticas públicas y afectaciones en los tiempos de respuesta para las personas que acuden a recibir atención.

De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Derechos Humanos, la estructura interna de la dependencia sí contempla la existencia de la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género. En el título séptimo de dicho instrumento se establecen sus responsabilidades y facultades, junto con las de sus direcciones.

Sin embargo, el nivel de subsecretaría no está avalado expresamente en la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género, cuyo artículo 25 solo establece que “la Secretaría de Derechos Humanos contará con una unidad responsable de la ejecución, promoción e impulso de las acciones en materia de diversidad sexual y de género”.

Lo que veo muy importante es que se especifique en ese artículo que es una subsecretaría, porque la generalidad no va a permitir sostener el rango. Voy a poner un ejemplo en lo internacional: existían oficinas y dependencias públicas de atención a la diversidad sexual y de género en Argentina, pero bajo el mandato del presidente Milei todas estas dependencias disappeared”, apuntó García Frausto.

Piden blindaje legal e institucional

Ricardo Gallardo, activista y organizador de la marcha Pride León, señaló que ninguna dependencia del Poder Ejecutivo es intocable. Sin embargo, sostuvo que, si una institución cuenta con respaldo legal, eliminarla requeriría de un proceso legislativo y no solo de una decisión administrativa.

Ricardo Gallardo, activista. Foto: Archivo AM.

Si el objetivo es que la institución sobreviva a los cambios de gobierno, la mejor estrategia es una combinación de blindaje legal, presupuestal e institucional. Desde un punto de vista técnico-legislativo, una reforma integral que modifique la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género sería el mecanismo más sólido para asegurar su permanencia”, manifestó.

Ven necesario incluir más reformas

Por su parte, Juan Pablo Delgado, director ejecutivo de Amicus, reconoció que, por coherencia legislativa, es conveniente realizar la homologación normativa.

No obstante, señaló que, ante la dificultad que implica avanzar iniciativas relacionadas con la diversidad en Guanajuato, esta modificación debería formar parte de un paquete más amplio de reformas para atender contradicciones y vacíos en leyes sustantivas relacionadas con los derechos de la población LGBTIQ+.

Delgado destacó que existen incongruencias entre la labor de algunas dependencias y lo establecido en la ley en materia de diversidad. Como ejemplo, mencionó la falta de reconocimiento y tipificación del acoso escolar contra población LGBTIQ+, así como la necesidad de mecanismos para atender este tipo de violencias.

También señaló la falta de atención especializada para personas trans dentro de los servicios de la Secretaría de Salud.

Asimismo, Ricardo Gallardo planteó que la creación por ley de un Consejo Estatal de la Diversidad Sexual y de Género, integrado por sociedad civil, academia, municipios y organismos públicos, con facultades de seguimiento y evaluación de políticas públicas, sería indispensable para garantizar medidas más sólidas en favor de la población LGBTIQ+.

Juan Pablo Delgado director de Amicus. Foto: Facebook.

Yo invitaría a esa reflexión: si hacemos un ejercicio de homologación, pues que sea entonces un ejercicio de homologación parejo. Sería un buen reto para el Congreso del Estado. Vamos a homologar el contenido del resto de las leyes a la ley estatal de la diversidad”, manifestó Juan Pablo Delgado.

Llaman a garantizar derechos humanos

Juan Silverio Ramírez Urbina, director ejecutivo de Colectivo Seres, expresó que no ve riesgo de que la subsecretaría sufra un retroceso en sus alcances y facultades, al considerar que cuenta con sustento legal para su existencia.

También apeló a la función rectora de la Secretaría de Derechos Humanos para salvaguardar estas prerrogativas con base en el principio de no regresividad.

Ramírez Urbina sostuvo que no debería estar a debate la protección de los derechos de cada persona, independientemente de su etnia, color, orientación sexual o identidad de género. Señaló que sería un error negar estas garantías fundamentales con base en una ideología política o moral.

Juan Silverio Ramírez Urbina, director de colectivo Seres. Foto: Cortesía.

Los derechos humanos, si bien el Estado tiene la obligación de garantizarlos, nosotros como ciudadanos, como sociedad, también tenemos la responsabilidad de observarlos y respetarlos. Esto incluye también salvaguardar y respetar las diferencias de todas las personas”, destacó.

Presentan protocolo para atender a la comunidad LGBTIQ+

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) presentó de manera formal su protocolo para la atención de las personas de la diversidad sexual y de género, un instrumento normativo que busca erradicar la discriminación institucional.

La procuradora estatal, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, destacó que este documento pretende ser una herramienta de sensibilización para los servidores públicos, promoviendo acciones afirmativas esenciales como preguntar a los usuarios cómo desean ser nombrados y respetar de forma irrestricta sus pronombres de identidad.

El protocolo se estructura bajo siete principios rectores fundamentales: dignidad, igualdad y no discriminación, interseccionalidad, perspectiva de género, autonomía y reconocimiento a la identidad, confidencialidad, y un enfoque centrado en la persona.

Cecilia Catalina Vega Valerio, titular de la unidad de estudios en diversidad de la Prodheg, detalló que el marco operativo estandariza la actuación del personal mediante tres ejes de respuesta: la prevención de riesgos de exclusión, la actuación inmediata libre de estigmas y la garantía de una reparación integral con enfoque interseccional ante casos de vulneración.

A pesar de celebrar la iniciativa, activistas locales y directivos de colectivos defensores de la población LGBTIQ+ advirtieron que el verdadero desafío radica en transitar de la teoría jurídica a la práctica cotidiana.

Representantes como Evera Vica Chávez, titular de la Unidad de Diversidad de Irapuato, y Silverio Ramírez Urbina, director del Colectivo Seres, enfatizaron que el protocolo correría el riesgo de quedar “hueco y vacío” si no se acompaña de una capacitación profunda que desarrolle verdadera empatía en el funcionariado y rompa las barreras burocráticas persistentes.

AAK