Guanajuato.- El 17 de agosto se cumplió un año de la instalación del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, y aunque autoridades resaltan avances en propuestas, desde la sociedad civil señalaron que no deben quedarse en el papel y convertirse realmente en políticas públicas en favor de la ciudadanía.
Claudia García González, activista y parte del colectivo URBE, reconoció que la instauración del Consejo fue un avance en materia de movilidad y que hasta el momento ha observado sesiones de trabajo fructíferas; sin embargo, advirtió que no hay que quitar el dedo del renglón y vigilar que estas propuestas realmente se lleven a cabo.
“Que se conforme un Consejo ciudadano no es garantía de que las políticas públicas y las propuestas en la materia avancen. Nos parece que estas propuestas que se han vertido en los grupos de trabajo, pues sí tendrían que consolidarse y verse materializadas en la política pública estatal”, señaló.
Por otro lado, Francisco de Anda Orellana, subsecretario de Conectividad y Movilidad de la Secretaría de Obra Pública, y miembro suplente del Consejo, resaltó que la instauración del órgano responde a la reforma realizada el 7 de junio de 2024 a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
La cual establece que es obligación del Poder Ejecutivo conformar el Consejo para coordinar a las autoridades en materia de movilidad y seguridad vial para coadyuvar en la integración de las políticas estatales. Situación en la que señaló que Guanajuato es líder a nivel nacional, siendo uno de los pocos que cuentan con este organismo.
Además, afirmó que para atender los diferentes desafíos que implica la movilidad se crearon seis grupos de trabajo que atienden temas específicos de la materia, los cuales son:
Financiamiento en la movilidad, transporte público y trenes de pasajeros, infraestructura incluyente y segura, planeación y gestión de la movilidad y la logística; género, inclusión y cuidados; además del sistema de información e investigación.
Buscan crear ‘Fondo de Movilidad’
Uno de los objetivos del grupo de trabajo de financiamiento en la movilidad es la creación del Fondo de Movilidad Sustentable y Segura establecido en el artículo 14 de la Ley para financiar infraestructura, programas y actividades de promoción en la materia.
Destacó que la conformación de este fondo es compleja, por lo que han recibido asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo a través de un taller junto con otros estados para ayudarlos a establecer un rumbo claro para su creación.
Por el momento explicó que una de las posibilidades sería manejarlo como una “bolsa” de recursos, aunque señaló que para ello sería necesario modificar diversas leyes, como la de ingresos o la de hacienda.
Queremos ir mucho más allá e invertir de mejor manera en algunas cosas que nos mandata la ley, por eso es que estamos ya trabajando en cómo poder integrar de mejor manera recursos para poder invertir, por ejemplo, en diagnósticos o en alguna colaboración con los municipios para que nos puedan echar mano con recursos, informó.
Se unen a cruzada de seguridad para motociclistas
Aunque aún está en revisión, el funcionario reveló que esperan unirse a la Cruzada Nacional por la Seguridad Vial 2026-2030 impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, llevando la propuesta a lo estatal ante el aumento “desproporcional” de muertes por accidentes viales de motociclistas en los últimos diez años.
Tuvimos un análisis junto con el Cimat el año pasado donde revisamos la accidentalidad de 10 años de nuestra red carretera y descubrimos que está muriendo una cantidad importante de motociclistas de manera desproporcional, indicó.
Tan solo del 1 de enero al 17 de diciembre del año pasado, la Secretaría de Salud Estatal registró 17 mil 5 personas lesionadas por accidentes de motocicleta, siendo octubre el mes con mayores ingresos con mil 879 casos.
Asimismo, el INEGI registró durante el mismo año 5 mil 832 accidentes provocados por colisiones con motociclistas, cifra que ha ido en crecimiento en los últimos siete años. En 2021, se documentaron 3 mil 523 casos; en 2022 4 mil 58; en 2023 4 mil 502; y en 2024 5 mil 82.
De Anda Orellana informó que esta cruzada estatal contempla campañas de concientización, operativos de control, reformas a las leyes y reglamentos, creación de motoescuelas; además del fortalecimiento del sistema de licencias con la creación de competencias laborales ligadas al uso de motocicletas y controles más estrictos para la venta de estos vehículos para que cada una cuente con placas, registro y seguro.
Ve necesario subsidio de transporte
Por otro lado, Claudia García reveló que como parte de las propuestas que buscan impulsar está la creación de un subsidio estatal para el transporte público en respuesta a lo que llamó una crisis internacional para este servicio.
“Cómo funcionan los sistemas de transporte público ya no es posible que se le cargue todo el peso de la tarifa al usuario final”, señaló.
Esta crisis de transporte explicó que se ve reflejada en la tendencia a la baja del número de usuarios a causa de las deficiencias que presentan los servicios públicos en adición al aumento constante de las tarifas, lo que incrementa el gasto de las familias considerablemente. Esta situación está relacionada con el aumento del uso de motocicletas al ser considerada una opción más eficiente y accesible.
Tenemos sistemas de transporte público rebasados, que tienen tiempos altos de espera, que no son cómodos y en un mercado dinámico donde surgen nuevas opciones de movilidad que resuelven de mejor manera y donde se paga lo equiparable al transporte público, manifestó.
El objetivo de este subsidio es que los incrementos de las tarifas de transporte no recaigan en los ciudadanos, permitiendo que el costo de la operación se comparta entre el estado, los municipios y las empresas concesionadas, fortaleciendo así el sistema de transporte público para evitar la baja de usuarios.
Aunque para que esto sea posible reconoció que sería necesario que desde la ley tanto los municipios como el estado compartan facultades y atribuciones, ya que actualmente este servicio está municipalizado, es decir, cada municipio decide cómo maneja el transporte en su territorio.
Señala retos pendientes
Pese a estos avances García González señaló que aún hay áreas de oportunidad y retos que el Consejo debe atender, como la falta de representación de los gobiernos municipales, pues aunque unos cuantos participan no son todos.
Además, señaló la disparidad de representatividad entre los sectores sociales y académicos en contraposición con la industria, pues consideró que aunque todas las voces deben ser tomadas en cuenta para la toma de decisiones públicas, hay unas que opacan a las otras.
Explicó por ejemplo que como parte de la sociedad civil organizada solo forma parte del Consejo el Laboratorio Urbano y Estudios Sociales, y de manera extraoficial URBE junto con el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez también participan en algunas mesas de trabajo.
Desde la academia aunque se contempla la participación de la Universidad de Guanajuato en el grupo de trabajo para el sistema de información e investigación, resaltó que en el resto de temas no está presente.
Pueden integrar cada vez más voces y más diversas, porque si bien el sector público estatal está bien representado, en el sector público municipal sí hay una deficiencia. En cuanto al sector social también y de la academia pues no se diga.
“Visualizo que ya tienen otros espacios de representación (el sector privado). Aquí, obviamente, su voz necesita también ser tomada en cuenta para las decisiones, pero muchas veces esa voz puede sesgar o apagar tal vez las de otros sectores que usualmente no son tomadas en cuenta”, manifestó.
Integrantes del consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial
| Presidencia | Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato |
| Secretaría de Obra Pública | Jorge Daniel Jiménez Lona |
| Secretaría de Seguridad y Paz | Juan Mauro González Martínez |
| Secretaría de Salud | Gabriel Alfredo Cortés Alcalá |
| Secretaría de Finanzas | Héctor Salgado Banda |
| Secretaría del Agua y Medio Ambiente | José Lara Lona |
| IPLANEG | Graciela de la Luz Amaro Hernández |
| Secretaría de las Mujeres Guanajuatenses | Itzel Balderas Hernández |
| Coordinación Estatal de Protección Civil | Luis Antonio Güereca Pérez |
| Secretaría de los Derechos Humanos | Liz Alejandra Esparza Frausto |
Representación Municipal
| Irapuato | Lorena del Carmen Alfaro García |
| León | Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos |
| Celaya | Juan Miguel Ramírez Sánchez |
| Dolores Hidalgo | Lic. Adrián Hernández Alejandri |
Sectores Profesional, Económico, Académico y Social
| CMIC Delegación Guanajuato | Ing. Gabriel Zermeño Flores |
| CANACAR- Transporte de Carga | Lic. Jaime García Almanza |
| Universidad de Guanajuato | Dra. Claudia Susana Gómez López |
| Concesionarios de Transporte Público (CANAPAT) | Lic. José Rafael Herrera Roa |
| Pagobus/Transportistas Coordinados de León | C. Daniel Adolfo Villaseñor Moreno |
| Laboratorio Urbano y Estudios Sociales – LUES | Mtra. Gabriela Janette Santos Victoria |
DP
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