Guanajuato.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los más de 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal de la comunidad La Fragua, en San José Iturbide, no fueron acreditados su origen, por lo que mantiene abiertas las investigaciones para determinar su propiedad y trazabilidad.
Por separado, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, confirmó a AM/Al Día que el aseguramiento de la terminal fue resultado de investigaciones derivadas de otros operativos.
“Es producto de un trabajo, de un aseguramiento previo de una gasolinera ahí en San José Iturbide, posteriormente se sigue esta línea de investigación, lo cual nos permite hacer un cateo que nos otorga un juez y se da también el aseguramiento de una gasera”, detalló el funcionario estatal.
La versión de la FGR precisa, sin embargo, que la gasolinera que dio origen a la investigación se ubica en San Luis de la Paz, mientras que el inmueble para despacho de Gas LP fue intervenido en Dolores Hidalgo.
Las diligencias condujeron finalmente al inmueble de La Fragua, en San José Iturbide.
González Martínez evitó calificar el operativo como el decomiso de combustible más grande registrado en la historia de Guanajuato, debido a que las investigaciones no han concluido.
“No, hasta no contar con la medición definitiva y compararlo con registros oficiales equivalentes. Obviamente es un hallazgo de gran magnitud, pero aquí la actividad es esclarecerlo, pero sin duda el aseguramiento es algo de gran magnitud y aquí tendremos que seguir con las investigaciones y lo que determine la autoridad ministerial”, declaró.
Aún no determinan si se trata de huachicol
El secretario señaló que continúa la investigación para conocer el origen del combustible y las actividades realizadas en el inmueble, por lo que consideró prematuro afirmar que se trate de huachicol.
“Por ahí se habla de que es un tema de huachicol o alguna otra actividad, no podemos afirmar aún eso, lo que sí es primero determinar la procedencia del producto y establecer si existió alguna extracción, algún almacenamiento, transporte o alguna comercialización ilícita”, explicó.
La posición coincide con lo informado por la FGR en cuanto a que la procedencia del hidrocarburo todavía debe acreditarse.
La Fiscalía, sin embargo, sí estableció que la investigación que condujo hasta la terminal forma parte de indagatorias para combatir posibles redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible.
González Martínez señaló en recientes entrevistas que existen personas procedentes de otras entidades que operan en Guanajuato, aunque evitó señalar de qué estados provienen para no estigmatizarlos.
“Sabemos que la criminalidad no tiene fronteras y existen ciertos grupos que tienen influencia en cualquier parte del País, inclusive en cualquier parte del mundo, lejos de estigmatizar algún estado donde haya presencia de alguna criminalidad que afecte la estabilidad en Guanajuato, nosotros estamos coordinados y tenemos que transmitir y fomentar la comunicación para poder tener información, darle seguimiento a las investigaciones y tenemos plena coordinación y comunicación todos los estados de México, inclusive fuera de México”, explicó.
Especialista cuestiona que combustible sea ilícito
Gonzalo Monroy, director general de GMEC, empresa consultora especializada en el sector energético, cuestionó que los aproximadamente 59 millones de litros asegurados sean de procedencia ilícita.
Durante una entrevista con José Cárdenas, de Grupo Fórmula, Monroy explicó que en San José Iturbide opera una terminal privada vinculada a Grupo SIMSA y sostuvo que es una de las principales instalaciones de distribución de combustibles en el Bajío.
“De este aseguramiento que han estado hablando en San José Iturbide, ahí está la terminal de un grupo privado, de Grupo SIMSA, operada por terceros, que es una de las plantas más importantes de distribución de todo el Bajío”, señaló.
El especialista afirmó que la terminal presta servicio a empresas como Petróleos Mexicanos, Valero y Mobil, además de haber tenido un papel relevante durante el desabasto de combustible de 2019.
“Es una planta que le da servicio a Petróleos Mexicanos, a Valero, a Mobil. Es una de las plantas incluso, que ayudó mucho cuando fue el desabasto de 2019”, afirmó.
Monroy sostuvo que la información difundida inicialmente pudo haber generado la impresión de que todo el combustible almacenado era ilegal, situación que hasta ahora no ha sido determinada por la autoridad.
“Aquí hay que decirlo muy claramente. Todo nace de este tweet, de este posteo que hizo el secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, donde hablan justamente de este aseguramiento de una investigación”, declaró.
También cuestionó cómo habría podido introducirse combustible de contrabando hasta una terminal de estas dimensiones sin ser detectado previamente.
“Este no es un robo de combustible, no es que haya llegado de contrabando, porque de haberlo sido tendría que haber sido detectado por el Ejército y Guardia Nacional en los puntos de importación, principalmente de Matamoros y de Reynosa, que es por donde llega el tren”, manifestó.
Asimismo, destacó las dimensiones de la infraestructura.
“Esa planta, de hecho te diría, tiene tres tanques de los más grandes que hay en el País”, comentó.
Monroy afirmó además que parte del producto almacenado en la terminal correspondería a turbosina destinada al abastecimiento del Aeropuerto Internacional del Bajío.
“Ahí está gran parte de la turbosina que también, justamente alimenta al aeropuerto de ahí del Bajío”, señaló.
La FGR no mencionó turbosina entre los combustibles asegurados. Su reporte identifica exclusivamente gasolina Regular, gasolina Premium y diésel.
FRG indica que indagatoria comenzó el 3 de julio
El decomiso de combustible en San José Iturbide derivó de una investigación iniciada el 3 de julio de 2026, cuando una persona fue detenida mientras presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz.
De acuerdo con la FGR, la persona detenida no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo.
A partir de esa detención y de las diligencias posteriores, fueron autorizadas y ejecutadas diversas técnicas de investigación que llevaron primero al cateo de una gasolinera en San Luis de la Paz.
Posteriormente, las autoridades intervinieron un inmueble dedicado al despacho de Gas LP, propiedad de la misma persona, en Dolores Hidalgo, y finalmente llegaron a la terminal ubicada en San José Iturbide.
En el inmueble de La Fragua, la Fiscalía aseguró 10 contenedores cilíndricos de gran capacidad, siete unidades de transporte, documentación contable y más de 59 millones de litros de hidrocarburo.
La FGR precisó por primera vez las cantidades localizadas:
33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina Regular; 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium, y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel.
En conjunto suman 59 millones 36 mil 870.5274 litros de combustible.
Las diligencias se realizaron con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
Además del combustible, fueron asegurados vehículos, documentación contable y facturas que serán analizados como parte de la investigación.
La FGR informó que las indagatorias buscan determinar una posible comisión de delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como posibles ilícitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo, precisó que esto dependerá de que no se logre acreditar la propiedad y trazabilidad de la totalidad del combustible localizado.
Municipio ofrece colaborar con investigación
El Gobierno Municipal de San José de Iturbide, encabezado por Edgar Manuel Montes de la Vega (Morena), dijo que colaborará totalmente en la investigación por el decomiso de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento en la comunidad de La Fragua, a unos 15 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal.
El Municipio detalló por medio de un comunicado de prensa que el presunto hidrocarburo incautado se encontraba en 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y contenedores.
La planta, se informó, está asentada bajo esquemas de almacenamiento y distribución de petrolíferos, sobre la que pesan “inquietudes legítimas manifestadas por la población” por la falta de protocolos de protección civil e integración social, ya que junto a la planta se encuentra ubicada junto a varias escuelas -una primaria, una secundaria y un Telebachillerato-.
Además, a la gente de la comunidad se le prohibió tronar cuetes y cualquier tipo de pirotecnia, debido a los gases que ahí se acumulan.
El gobierno local compartió los antecedentes documentales de la planta, al menos desde el trienio 2012-2015, encabezado por Filiberto López Plaza (PAN), cuando se autorizó la instalación de la empresa SIM Alimentos SA de CV.
En el año 2017 -durante el gobierno 2015-2018, encabezado por César Rodríguez Zarazúa (PVEM)- “se recibió una multa municipal por iniciar obras sin permiso y primera autorización de factibilidad”, aunque el Ayuntamiento terminó autorizando el cambio de propietario a favor de la empresa Gas Natural del Noroeste SA de CV y la ampliación de uso de suelo a Terminal de Almacenamiento y Suministro de Petrolíferos.
“Se documentó una multa de 150 mil 980 pesos impuesta a la compañía por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con el permiso de uso de suelo correspondiente. En esa etapa se dictaminó la factibilidad para cuatro tanques con capacidad conjunta de poco más de 38 millones de litros de combustible”.
El boletín añade que los integrantes de dicho Ayuntamiento “aceptaron en mayo de 2017 la donación de 1 millón de pesos por parte de dicha compañía (…), recursos que fueron etiquetados por el pleno municipal para la adquisición de un camión recolector y compactador de basura para la Dirección de Servicios Municipales”.
Terminal fue inaugurada en 2017
La inauguración de la planta de almacenamiento -operada por Gas Natural del Noreste en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan- se realizó en diciembre de 2017, con la presencia del entonces secretario de Energía federal, Pedro Joaquín Coldwell, el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde iturbidense, José César Rodríguez Zarazúa.
El boletín aclara que la planta contaba con resoluciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Semarnat.
En febrero de 2018 se dio autorización para ampliación de capacidad de la planta, luego de que el Cabildo local aprobó una nueva solicitud para incrementar la capacidad de almacenamiento de 240 mil a 615 mil barriles de combustible, mediante la construcción de cinco tanques adicionales de 75 mil barriles cada uno, alcanzando un volumen total autorizado de 97.7 millones de litros de petrolíferos.
Se indica que estas modificaciones dieron origen, en junio de 2018, a que la Dirección de Protección Civil Municipal y la empresa gestionaran talleres de actualización y manejo de emergencias por combustibles y gas LP, dirigidos a Bomberos de San José de Iturbide, de San Luis de la Paz, Noreste y Cruz Roja.
En febrero de 2019, pobladores de la comunidad de La Fragua conformaron el Movimiento de Comunidades Unidas para manifestar su inquietud ante la expansión de los tanques, citando afectaciones a su vida cotidiana, riesgos para planteles educativos cercanos, generación de olores y restricciones a sus festividades tradicionales, estableciendo mesas de diálogo con la empresa para frenar la compra no consensuada de predios.
En octubre de 2019, ya como gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció la llegada de los primeros ferro-tanques con combustible importado de la petrolera Shell a la terminal de almacenamiento.
Alcalde morenista recibe quejas
El comunicado precisa que durante un recorrido de Manuel Montes por la comunidad en febrero pasado, recibió algunas quejas por parte de habitantes de La Fragua.
“Lo que me mencionaron, que también me llamó mucho la atención, es que nunca ha habido un protocolo de atención en el caso de algún tipo de emergencia… Llegó la empresa y no solamente irrumpe con una nueva forma de aculturización, sino también los pone en una situación de emergencia”, citan al primer edil.
El comunicado también afirma que Montes de la Vega advirtió que “las instalaciones industriales y de manejo de combustibles conllevan un riesgo inherente (‘es peligroso per se’)” y reprochaba que “la empresa no contara con capacitaciones puntuales sobre cómo actuar ante un eventual accidente o contingencia, afectando incluso las dinámicas y tradiciones de la comunidad”.
Sí se menciona, en cambio, la necesidad de investigar “cualquier acto de corrupción que haya servido para la instalación irregular de cualquier empresa”.
Finalmente, el comunicado asegura que la administración de Manuel Montes colaborará con las autoridades federales y estatales en las diligencias que correspondan para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto, y para la construcción de paz.
Y exhortó a la ciudadanía a estar atenta a su entorno y denunciar cualquier irregularidad mediante los mecanismos anónimos con los que se cuenta, 089 y la línea de emergencias 911.
El antecedente de Petroil
El aseguramiento en San José Iturbide ocurre casi un año después de otro operativo de gran magnitud que generó controversia en Guanajuato.
En octubre de 2025, autoridades federales y estatales aseguraron un millón 675 mil litros de diésel y combustóleo durante un cateo realizado en una empresa de Silao.
El combustible se encontraba distribuido en nueve tanques verticales: 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo, con un valor estimado entonces superior a 30 millones de pesos.
En aquel momento, la Secretaría de Seguridad y Paz presentó el operativo como el mayor aseguramiento de hidrocarburos realizado en un solo evento en el estado.
Días después, Petroil rechazó que el combustible fuera de procedencia ilegal y afirmó que había sido adquirido en México mediante canales oficiales. La empresa sostuvo que entregó documentación para acreditar la procedencia y trazabilidad del producto.
La situación jurídica quedó entonces en manos de las autoridades ministeriales.
HLL
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