Ciudad de México.- Aunque Guadalupe Taddei renunció ayer a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la red de funcionarios que colocó en cargos de primer nivel se mantiene en el organismo.
De acuerdo con fuentes del órgano electoral, la mayoría de estos funcionarios no solo responde a Taddei, sino que algunos también fueron recomendados por el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, actualmente investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas anomalías en contratos de materiales electorales con el INE.
Consejeros electorales acusaron al Congreso de haber abierto la puerta a la discrecionalidad en los nombramientos de áreas clave del organismo y llamaron a restablecer la “colegialidad” en el Consejo General del INE para evitar que los funcionarios designados rindan cuentas únicamente a la presidencia del órgano electoral.
“En el Congreso son los primeros responsables por aprobar esta reforma para darle un maxipoder para que solamente la presidencia determine acciones sobre compras y adquisiciones del Instituto”, señaló la consejera Carla Humphrey.
En el mismo sentido se pronunciaron los consejeros Martín Faz y Arturo Castillo.
Reforma permitió a Guadalupe Taddei nombrar funcionarios sin aval del Consejo
En enero de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) revocó un candado aprobado en el INE para que esos funcionarios fueran elegidos por mayoría calificada de ocho votos, de los 11 consejeros que conforman el organismo.
Posteriormente, en octubre de 2024, Morena y sus aliados en el Congreso modificaron el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para facultar a la presidencia del INE a nombrar y remover unilateralmente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin recurrir a la “colegialidad” de esos nombramientos.
Como resultado de esas decisiones, actualmente 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva, órgano que reúne a las direcciones de primer nivel del INE, son considerados incondicionales de Taddei, según fuentes electorales.
De acuerdo con esas mismas fuentes, otros funcionarios, como Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios en la Dirección de Administración, responden a los intereses del proveedor Hernández Casillas. Por el área a su cargo pasan todos los contratos del organismo.
También ubican en ese grupo a José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, quien llegó en enero de 2025 al INE, presuntamente por recomendación del representante de Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones.
Según las fuentes, dicho funcionario se ha encargado de “recomendar” o asumir las compras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en servicios de tecnología.
Ayer, Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Igualdad de Género, quien asistía frecuentemente a las reuniones del proveedor y aparece en fotografías y videos de los encuentros entre Taddei y Hernández Casillas, acudió al INE para presentar su renuncia.
Sin embargo, en la Secretaría Ejecutiva le pidieron “esperar”.
Contraloría del INE investiga a 15 funcionarios y 18 empresas
El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral investiga a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho personas físicas y 18 empresas involucradas en presuntos actos de corrupción en los que ha sido implicada Guadalupe Taddei.
Entre las irregularidades administrativas en las que habrían incurrido los involucrados, de acuerdo con el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, están el desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, abuso de funciones y omisiones en los deberes de supervisión.
“Durante los ejercicios 2025 y 2026, este Órgano Interno de Control (OIC) ha iniciado 16 expedientes de investigación relacionados con los hechos recientemente publicados; de los cuales, 11 son relativos a contrataciones públicas, donde se investiga a, por lo menos, 15 personas servidoras y ex servidoras públicas, 8 personas físicas y 18 personas morales”, indicó Carvente Contreras en un oficio entregado ayer en la Cámara de Diputados.
Además, agregó que, como resultado de seis auditorías y ocho revisiones de control, se han iniciado 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones.
En el documento, dirigido a Javier Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia, y a Ricardo Mejía, presidente de la Comisión Anticorrupción, el titular del OIC detalló las posibles faltas administrativas que hasta el momento han detectado.
Entre ellas se encuentran la falta de veracidad en la información declarada, que podría configurar supuestos de ocultamiento de conflictos de interés o enriquecimiento ilícito, así como el uso o la aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desvío de recursos.
También se investigan irregularidades en los procedimientos de contratación, que pueden implicar simulación del cumplimiento de requisitos y abuso de funciones.
Detectan posibles conflictos de interés y fallas de supervisión
Asimismo, se identificaron deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios, además de incumplimientos de funciones o deberes de supervisión que podrían causar daños y perjuicios a la hacienda pública.
Las investigaciones también abarcan actuaciones bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación, así como posibles faltas de particulares vinculados con contrataciones públicas.
El pasado 22 de octubre, Grupo REFORMA informó que Taddei, quien ayer renunció a la presidencia del INE, mantenía una relación con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, socio de Cajas Graf y TOL Producciones, compañías proveedoras del organismo electoral.
Además, documentó que Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa de la que Hernández Casillas también es socio, estuvo contratado en el INE como supuesto chofer de Taddei.
El titular del OIC también expuso que se ha dado vista a las contralorías internas de los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de aquellos hechos cuya investigación corresponde a su ámbito de atribuciones.
HLL
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