Guanajuato.- Representantes de la Coordinación Jurídica de Gobierno del Estado y los tres municipios más poblados del Estado expresaron que no resulta viable la iniciativa de los diputados de Movimiento Ciudadano que propone que la regulación del transporte público ya no sea municipal, sino estatal.
También buscan modificar la Constitución Política del Estado de Guanajuato, a fin de proteger la economía de las personas usuarias de transporte público al vincular la tarifa con criterios sociales y subsidios públicos, garantizando accesibilidad, equidad e inclusión.
En la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación se analizó esta iniciativa. Los representantes de la Coordinación Jurídica explicaron que la iniciativa no es viable, por contravenir el marco constitucional y generar un retroceso de 25 años en el fortalecimiento del Municipio Libre.
Se explicó que otorgar nuevamente al Estado el control directo del servicio rompería con la distribución de competencias consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Particular del Estado de Guanajuato, siendo normas que reconocen la facultad de los ayuntamientos para prestar el servicio público de transporte urbano y suburbano.
Y se recordó que la propia Carta Magna exige una solicitud previa aprobada por las dos terceras partes del ayuntamiento para que el Estado asuma una función municipal, por lo que una transferencia unilateral vulneraría la autonomía administrativa local.
Se agregó que la implementación de un cambio estructural de esta naturaleza traería consigo graves repercusiones sociales, afectando la continuidad del servicio y compromisos legales previamente adquiridos con terceros.
Se oponen León, Celaya e Irapuato
Personal de Apoyo Parlamentario del Congreso informó que los ayuntamientos con alta demanda de movilidad como León, Celaya e Irapuato, además de Jaral del Progreso, manifestaron explícitamente que la iniciativa no es viable.
Municipios como Jerécuaro propusieron mantener la atribución municipal respaldada con subsidios estatales; mientras que una amplia mayoría de las alcaldías se limitó a darse por enterada o no emitir observaciones, contando únicamente con la opinión favorable del Municipio de Romita.
El diputado Rodrigo González Zaragoza sostuvo que la iniciativa busca transitar hacia un esquema de facultades concurrentes entre el Gobierno del Estado y los municipios en la fijación de tarifas, devolviendo al Estado un rol activo para democratizar y transparentar dichos procedimientos.
Destacó la conveniencia de establecer un nuevo modelo de tarifa social mediante subsidios focalizados para estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, jefas de familia e infancias; afirmó que este enfoque puede sentar un precedente a nivel nacional para garantizar un servicio de transporte público más eficiente, accesible y económico.
La legisladora Sandra Pedroza Orozco manifestó que la propuesta busca eliminar un candado normativo que actualmente obstaculiza el avance de reformas integrales en la Comisión de Movilidad, junto a que Guanajuato es una de las pocas entidades federativas que asigna de manera exclusiva la operación del transporte público urbano y suburbano a los Ayuntamientos, por lo que la derogación no pretende excluir a los municipios, sino transitar hacia un esquema de corresponsabilidad con el Gobierno del Estado.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano enfatizó la importancia de tomar en cuenta las opiniones emitidas por los propios Ayuntamientos en el proceso de consulta legislativa y celebró que en las mesas de trabajo de la Comisión de Movilidad, se continúen explorando diversos mecanismos técnicos y esquemas normativos para hacer más eficiente el servicio de transporte público.
Además, el análisis exhaustivo en dicha comisión permitirá identificar las bases adecuadas para realizar reformas secundarias y canalizar apoyos estatales sin necesidad de romper el orden constitucional ni vulnerar las competencias de los municipios.
Finalmente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks reconoció que existe un diagnóstico compartido en el sentido de que el esquema actual de movilidad no está entregando los resultados que la población exige, por lo que el debate no debe cerrarse de manera tajante, sino mantenerse abierto a través de mesas de trabajo y asesoría técnica.
Enfatizó que la solución requiere una revisión integral que contemple reformas legislativas, la redefinición de políticas públicas y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Representante de transportistas, de acuerdo
Daniel Villaseñor, presidente de Transportistas Coordinados de León y de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos del Estado de Guanajuato AC, se pronunció a favor de que las concesiones de transporte vuelvan a ser facultad estatal. “Estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa de que los poderes de las concesiones pasen al Estado de nueva cuenta”.
Porque recordó que hace 23 años los poderes del concesionario se pasaron del Estado a los municipios. “En aquella época fue un gran acierto. Pero ahora creemos firmemente que desde la pandemia para acá este modelo de certeza jurídica ya está obsoleto”.
“Es urgente que pasen los poderes de concesionamiento al Estado; la razón son los techos presupuestales que tienen los municipios para infraestructura municipal, los cuales son muy limitados para la ciudad y mucho más limitados para destinarle al transporte público”, señaló.
Comentó que en la alianza de transportistas están aglutinados entre 75% y 80% de los transportistas del Estado, es decir, alrededor de 5 mil concesiones.
DP
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