El Congreso de Hidalgo aprobó este martes un dictamen para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo y establecer que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) deberá contar con una unidad especializada en materia de extorsión.
La reforma consiste en la adición de un segundo párrafo al artículo 13 de dicha ley, con el fin de armonizar la legislación estatal con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
De esta manera, la PGJEH tendrá como parte de su estructura una unidad integrada por personal ministerial, policial y analista debidamente capacitado para atender este delito.
INCREMENTO DE CASOS
De acuerdo con los fundamentos expuestos por las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana y Justicia, la propuesta responde al aumento de la extorsión durante el primer trimestre del año, un delito que ha afectado especialmente a las pequeñas y medianas empresas, según datos referidos de Coparmex, señalaron.
Se indicó que la reforma cumple con el transitorio sexto de la ley general en la materia y se sustenta además en el artículo 21 de la Constitución federal, que establece que la seguridad pública es una función del Estado orientada a proteger la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, mediante la prevención, investigación y persecución de los delitos.
Asimismo, el dictamen retoma la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual contempla como ejes el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para combatir la delincuencia.
En ese sentido, las comisiones concluyeron que la iniciativa es viable y técnicamente factible, además de congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 de Hidalgo.
APROBACIÓN UNÁNIME
La iniciativa fue presentada por el gobernador Julio Menchaca en sesión ordinaria del pasado 6 de marzo, turnada a comisiones y aprobada por unanimidad en sesión conjunta el 9 de marzo. Este martes, el pleno avaló el dictamen con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Tras su aprobación, se ordenó la elaboración del decreto y su envío al titular del Ejecutivo para el trámite constitucional correspondiente.
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