Irapuato.- Otra vez, elementos de la Guardia Nacional podrían ser juzgados por tentativa de homicidio al atacar con un arma de fuego a uno de sus compañeros en Irapuato. La víctima lamentó que haya quienes no están capacitados para portar un arma y cuidar a la ciudadanía, también aseguró que buscará justicia hasta las últimas consecuencias para que no vuelva a ocurrir una tragedia, como lo fue el caso del estudiante asesinado en 2022.
A tres años del homicidio de Ángel Yael, estudiante de Agronomía, la historia se repitió de nuevo. Alexis, elemento activo de GN, relató a AM que el pasado 28 de enero 2025 salió del cuartel a las 11 de la noche vestido de civil porque empezaba su descanso. Un amigo suyo pasó por él y cuando circulaban por la colonia Apatzingan, se encontraron con una patrulla de la Guardia Nacional en sentido contrario con la luces apagadas.
Sin mediar palabra, ni marcarles el alto, les dispararon. Alexis recibió dos disparos en el hombro. Sin embargo, pese a que estaba herido y ya se habían detenido por completo, los elementos les habrían apuntado de nueva cuenta bajo la excusa de que tenían una arma.
“Todavía circulaban vehículos de transporte público como taxis y vehículos civiles en el lugar, todavía había gente civil por las avenidas porque era una avenida principal. Este vehículo de la Guardia Nacional, recuerdo que venía en sentido contrario hacia nosotros. Pero con las luces apagadas totalmente, después de que estos elementos nos agreden con las armas”, recordó el elemento.
Pero no encontraron nada cuando los revisaron y tampoco pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia al ver que la víctima se desangraba. Según su testimonio, tras la agresión, trató de identificarse como guardia nacional, no obstante, no le creyeron ni le dieron oportunidad de mostrar algún documento, incluso dijo que les dijeron “que a partir de ese momento ya no tenían derechos”.
“Se bajan los mismos y nos apuntan nuevamente con el armamento diciéndonos que nos quedemos quietos, que no nos movamos, porque aparentemente, se les figuró haber visto un arma de fuego. Al encontrarme yo lesionado por los disparos que ellos realizaron pues ya no me pude mover del lugar, le pedí la atención médica a uno de los elementos de la Guardia Nacional el cual en el momento me la negó, me dijo que no me iba a brindar el apoyo médico y que prácticamente en el momento para él yo no tenía derechos”, comentó la víctima.
Fue hasta que llegó la Policía Municipal de Irapuato que solicitaron la ambulancia, como no llegaba, el papá de su amigo lo trasladó hasta el hospital militar y fue que pudo recibir atención médica: “Ni siquiera nos dieron tiempo de identificarnos porque así como nos arriban estos elementos así los propios se levantan de la batea de la parte de atrás de este vehículo y nos empiezan a disparar, o sea no hubo tiempo de identificarse o bajarse para alguna indicación después de las lesiones que me provocaron yo me identifico con ellos como elemento de guardia nacional activo y ellos se hacen omisos”.
De acuerdo con la víctima, no conocía a los guardias porque al parecer apenas habían llegado al estado para una operación de seguridad. También comentó que les dispararon a 15 metros de distancia, lo suficiente para darse cuenta de que no tenían ninguna arma y no había razón para disparar.
“Nosotros podemos abrir fuego al uso del armamento solamente cuando se ponga en riesgo la vida de algún servidor público o inclusive del personal civil es cuando nosotros podemos abrir fuego ya que en este caso es cuando existe una amenaza real actual inminente y ponga en riesgo la vida de alguien”, comentó.
Cabe recordar que Ángel Yael también murió en el 2022 a causa de un ataque armado de GN en el que no había justificación para disparar. Es decir que no es el primer caso en Guanajuato, al respecto, la víctima considera que es una falta de capacitación en sus compañeros y un riesgo para todas las personas. Explicó que todos los elementos reciben una capacitación de seis meses.
“No midieron la consecuencia de sus actos y no fue uno, fueron varios elementos los que tomaron la misma decisión de poner en riesgo la vida del personal civil…Es falta de profesionalismo de parte de los compañeros así como también falta de adiestramiento se podría decir y también por parte de los mandos no dan la capacitación adecuada o el tiempo necesario para poderse capacitar los elementos al 100%”, aseveró.
Por lo anterior, aseguró que está dispuesto a buscar la justicia hasta las últimas consecuencias, es decir que no aceptará algún acuerdo reparatorio. Ello pese a que desde que denunció al interior de Guardia Nacional, ha sido víctima de discriminación, segregación y hostigamiento por parte de sus superiores.
“No querían que yo denunciara, inclusive varios de ellos me decían que no iba a proceder si yo denunciaba porque era elemento de la misma institución y pues me vi vulnerable en el momento y hasta la fecha por parte de los mandos de Guardia Nacional”.
El pasado viernes 22 de mayo estaba programada la audiencia inicial en la que una jueza federal decidiría si vincularía a proceso penal a los tres elementos por homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, la defensa aseguró que no tenía conocimiento de la carpeta de investigación y se reprogramó para el 9 de julio.
“Que estos elementos conforme a la ley cumplan la sanción que la ley determine. Pero que no se quede impune esta situación ya que si esto llegara a quedar impune o no se tomaran cartas en el asunto pues habría más elementos que optarían por la opción de realizar las mismas actividades ya que no habría consecuencias”, agregó.
Secuelas del caso Ángel Yael: Sobreviviente padece dolor crónico y abandono institucional
Edith, la estudiante universitaria que sobrevivió al ataque armado perpetrado por la Guardia Nacional en abril de 2022, enfrenta severas secuelas físicas y emocionales. El impacto de bala que recibió durante el incidente en el que falleció su compañero Ángel Yael le provocó daños neuronales irreparables.
Actualmente, la joven padece de dolor crónico generalizado y conserva únicamente el 40% de movilidad en su brazo afectado.
A cuatro años de la tragedia ocurrida en la comunidad de El Copal, la víctima denunció el abandono total por parte de las instituciones gubernamentales.
Los compromisos de apoyo médico especializado, terapias de rehabilitación psicológica y reparaciones económicas integrales asumidos por la federación quedaron suspendidos de forma indefinida.
Edith debe costear con recursos propios sus tratamientos médicos diarios para mitigar el dolor derivado de la lesión.
El caso reactivó la exigencia de justicia y rendición de cuentas por parte de la comunidad académica de la Universidad de Guanajuato hacia las fuerzas de seguridad federales. Activistas locales señalaron que la falta de seguimiento institucional perpetúa la impunidad y revictimiza a los sobrevivientes de abusos de autoridad.
La familia de la joven solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos ante la apatía gubernamental.
AAK