Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas blindadas, Grand Cherokee que se adquirieron, (con un costo de hasta 2.4 millones de pesos blindada cada una), además, enfatizó que la seguridad no implica lujo.

“Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace, que, hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos.

“Afortunadamente, no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, subrayó Aguilar Ortiz en conferencia de prensa en el área de Murales en la sede del Máximo Tribunal del país.

Aseveró que la austeridad que asumieron busca ser compatible con la eficiencia, la protección de quienes se desempeñan realizando tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México.

Aguilar Ortiz comentó que, desde agosto de 2010, el Máximo Tribunal decidió que las y los ministros contarán con medidas de seguridad por la responsabilidad de estado que desempeña, incluyendo el uso de vehículos blindados.

“En primer lugar, quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales.

“La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto a los recursos del pueblo de México”, argumentó el ministro presidente.

Aguilar Ortiz destacó que desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñen, incluyendo el uso de vehículos blindados, al 1 de septiembre de 2025, se adquirieron 43 vehículos blindados.

“De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, cada vez que cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el pleno, que como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra, entonces cuatro vehículos entre los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, cuatro de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros”, refirió Aguilar Ortiz.

Enfatizó que, desde el inicio de su tarea, cada uno de los ministros y ministras, decidió no usar la suburban, porque son precisamente ostentosos y se decidió usar las camionetas Jeep.

Aguilar Ortiz indicó que los vehículos por el tiempo de su adquisición ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso con dificultades en su sistema de tracción en el motor.

“Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes… Los vehículos se quedaron varados varios de estos vehículos y, por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del gobierno de México se hicieron evaluaciones físico- mecánicas, nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo que es recomendable utilizarlo”, expuso.

Defiende Presidente de la Corte compra de blindadas

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, afirmó hoy que la compra de nueve camionetas Grand Cherokee blindadas para Ministros y Ministras estuvo plenamente justificada y no fue arbitraria ni caprichosa.

Lo anterior, al día siguiente de que se informó que las camionetas, que costaron 2.4 millones de pesos por unidad, no serán usadas por la Corte, sino destinadas a jueces federales en situaciones de riesgo o vendidas.

En conferencia de prensa, Aguilar afirmó que la decisión de no usar las camionetas, que se consiguieron a precio menor que el de mercado, es muestra de que la Corte escucha y reacciona, y que él no tiene problema en andar “como cualquiera de ustedes” en Metro, autobús, en su propio auto o a pie.

El Ministro Presidente informó que al cierre de agosto de 2025 la Corte tenía 42 vehículos blindados adquiridos desde 2010, pero cuatro fueron comprados por Ministros salientes, a lo que tenían derecho como parte de su haber de retiro.

Aguilar no dijo quiénes ni cuánto pagaron.

Arístides Guerrero, quien reiteradamente ha atacado a sus antecesores, acusó que se llevaron las camionetas, y que se está auditando un acuerdo de la ex Presidenta Norma Piña sobre el tema.

“Díganme en que trabajo permiten adquirir un precio mucho menor del que se encuentra en el mercado”, dijo varias veces Guerrero.

“No se las robaron, no se las llevaron”, aclaró Aguilar, recordando que desde 2010 se acordó que los Ministros tenían derecho a un vehículo blindado, que se debe renovar cada cuatro años porque el blindaje se degrada y provoca problemas mecánicos.

Hugo Aguilar rechazó que las nuevas camionetas hubieran sido emplacadas en Morelos, y aclaró que fueron registradas en la Ciudad de México.

También dijo que los problemas de seguridad que justificaron la compra no fueron por amenazas a los Ministros, sino de naturaleza vial.

El Presidente explicó que los actuales integrantes están haciendo viajes constantes los fines de semana al interior del País para escuchar a la gente, y que en los últimos meses se presentaron varios incidentes con los vehículos que ya existían.

“Lo que tuvimos fueron incidentes de seguridad en el camino, yo en un viaje a Huejutla la camioneta se quedó a medio camino, se partió el rin, no era un vehículo para carretera”, aseveró.

Los nuevos integrantes acordaron no usar 30 Suburban blindadas, por ostentosas, y ahora están en proceso de vender 21 vehículos, que son modelos 2019 a 2021.

“No me sentí con derecho de decidir sobre la seguridad vial de compañeros y compañeras, por eso tomamos la decisión de solicitar al OAJ la adquisición de vehículos”, agregó Aguilar.

“La decisión no fue subjetiva, caprichosa o arbitraria, está justificado, pero podemos andar como cualquier ciudadano común, podemos ir en autobús, vuelo, en nuestros propios vehículos”.

Hasta ahora, el proceso para la compra de las camionetas no ha sido publicada en el portal de transparencia de la Corte, que no ha actualizado sus contrataciones en general desde septiembre pasado, cuando inició la nueva integración.

Aguilar insistió que la austeridad no implica que la Corte no tendrá lo mínimo para funcionar.

Para 2026, la Corte tiene el mismo presupuesto nominal de 2025, es decir, 5 mil 208 millones de pesos.

“Si austeridad va a ser no gastar un peso, pues la Corte y el Poder Judicial se va a paralizar”, expresó Aguilar.

“Austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo, sin afectar el funcionamiento de la institución. Entonces ahí tenemos un fondito para viáticos, sí, tenemos para combustible, ahí están los vehículos que hemos estado usando, ya atrasados, pero ahí están”.

A la conferencia asistieron los seis Ministros y Ministras electos en junio pasado, pero no las tres que ya estaban en el cargo, dos por “cuestiones de salud” y otra más, Loretta Ortiz, por un viaje oficial a Costa Rica.

Además, estuvo el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Nestor Vargas. Lo anterior, pues la reforma de 2024 asignó a dicho órgano la administración de la Corte, que antes era controlada por los Ministros, y, sobre todo, por el Presidente.

En los 30 años previos, sólo algunos presidentes de la Corte dieron conferencias ocasionales, mientras que Arturo Zaldívar las convirtió en una cita mensual hacia el final de su periodo, pero varios nunca hablaron oficialmente con los medios.

No dicen razones de renuncia

Vargas y Aguilar declinaron informar las razones de la renuncia de la magistrada Lorena Pérez Romo, quien era la única integrante del OAJ de carrera judicial, y dejó su cargo sorpresivamente hace unas semanas.

La Corte está evaluando el perfil de la funcionaria que reemplazará a Pérez Romo.

Vargas afirmó que el PJF busca gastar 6 mil 249 millones de pesos menos que en 2025, lo que implicaría ahorrar el 8.8 por ciento de su presupuesto total.

Detalló que se eliminó el seguro de gastos médicos mayores de altos mandos, que costaba 191 millones de pesos, el de separación individualizada, 684 millones, así como 118 millones de pesos en apoyos por alimentos y gasolina.

También 561 millones de pesos menos en papelería, materiales de oficina y limpieza, en un contexto en que los juzgados desde hace meses advierten a los litigantes que no hay tóner ni papel para expedir copias,

En cuanto a contrataciones, Vargas dijo que ya solo pagarán mil 170 millones de pesos por seguridad, la mitad que el año anterior, sin aclarar si ello implicará una reducción en el número de elementos de vigilancia en tribunales y juzgados.

El funcionario, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que ahora se compró una flota de 571 vehículos para el Poder Judicial Federal que costó 268 millones de pesos, y que se abandonó el modelo de arrendamiento financiero con el que operaban 445 vehículos, por los que se pagaban 366 millones anuales.

Al adquirir los autos, el OAJ también tendrá que cargar con los costos de mantenimiento, seguro y otros, que no se asumen cuando se rentan los vehículos.

Si bien el OAJ publicó algunos procesos de contratación en diciembre, la mayoría de los que mencionó Vargas no se han difundido, entre ellos el de la flota vehicular.

Sobre el posible destino de las camionetas de la Corte Vargas dijo que alrededor de 40 jueces y magistrados tienen actualmente medidas de protección, pero no todos tienen auto blindado.

A finales de 2017, el Consejo de la Judicatura Federal llegó a tener una flota de 210 camionetas blindadas para jueces y magistrados que llevan casos de alto riesgo, pero en 2019, solo 91 unidades estaban asignadas, entre otras razones, porque implicaban gastos adicionales para los juzgadores.

Acusa PAN a Ministros de querer enriquecerse

Diputados del PAN advirtieron que el escándalo de las camionetas blindadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó de manifiesto que la intención de los nuevos Ministros nunca fue administrar y procurar justicia, sino enriquecerse al amparo de ésta.

Recomendaron, además, al senador Gerardo Fernández Noroña, seguir el ejemplo de la Corte, que renunció a los autos tras las críticas, y devolver la mansión que adquirió en Tepoztlán con dinero que no puede explicar.

El vocero de la bancada, Federico Döring, celebró que sean las redes sociales y el periodismo de investigación los que muestren cómo Morena y personajes ligados a ese partido se dan vida de sultanes con los impuestos de los mexicanos.

Acusó que el caso deja en claro que la intención de los nuevos Ministros nunca ha sido la justicia.

“El escándalo de las Jeep blincadas de la Corte pone de manifiesto que jamás aspiraron a ese cargo para procurar y administrar justicia, sino para enriquecerse al amparo de la justicia”, dijo.

El viernes pasado, REFORMA publicó que los Ministros de la llamada “Corte del Pueblo” estrenaron camionetas de lujo blindadas de más de 3 millones de pesos cada una.

Este lunes, luego de tres días de crítica, incluida la petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum de aclarar la adquisición, la SCJN informó que los ministros no usarán las camionetas y buscarán destinarla a jueces que enfrentan situaciones de riesgo.

Döring se refirió también a la mansión de Fernández Noroña, a quien le recomendó seguir el ejemplo de la Corte y devolver la mansión que compró con recursos que no puede acreditar.

“Ahora que ellos decidieron no usar y regresar esas camionetas, sería bueno que también Fernández Noroña siguiera su ejemplo y regrese su mansión en Tepoztlán con dinero que no puede explicar, ni acreditar y que también tiene visos de ilegalidad”, señaló.

El diputado Ernesto Sánchez coincidió en que Morena quiere arrebatarle a la ciudadanía el acceso a la información para evitar que salgan a la luz la forma en la que personajes ligados a ese partido se roban los impuestos de los mexicanos.

“Las venditas redes sociales y el periodismo los exhibió, por eso, Morena combate al periodismo y nos quiere arrebatar el acceso a la información con la desaparición del INAI, para que no podamos seguir cachando las corruptelas de Morena en el Poder Judicial, en el Gobierno de la República, en los Gobiernos estatales y municipales, de cómo se roban nuestros impuestos y se dan vida de sultanes con nuestros impuestos”, sostuvo.

El vocero del CEN del PAN, Jorge Triana, recordó que uno de los principales argumentos para impulsar la elección directa de Ministros fue que el anterior Poder Judicial vivía en la opulencia y alejad del pueblo.

Advirtió que lo ocurrido con los nuevos Ministro queda claro que ese discurso era “puro cuento”.

“Los nuevos Ministros juraron austeridad, pero terminaron comprando camionetas blindadas de más de 3 millones de pesos cada una, incluso emplacadas en Morelos para evadir el pago de tenencias”, indicó.

Sheinbaum celebra devolución de camionetas “machuchonas”

“A mí me parece bien”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras darse a conocer la decisión de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver las “camionetas machuchonas” que adquirieron.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que es una “nueva Corte” la que fue electa por la ciudadanía.

“Es una nueva Corte y tiene que haber una visión distinta frente a la gente”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Recordó que se preguntó a la SCJN sobre esta polémica adquisicón de camionetas y el máximo tribunal de justicia respondió que se habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar.

JRL

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