CDMX.- El Gobierno federal compartió los reportes de las personas desaparecidas, en el que suman más de 130 mil y que el 69% de ellos no hay datos suficientes en el registro para la búsqueda o siguen sin alguna actividad.
Desde Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de 1952 a 2026 hay 394 mil 645 registros.
De ese total, 130 mil 178 personas son de los últimos 20 años, es decir, de 2006 a 2026, y que a su vez el Gobierno separó en tres categorías: 46 mil 742 o el 36% son registros que no cuentan con datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308 o 31% tienen actividades y registros después de su desaparición y que fueron localizados; y 43 mil 128 o 33% son personas no localizadas y sin reportes de actividad.
Condicionan registro de búsqueda a carpetas en fiscalías
Producto de la reforma en materia de desaparición que entró en vigor en julio de 2025, el Gobierno federal informó que los registros de personas desaparecidas en el sistema nacional ahora estarán condicionados a la apertura de carpetas de investigación en fiscalías.
La nueva disposición obliga a que todo reporte incluya datos mínimos y derive en una investigación formal, como requisito para su incorporación al registro.
“Hoy es requisito tener datos mínimos y que se aperture carpeta de investigación para tener un registro de persona desaparecida”, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.
Durante la mañanera, el funcionario explicó que la ley también establece sanciones para los ministerios públicos que incumplan con esta obligación.
“El artículo setenta y cuatro de la ley establece que se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa, con independencia de alguna otra responsabilidad que se pueda derivar de la falta de apertura de la carpeta de investigación”, indicó.
Detalló que las sanciones pueden ir desde apercibimientos hasta multas o inhabilitación de funcionarios. “Las responsabilidades administrativas van desde apercibimientos, multas o inhabilitaciones”, dijo.
Cuidar omisiones
La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la omisión también puede derivar en responsabilidades penales.
“Sí, también, por omisión. La omisión es de un funcionario público. También está catalogada penalmente. Se puede abrir una carpeta a un funcionario que por omisión no abrió una carpeta”, afirmó.
La Mandataria reiteró que la responsabilidad de iniciar investigaciones recae en fiscalías estatales.
“No todos los estados han cumplido, por eso se reforzó en la ley. Porque los gobiernos estatales y las fiscalías estatales tienen la primera responsabilidad. La mayoría de las personas desaparecidas, la desaparición por particulares o la desaparición forzada, se investiga desde lo local”, dijo.
Indicó que el Gobierno federal mantiene coordinación permanente con fiscalías estatales para garantizar la apertura de carpetas y la actualización de registros.
“Todos los días hablando con los fiscales estatales para que actualicen sus carpetas de investigación, lamentablemente, por ejemplo donde una persona se reportó como desaparecida y después se encontró, lamentablemente sin vida, el secretariado les pide porque a veces no lo ponen como localizado, aunque sea sin vida”, señaló.
Las detenciones
Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, se creó una base nacional de carpetas de investigación para concentrar información sobre desapariciones y su estatus.
“Es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación en las fiscalías”, afirmó.
Reportó que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se han cumplimentado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.
La funcionaria detalló las nuevas disposiciones legales y recordó que la reforma estableció mecanismos obligatorios para la búsqueda inmediata.
Informó que se activó una Alerta Nacional de Búsqueda que se distribuye de forma masiva e inmediata a instituciones federales, estatales y actores privados.
Indicó que en este esquema participan 512 instituciones, entre fiscalías, comisiones de búsqueda, fuerzas de seguridad, aeropuertos, terminales y empresas.
AM
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