México.- La crisis política desatada por la maniobra de Estados Unidos de acusar y pedir la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus supuestos vínculos con el narco prendió fuego este miércoles en el Congreso mexicano. La Comisión Permanente, el órgano que trabaja en los recesos de las cámaras, celebró una primera sesión en un ambiente tenso, ante el áspero enfrentamiento de Morena y el bloque opositor cargado de acusaciones sobre la narcopolítica, la soberanía nacional y los presuntos pactos con el crimen organizado.
La oposición, formada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), ha llegado con una exigencia unificada: la desaparición de poderes en Sinaloa y la detención inmediata de Rocha Moya —hoy con licencia— y de los nueve funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses. En otro frente, Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, han cerrado filas en defensa del oficialismo y han contraatacado colocando sobre la mesa el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el operativo en el que murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en territorio mexicano.
De ese lado, se han aferrado a la exigencia de un juicio político por considerar que incurrió en traición a la patria.
Inicia sesión crispada
La sesión arrancó con un ambiente crispado desde las primeras intervenciones. Los legisladores de oposición acusaron al oficialismo de intentar minimizar “el mayor escándalo político y criminal” que ha golpeado a Morena desde su llegada al poder. “No estamos hablando de rumores ni de guerra sucia electoral. Estamos hablando de una solicitud formal de detención y extradición contra un gobernador ligado al narcotráfico”, señaló el diputado panista Homero Niño de Rivera desde tribuna, mientras legisladores morenistas vociferaban desde los escaños.
La ausencia del senador sinaloense Enrique Inzunza, uno de los funcionarios incluidos en la solicitud estadounidense, terminó de incendiar el debate. Fue capitalizada por la oposición como un símbolo de impunidad. En otro frente, el silencio del gobernador también ha dado gasolina a los opositores: “Si las acusaciones son falsas que [Rocha Moya] salga y presente las pruebas. Es válido defenderse. Que muestre indicadores de que mejoró la seguridad en Sinaloa […] Que diga que depuró la policía. ¡No hizo ni madres! El senador Inzunza dijo que iba a venir y no vino”, lanzó Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
La bancada oficialista ha guardado el silencio necesario y ha evitado defender directamente a Rocha Moya en varios momentos de la discusión. A cambio, ha desviado la conversación hacia el caso Chihuahua. Legisladores del PT y del Verde acusaron a la gobernadora Campos de permitir operaciones irregulares de agentes estadounidenses en México y han exigido abrir un juicio político y jurídico en su contra por presunta traición a la patria. “Aquí hay gobernadores entregando la soberanía nacional a agencias extranjeras”, acusó Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados. “¿Por qué no quiso venir [Maru Campos] al Senado a explicar?”, dijo el líder del PT. A su petición de juicio político le siguió el tema de Sinaloa, pero en otro tono. “Lo del gobernador está en proceso, no se ha ocultado nada”, defendió.
El asunto de los agentes de la CIA ha tensado aún más la relación bilateral con el Gobierno de Donald Trump. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ya había endurecido el tono en días recientes al reclamar que “no puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo” sin coordinación con las autoridades mexicanas.
La oposición se ha resistido al viraje discursivo de Morena y ha acusado al oficialismo de intentar construir una cortina de humo para evitar responder sobre Sinaloa. “Ante la crisis que enfrenta Sinaloa y México, la presidenta está obligada a actuar como jefa de Estado, romper con el pacto de impunidad y demostrar que nadie está por encima de la ley”, sostuvo Clemente Castañeda, a nombre de MC.
Tres horas de batalla
Por más de tres horas, el salón de sesiones se convirtió en una batalla de consignas. Los morenistas insistieron en que Estados Unidos no ha presentado públicamente pruebas contra Rocha Moya ni contra el resto de los funcionarios mexicanos señalados.
“Le están aplaudiendo al presidente Trump. Nosotros defendemos la soberanía nacional. Traidores a la patria los del PRI y el PAN”, reclamó Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena. La línea oficial fue prácticamente idéntica a la sostenida por el Gobierno federal en los últimos días: la exigencia de evidencias antes de reconocer cualquier responsabilidad. Fuera del salón de sesiones, Ricardo Anaya ha defendido a Campos y ha enumerado una lista de exigencias: “Detención inmediata, juicio político contra Rocha Moya y solicitud de periodo extraordinario para que el Senado declare desaparición de poderes en el Estado de Sinaloa”.
En medio del terremoto causado por el fenómeno Rocha Moya, ha salido a la luz un conflicto de interés que mantiene el foco sobre Inzunza. La hija del senador, Aitana Inzunza, integra la nómina del Senado como parte del cuerpo de asesores de la bancada morenista, publicó el periódico Excélsior. El hecho ha sido confirmado y minimizado por el coordinador de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier. El líder parlamentario ha negado que se trate de un caso de nepotismo, una práctica prohibida en los preceptos éticos de Morena.
“No tiene una relación directa ni es nombrada por él, pero hay otras implicaciones que voy a revisar”, dijo Mier.
Hay nerviosismo
Esa revelación ha dejado marca. Aunque Morena, PT y PVEM cerraron filas ante el embate de la oposición, en los pasillos legislativos algunos legisladores reconocen en privado el temor de que el expediente estadounidense termine alcanzando a más figuras del oficialismo.
El nerviosismo parece tener sustento. El fiscal general en funciones de EU, Todd Blanche, ha sostenido este miércoles en entrevista televisiva que hay más funcionarios mexicanos en la mira. Al preguntarle si habrá más acusaciones, ha contestado: “Sí, seguro. Ya hemos acusado a varios funcionarios del Gobierno mexicano”.
Con todo, la preocupación va más allá. El escándalo amenaza con contaminar la narrativa de seguridad del Gobierno federal en la antesala de las elecciones intermedias de 2027.
La sesión terminó con más acusaciones. El caso Rocha ha dejado de ser únicamente un problema judicial o de seguridad. Se ha convertido en el epicentro de una disputa política nacional donde Morena intenta cerrar filas frente a lo que considera una intromisión estadounidense, mientras la oposición quiere capitalizar el escándalo y convertirlo en la prueba definitiva de la presunta intervención criminal de gobiernos locales vinculados al oficialismo.
“A México se le defiende metiendo a la cárcel a los criminales. Presidenta, no traicione a las dos cámaras, no traicione a las 32 legislaturas […] Bola de vendepatrias”, increpó Moreira.
Como reacción, el oficialismo ha advertido con presentar un compendio de denuncias judiciales contra líderes de la oposición. En el intercambio ha salido el nombre de Anaya y del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La presión estadounidense y la incertidumbre sobre el alcance real de las investigaciones amenazan con prolongar una tormenta que ha rebasado a Sinaloa y amaga con complicar los comicios de 2027 en puerta.
AM
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