Ciudad de México.- El Congreso federal busca ampliar las causas de nulidad de una elección agregando las “injerencias del extranjero”.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer incluir en un periodo extraordinario de sesiones la discusión de dos reformas que contemplan como causas de nulidad de los comicios la intervención desde el exterior, mediante propaganda o financiamiento hasta la vulneración del territorio por tierra, mar o aire, entre otras acciones.
Dichas violaciones serían sancionadas por el Tribunal Electoral, órgano jurisdiccional que actualmente controla el oficialismo.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó de último momento dichas propuestas que consideran reformas al artículo 41 constitucional, así como a los artículos 75, 78 y 78 Bis del Sistema de Medios de Impugnación Electoral.
La primera iniciativa propone modificaciones para contemplar como causa de nulidad de las elecciones la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros, con la intención de influir en las preferencias o los resultados electorales.
La otra prevé cambios a la nulidad de elección por injerencia extranjera en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para anular la votación recibida en casillas cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas por el Tribunal Electoral.
En este tema, el abanico de causales abre espacio a la discrecionalidad de las autoridades electorales, pues se considerarían violaciones los siguientes escenarios:
- Financiamiento ilegal.
- Difusión sistemática de desinformación o manipulación digital.
- Actos de presión política, económica, diplomática o mediática.
- Vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión o intimidación.
- Actos que impliquen apoyo o ejecución de acciones orientadas a alterar el orden democrático en México.
De acuerdo con la exposición de motivos, la democracia en México enfrenta “amenazas externas que buscan trastocar la voluntad popular mediante la injerencia de gobiernos, organismos o agentes extranjeros”, por lo que los agregados darán motivos “objetivos y materiales” para que las Salas del Tribunal Electoral puedan sancionar la intervención de actores extranjeros.
Actualmente, destaca la propuesta planteada por Ricardo Monreal, las causales de nulidad son exceso de gasto de campaña, compra de cobertura informativa y uso de recursos de procedencia ilícita.
Y buscan poner freno a los narcocandidatos
Tras las acusaciones de Estados Unidos de presuntos apoyos del narco para que llegara a la gubernatura de Sinaloa Rubén Rocha Moya, la Presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una reforma electoral para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
La labor de ese organismo, de acuerdo con la Mandataria, será, justamente, evitar que haya candidatos vinculados con el crimen organizado.
La iniciativa ofrecería herramientas a los partidos políticos para detectar riesgos antes de postular candidatos.
En la conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que, desde el inicio de su Gobierno, han surgido varios casos de autoridades locales presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada.
“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo, que vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario (en el Congreso) para presentarla. Esta propuesta en realidad venía en el plan A”, afirmó la Presidenta.
La iniciativa plantea crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dentro del INE, integrada por cinco consejeros, y que estaría vinculada con autoridades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia.
Durante la mañanera, la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, explicó que ese órgano funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de inteligencia y la FGR, UIF y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La funcionaria agregó que la idea es que los partidos políticos entreguen voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos para hacer un análisis y determinar si existe “un riesgo razonable” de que estén ligados a grupos criminales.
Con base en esa información los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura.
De encontrar información relevante las instituciones, de acuerdo a sus atribuciones, continuarán con las investigaciones correspondientes, explicó.
HLL
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