Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer un segundo recurso de revisión para evitar el cierre legal del caso más grande de huachicol fiscal —por 21.5 millones de litros de diésel, con un costo calculado en 173 millones de pesos contra el empresario Édgar Marín Meza Moreno—, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) omitió por error notificar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
El asunto a dilucidar por la Corte es si el SAT conserva facultades para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando después de que sus facultades pasaron a la ANAM, pues aunque esta inició operaciones en 2022, la Fiscalía General omitió notificarle de la denuncia contra el dueño de Impulsora de Productos Sustentables S.A.P.I., quien en octubre de 2019 solo declaró 7.2 de los 28.7 millones de litros de diésel que importó en el buque Atlantic Bay.
La FGR presentó imputación por contrabando de combustible contra Meza Moreno el 3 de julio de 2025.
Un juez federal de Xalapa, Veracruz, le dictó auto de vinculación, pero en noviembre siguiente el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito revocó el auto con el argumento de que la Fiscalía no dio intervención al caso a la autoridad correcta, es decir a la ANAM.
Ante eso, el SAT solicitó que la Corte interviniera para reconocerle si aún tiene facultades.
“¿El Servicio de Administración Tributaria tiene legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando, o dicha facultad es exclusiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México tras la entrada en vigor de su reglamento interior?”, es el tema central que planteó el Secretario de Acuerdos de la Corte en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 389/2026 sobre el recurso de queja 126/2026 interpuesto en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con sede en Veracruz, la cual fue avalada por unanimidad.
En marzo, la Corte aceptó atraer la queja 39/2026 a petición del Ministro Irving Espinosa Betanzos, y en su sesión de este miércoles aceptó lo mismo en el recurso que llevaron al Pleno los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la SCJN, y la Ministra Sara Irene Herrerías.
Ante las dudas que generan estos vacíos legales en los esquemas comerciales de hidrocarburos, se recomienda a las compañías aduanales prever tiempos de traslado en sus procesos de fiscalización y trámites fronterizos habituales.
Investiga FGR red de huachicol con 31 buques; buscan a 14 implicados de la IP y el gobierno
El 13 de mayo se publicó que la FGR busca llevar ante la justicia a 14 presuntos integrantes de una red dedicada al contrabando de combustible mediante 31 buques que ingresaron hidrocarburos ilegalmente por Tamaulipas, en el mayor caso de “huachicol en buques” fiscal investigado en México.
Entre los objetivos de la investigación están José Isabel Murguía Santiago, “El Choko”, hermano del exAlcalde de Teuchitlán, Jalisco, procesado por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”; y Osvel Tudón Rojas, empresario señalado como supuesto operador de sobornos en las aduanas de Altamira y Tampico.
La trama también involucra a empresarios transportistas, accionistas de compañías de logística y combustibles, representantes legales, agentes aduanales y hasta un ex juez federal.
Las capturas fueron solicitadas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
En esta red habrían operado el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando, con la protección derivada de su parentesco con su tío y entonces Secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especial en Delitos en Materia de Hidrocarburos, la red habría utilizado empresas como Intanza, Mefra Fletes, Enerpol Transportes y Autolíneas Roca para introducir combustible de contrabando y movilizarlo en el País.
El expediente se convirtió en el caso más grande de contrabando de combustibles llevado a tribunales federales, por el volumen de hidrocarburos ingresados al País y la presunta red de corrupción aduanal y empresarial detrás de las operaciones.
HLL
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