Sheinbaum descarta censura a medios: "Ya lo hubiéramos hecho"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si el Gobierno hubiera querido censurar a los medios de comunicación ya habría utilizado los instrumentos disponibles para hacerlo.

En medio del debate sobre los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, la Mandataria reconoció que el Gobierno cuenta con esos instrumentos, incluida la interpretación legal, pero aseguró que no los utilizará porque no cree en la censura.

“¿Cómo vamos a querer censurar? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal”, sostuvo.

Sheinbaum afirmó que su administración no recurrirá a esas herramientas porque la libertad de expresión forma parte de sus convicciones.

“No lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello, por convicción. Pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información”, expresó.

La Presidenta respondió así a las críticas contra los lineamientos sobre derechos de las audiencias, señalados por concesionarios, organizaciones y especialistas como un posible mecanismo de control sobre los contenidos informativos.

Sheinbaum recordó que en administraciones anteriores se llamaba a los propietarios de los medios para pedirles el despido de conductores o se ofrecían recursos públicos a cambio de modificar líneas editoriales.

“¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo? Muy distinto es que desde aquí digamos: ‘No estamos de acuerdo, esto es mentira, es falso lo que publicaron’, y aquí damos nuestra versión”, planteó.

Lanza reproche

En este contexto, Sheinbaum reprochó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) haber participado en la discusión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y denunciar ahora posibles actos de censura.

Aseguró que la legislación fue aprobada después de mesas de trabajo con los concesionarios y que algunos artículos fueron modificados para alcanzar acuerdos.

“La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión participó en las discusiones para la aprobación de la ley. Estuvieron de acuerdo”, afirmó.

La Mandataria diferenció la legislación de los lineamientos elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tras recordar que se encuentran en consulta pública y pueden ser modificados.

Consideró que el principal punto de discusión es el régimen de multas y la autoridad que estaría encargada de imponerlas cuando un medio incumpla las recomendaciones emitidas por su defensoría de audiencias.

“Hay un tema que tiene que ver con las multas, por eso se puso a consulta, que ya venía desde la ley, quién pone las multas, si es que no se cumplió, etcétera, que es la parte más polémica. Por eso se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción”, dijo.

Sheinbaum también defendió la conferencia mañanera como un espacio para informar directamente a la población y ejercer el derecho de réplica frente a publicaciones con las que su Gobierno no está de acuerdo.

“Cuando uno le pide a un medio, a pesar de que es ley, que publique en el mismo tamaño o con el mismo tiempo una réplica, no lo hace. Entonces, tenemos la mañanera para debatir, para discutir, para poner nuestros puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos”, señaló.

La Presidenta sostuvo que, sin esa conferencia, algunos medios no informarían sobre acciones gubernamentales, como la estrategia contra el sargazo presentada este jueves.

Agregó que los derechos de las audiencias no fueron creados por su administración, sino que forman parte de una discusión nacional e internacional iniciada desde hace varios años.

Lineamientos generales

Los “lineamientos generales” que buscan regular noticias y opiniones con el argumento de garantizar los derechos de las audiencias colocan a México al lado de países autocráticos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.

En entrevista con Reforma, el activista, quien el 8 de julio fue designado relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que detrás de la supuesta intención de defender los derechos de las audiencias se esconde una voluntad censora.

“Bajo pretextos como el combate al terrorismo, la lucha contra la desinformación o incluso la protección de las infancias, planteamientos que persiguen objetivos legítimos terminan siendo instrumentalizados para censurar. Tenemos los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también de Sudán, Malasia y Tailandia.

“Es decir, nuestros referentes con legislaciones o marcos regulatorios similares no son democráticos y han sido utilizados bajo objetivos que pueden resultar legítimos, pero con intenciones censoras”, advirtió Maldonado.

El anteproyecto, dado a conocer el pasado lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum, es la acción más reciente de presión contra la libertad de prensa y de hostigamiento hacia los medios de comunicación y los periodistas, afirmó.

Consideró que esta política comenzó durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el segmento de la conferencia matutina denominado “Quién es quién en las mentiras” y ha continuado en la actual Administración con “Infodemia” y “Derecho de Réplica”.

“En los hechos están erigiendo a esta comisión como un tribunal de la verdad y un verificador de noticias, y ya vimos que esas experiencias no terminan bien. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han realizado esfuerzos de supuesto fact-checking que han terminado muy mal. Recordemos ‘Quién es quién en las mentiras’, ‘Infodemia’ y ahora esta sección de ‘Derecho de Réplica’”, dijo.

Maldonado afirmó que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han pretendido constituirse en un tribunal de la verdad y juzgar qué información es veraz y objetiva desde su perspectiva, lo que vulnera el derecho de las audiencias a contar con información plural, cierta y objetiva.

“La materia de esos lineamientos y la manera en que se pretende regular son alarmantes, sobre todo en el artículo 12, que establece, a grandes rasgos, que los concesionarios de radio y televisión no pueden difundir información descontextualizada o falsa, ni presentar hechos pasados como actuales.

“Ahí surge la duda: ¿quién va a definir cuándo la información es falsa o no está verificada? Será el propio Gobierno federal”, explicó el relator de la ONU.